La Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de Xixón ha registrado este jueves ante el Defensor del Pueblo un escrito de queja en relación con los accesos al Puerto de El Musel y sus graves consecuencias sobre la salud pública, el deterioro del entorno, la calidad de vida y la seguridad de los vecinos.
En la misiva remitida por la FAV se ha destacado que el paso “masivo” de tráfico pesado vinculado al Puerto de El Musel por zonas densamente habitadas, unido a una elevada carga de contaminación industrial no ha encontrado una solución definitiva por parte de las administraciones públicas.
La carta afirma que en el oeste de la ciudad los vecinos conviven de forma permanente con niveles de contaminación atmosférica, ruido, tránsito de mercancías peligrosas y saturación viaria “incompatibles” con una adecuada protección de la salud pública.
Así, recuerdan que el acceso al Puerto de Gijón por La Calzada, completamente urbano, transitan más de 300.000 camiones al año muchos de ellos transportando mercancías peligrosas, atravesando zonas densamente pobladas y afectando directamente a la seguridad vial, la convivencia urbana y la salud pública.
A esta realidad se suma la carga industrial preexistente de la zona oeste, con una elevada concentración de instalaciones altamente contaminantes y procesos productivos “en muchos casos obsoletos”.
Desde la FAV han apuntado que resulta “difícilmente comprensible” que una infraestructura estratégica de esta magnitud continúe sin una solución definitiva mientras otras actuaciones equivalentes sí han recibido impulso y financiación en otros territorios, lo que ha generado en Gijón una evidente sensación de agravio comparativo y abandono institucional
La federación ha explicado en su escrito que se presentó una solución para la avenida Príncipe de Asturias, con el proyecto del vial de Jove, comprometido y licitado antes de las últimas elecciones generales de 2023 por el Ministerio de Transportes, que paralizó posteriormente dicho “compromiso” alegando dificultades técnicas derivadas de la ejecución soterrada prevista.
La entidad ha pedido que el Defensor del Pueblo admita la presente queja y realice las acciones oportunas para determinar si la paralización del proyecto soterrado responde verdaderamente a causas técnicas objetivas o si existen otros motivos “no suficientemente explicados a la ciudadanía”.
También ha pedido que se inste a la Administración General del Estado a avanzar con urgencia en una solución real, definitiva y compatible con la protección de la salud pública para los accesos al puerto de El Musel, favoreciendo la necesaria coordinación institucional y la transparencia informativa hacia la ciudadanía.
