Las repercusiones laborales del fraude minero: 56 despidos en TYC Narcea

La mina, reabierta gracias a la "Doctrina Belarmina Díaz", se encuentra paralizada, a la espera de si su cierre es o no definitivo.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, han aceptado este lunes el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección de TYC Narcea, que pasa por el despido de 56 mineros mientras que otros 12 permanecerán realizando labores de mantenimiento en la explotación, cuya reaperura a día de hoy sigue en el aire.

Tras varias reuniones en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), la plantilla ha avalado en asamblea la última oferta planteada por la empresa, que se compromete a la readmisión de los despedidos si se autoriza la vuelta a la actividad en la mina, paralizada tras el accidente en el que fallecieron dos trabajadores el pasado 21 de noviembre.

Una “investigación” de 90.000 toneladas

La de Vega de Rengos es una de las minas de carbón que reabrieron tras la pandemia gracias a la fórmula de los llamados “Proyectos de Investigación Complementaria”, la “Doctrina Belarmina Díaz”, hoy muy cuestionada, y que funcionó como subterfugio para sortear la devolución de las subvenciones recibidas hasta 2018 por los planes de cierre de las explotaciones carboníferas. El Gobierno asturiano ha anunciado la limitación de los PIC tras demostrarse su uso fraudulento. Recordemos que en España no está prohibido extraer carbón, pero que en caso de hacerlo es necesario devolver las ayudas públicas percibidas por el cierre de la minería.

En el caso de la mina de Cangas del Narcea la empresa tiene concedido un PIC para “investigar” 90.000 toneladas. El Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene pendiente aclarar ahora si ese PIC por una cantidad que apunta más bien a una explotación minera, está justificado o no, y si en el caso de no estarlo la empresa tiene que devolver las ayudas al cierre percibidas por la anterior propietaria de la explotación, una decisión a la que está condicionada la tramitación del proyecto de explotación por parte del Principado.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo autorizó la pasada semana un proyecto de mantenimiento para reforzar las condiciones de seguridad en la explotación subterránea, pero no se contemplan por ahora labores de extracción de carbón.

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