Amnistía Internacional ha pedido a la Autoridad Portuaria de Gijón que revise la posible adjudicación de la seguridad del puerto de El Musel a Magal Solutions, empresa israelí cuya división de proyectos pertenece a Rafael Advanced Defence Systems, compañía estatal que fabrica y suministra armamento y servicios de seguridad al ejército de Israel.
La organización de derechos humanos se ha dirigido a la Autoridad Portuaria de Gijón, dependiente del Ministerio de Transportes, después de las informaciones publicadas sobre la posible contratación de Magal Solutions, y ha trasladado también su posición a las autoridades asturianas.
Amnistía expresa su preocupación por una eventual contratación o por el mantenimiento de relaciones contractuales con la compañía debido a su vinculación con Rafael Advanced Defence Systems. Según la organización, esta empresa suministra anualmente al ejército israelí armas, equipos de seguridad y otros servicios por valor de miles de millones de dólares.
Entre los productos y servicios de Rafael citados por Amnistía figuran drones armados y de vigilancia, municiones de merodeo y sistemas de seguridad fronteriza que, según la organización, han sido utilizados en Gaza y Cisjordania ocupada.
Amnistía sostiene que esos suministros contribuyen a mantener la ocupación ilegal israelí del Territorio Palestino Ocupado, así como el sistema de apartheid que la organización atribuye a Israel y el genocidio que, según sus investigaciones, está cometiendo contra la población palestina de la Franja de Gaza.
La organización recuerda además que la contratación pública debe incorporar la protección de los derechos humanos y que los Estados tienen la obligación de prevenir, mitigar y remediar los posibles impactos negativos derivados de la actividad empresarial.
Por ello, reclama a la Autoridad Portuaria de Gijón y al resto de administraciones públicas que revisen “de forma inmediata” cualquier relación contractual presente o futura con Magal Solutions hasta que la compañía pueda demostrar que no contribuye a las vulneraciones denunciadas por Amnistía.
También solicita evitar la contratación de empresas que puedan contribuir a vulneraciones de derechos humanos e incorporar sistemáticamente criterios de diligencia debida en esta materia durante todas las fases de los procedimientos de contratación pública.
Amnistía Internacional ya incluyó a Rafael Advanced Defense Systems en un informe publicado en septiembre de 2025 sobre la economía vinculada a las actuaciones de Israel en los territorios palestinos. En aquel documento reclamaba a los Estados medidas que podían abarcar desde la suspensión de compras y contratos hasta la inhabilitación de empresas directamente vinculadas con esas actuaciones.
