El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la ley que permitirá transferir a la Xunta de Galicia la titularidad y la gestión de la AP-9, la principal autopista gallega y una de las infraestructuras de peaje más controvertidas del Estado. La iniciativa salió adelante gracias al acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar, mientras que PP y Vox votaron en contra.
Según informó el medio gallego O Salto, el acuerdo supone un paso histórico en una reivindicación mantenida durante décadas por las instituciones gallegas, al incluir no solo la gestión de la vía, sino también su titularidad y competencias sobre el régimen concesional. La recuperación de la llamada Autopista del Atlántico fue una de las condiciones del Bloque para dar el “Sí” a la investidura de Pedro Sánchez. Ironías de la historia, los nacionalistas se habían opuesto en su día a la construcción de esta infraestructura que ahora el Gobierno gallego, del PP, rechaza gestionar.
La AP-9 está explotada por la concesionaria Audasa, integrada en el grupo Itínere, propiedad del fondo de inversiones holandés APG y de la suiza Swiss Life. Este mismo grupo es también propietario de la concesionaria de la AP-66, más conocida como el Huerna, la autopista de pago que conecta Asturies y León. La coincidencia sitúa bajo el foco a dos de las vías de peaje más debatidas del norte de España por el elevado coste que soportan sus usuarios.
La futura transferencia permitirá que Galicia asuma competencias sobre la explotación de la autopista, las tarifas, los descuentos y la supervisión de la concesión. El texto aprobado establece que el Estado mantendrá las obligaciones económicas derivadas de decisiones adoptadas antes del traspaso, mientras que la Xunta asumirá los costes asociados a futuras modificaciones que impulse una vez reciba las competencias.
El debate político continúa abierto. Mientras los defensores del acuerdo lo presentan como un avance hacia una AP-9 gestionada desde Galicia e incluso como un paso previo para reducir o eliminar los peajes, el Gobierno gallego ha mostrado reservas sobre el impacto económico que podría asumir la comunidad autónoma con el nuevo modelo.
La norma deberá completar todavía su tramitación parlamentaria en el Senado antes de que pueda iniciarse la negociación definitiva entre el Gobierno central y la Xunta para concretar las condiciones del traspaso.
