El movimiento contra la incineración de basura en La Pereda lleva su protesta a la Junta General

Denuncian que HUNOSA e Industria sigan adelante con el plan para usar residuos como combustible en la antigua térmica.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Integrantes del movimiento contrario a la incineración de residuos en la planta de La Pereda, Mieres, han trasladado este miércoles su protesta a la Junta General del Principado para reclamar la paralización de un proyecto que, aseguran, tendría consecuencias negativas para la salud pública y el medio ambiente.

Representantes del Concecyu contra la Incineración, colectivos vecinales, organizaciones ecologistas y partidos como Podemos y Aína se concentraron frente al Parlamento asturiano para exigir a los grupos políticos que rechacen cualquier iniciativa destinada a impulsar la quema de residuos en la instalación ubicada en Mieres.

La movilización coincide con la noticia de que, a pesar del reciente varapalo judicial, HUNOSA va a seguir adelante con el proyecto de reconvertir la térmica en un espacio para la producción de energía a partir de biomasa y combustible sólido recuperado, un producto elaborado con residuos urbanos. La decisión cuenta con el apoyo de la Consejería de Industria, de la FSA-PSOE, pero el rechazo de sus socios de gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, y parlamentarios, Somos Asturies.

Foto: Pablo Lorenzana

Los portavoces del movimiento sostienen que la incineración “no es una solución sostenible” para la gestión de residuos y defienden alternativas basadas en la reducción, reutilización y reciclaje de los desechos.

Asimismo, alertaron del posible impacto ambiental de este tipo de instalaciones, especialmente por las emisiones contaminantes y sus efectos sobre las poblaciones cercanas.

Durante la protesta, los convocantes reclamaron una política de residuos “más transparente y participativa” y pidieron al Gobierno asturiano que priorice modelos de economía circular frente a sistemas que consideran “obsoletos y contaminantes”.

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