La Junta General del Principado ha cerrado este miércoles la investigación sobre el accidente registrado en la mina de Zarréu en marzo de 2025 en el fallecieron cinco trabajadores con la aprobación un dictamen respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE que exige depurar responsabilidades para cuatro ex consejeros y tres altos funcionarios de la administración autonómica.
En concreto, el texto pide responsabilidades políticas que deberán “conllevar ceses” para los ex consejeros de Industria del Principado Belarmina Díaz -que dimitió tras el siniestro-, Isaac Pola, Enrique Fernández -actual presidente de Hunosa– y Nieves Roqueñí -presidenta de la Autoridad Portuaria de Xixón– y para dos jefes de servicio y un secretario general técnico a los que menciona con nombres y apellidos. Todos ellos participaron en la reapertura de minas de carbón que habían recibido ayudas para el cierre.
Los llamados Proyectos de Investigación Complementaria fueron el medio usado para autorizar estas explotaciones sin devolver las subvenciones públicas, una situación a la que se enfrenta ahora TYC Narcea, paralizada, y a la que el Estado exige la devolución de 31 millones de euros.
Además, el dictamen de la comisión, presidida por Covadonga Tomé, de Somos Asturies, y donde han comparecido 88 personas y que ha realizado 148 solicitudes de información, que, aunque la administración minera no causara directamente el accidente, los documentos aportados y las declaraciones realizadas apuntan a que pudo incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria, que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.
“Esto no va de izquierda o derecha. Va de las víctimas y va de que no vuelva a pasar nada semejante” ha señalado Tomé, cuyo voto fue decisivo para lograr la formación de la comisión.
El texto, aprobado con el único voto en contra del PSOE y a favor de su socio en el Gobierno, Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, señala además que favoreció la existencia cierta de un contexto de riesgo la autorización, suscripción o validación de resoluciones administrativas que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera.
A esta coyuntura contribuyó además, señala el dictamen, el otorgamiento de transmisiones o concesiones sin una comprobación suficientemente rigurosa de la adecuación material de tales actos al marco jurídico ni a la situación real de la mina así como la ausencia de mecanismos extraordinarios de control, paralización, revisión o auditoría administrativa tras la aparición de antecedentes de riesgo como accidentes previos.
