La Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado este viernes la posición adoptada por el Ministerio de Transportes y su titular, Óscar Puente, respecto al expediente sancionador que el Gobierno de Asturias ha abierto a Aucalsa, concesionaria de la Autopista del Huerna, y ha reclamado al Ejecutivo que preside Adrián Barbón que lo resuelva de forma inmediata.
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, se refería así a la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de personarse como “parte y persona interesada” en el expediente sancionador abierto por el Principado contra Aucalsa por mantener sus tarifas pese a las obras que dificultan el tráfico en la Autopista del Huerna (AP-66), que comunica Asturias y León.
Con esta decisión, según Alonso, Puente pretende impedir que se aplique la Ley de Consumidores “ante las flagrantes prácticas abusivas” por parte de una concesionaria ante la que ha decidido ejercer como “escudo judicial”.
El Gobierno de Asturias autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a Aucalsa por una presunta infracción “muy grave” en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra “grave” por una deficiente señalización de las obras.
Según Alonso, la Unión de Consumidores de Asturias necesita que se resuelva sin más dilaciones el expediente administrativo para poder presentar ante los tribunales la demanda civil conjunta que ha impulsado y a la que se han adherido más de 8.000 usuarios afectados por las retenciones del trazado.
Para Alonso, la sanción administrativa “es el pilar jurídico imprescindible” para que miles de asturianos puedan exigir la devolución de “hasta el último céntimo cobrado de forma ilegal y abusiva” por hacer uso de la Autopista del Huerna cuando casi la mitad de su trazado se ve afectado por obras y limitaciones de velocidad.
El presidente de la Unión de Consumidores también ha rechazado el argumento esgrimido por Transportes de que al personarse estaba defendiendo la titularidad estatal de la autopista porque, según ha afirmado, los consumidores no contratan con el Ministerio, sino que suscriben un contrato privado de servicios con la empresa concesionaria.
No obstante, Alonso también ha celebrado la personación del Ministerio de Transportes en estas actuaciones porque, a su juicio, facilitará la exigencia de responsabilidad subsidiaria de la Administración central ante los tribunales.
