El PSOE, haciendo caso omiso de sus socios de gobierno, ha decidido de forma unilateral autorizar que los dos reactores de Almaraz sigan operando hasta junio de 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear había informado favorablemente sobre la viabilidad técnica de prolongar su vida útil, atendiendo la solicitud que las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy ) formalizaron en octubre de 2025 para modificar las fechas de cierre fijadas en noviembre de 2027 (Almaraz I) y octubre de 2028 (Almaraz II).
Conviene hacer un apunte obligado, el informe del CSN se limita a constatar que los reactores pueden seguir funcionando con seguridad bajo determinadas condiciones. Eso es lo que corresponde determinar a un organismo regulador. No dice que deban hacerlo. Esa es una decisión estrictamente política que correspondía al Gobierno, que ahora justifica la maniobra como una medida excepcional motivada por «la actual incertidumbre energética» y asegura que no altera el objetivo de clausurar el parque nuclear en 2035.
Pero sí altera algo importante, la secuencia prevista para ese cierre escalonado.
En 2019, Enresa y las eléctricas acordaron un protocolo de cierre ordenado que quedó incorporado a la planificación energética y al escenario de referencia del Plan General de Residuos Radiactivos. Almaraz I debía parar en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028. Después seguirían Ascó I y Cofrentes, en octubre y noviembre de 2030, y posteriormente Ascó II, Vandellós II y Trillo entre 2032 y 2035.
El objetivo era evitar que España tuviera que sustituir de golpe una masa crítica de generación. El calendario otorgaba varios años de margen para desplegar progresivamente las tecnologías llamadas a ocupar su lugar: renovables, almacenamiento, redes y gestión de la demanda. Con el aplazamiento de Almaraz, el país tendrá que afrontar en 2030, y en el plazo de apenas cinco meses, la desconexión simultánea de cuatro reactores que suman cerca de 4.000 MW de potencia.
Esto supone una distorsión mayúscula de la planificación. El sistema estaba concebido para que la nueva capacidad limpia entrara acompasada a la retirada de los reactores. Ahora se retiene esa potencia durante tres años para retirarla después en bloque.
La cuestión, por tanto, no es si Almaraz puede operar hasta 2030, sino si España llegará a esa fecha con suficiente almacenamiento, redes e interconexiones para suplir de golpe lo que debía haberse sustituido por fases. Y lograrlo se complica cuando la prórroga introduce incertidumbre regulatoria y lanza señales contradictorias al mercado. En un sector con horizontes de inversión a veinte o treinta años, alterar las reglas del juego encarece la financiación y retrasa el despliegue del almacenamiento masivo necesario para sustituir a la propia nuclear. La famosa seguridad jurídica que la derecha solo enarbola cuando les interesa a ellos.
Frente a esto, ¿cuál es el argumento central del sector y sus altavoces políticos? Hay una parte cierta, los reactores ofrecen una producción firme y previsible durante largos periodos y no dependen de que sople el viento o haya sol.
Pero “firme” no significa “inmutable”
En Francia, los problemas de corrosión y las olas de calor que elevaron la temperatura de los ríos impidiendo la refrigeración obligaron a parar reactores durante la crisis de 2022-2023. Este mismo verano, el escaso caudal del Danubio ha forzado la parada de reactores en Rumanía que cubren el 20% de la demanda del país. La realidad climática es que este verano hasta un tercio de la potencia nuclear europea ha estado indisponible por restricciones térmicas e hídricas. Por no hablar de que el envejecimiento de los reactores hacen que las paradas técnicas y averías por corrosión aumenten de manera exponencial. Tampoco cabe confundir nuclear con soberanía energética: España seguiría dependiendo de un mercado exterior de uranio, de su enriquecimiento y de una cadena de suministro concentrada en Rusia, un actor que dista mucho de ser un socio fiable.
Si cerrar significa perder empleo y las alternativas no existen todavía, lo lógico es que la gente defienda lo que hoy le da de comer
En paralelo, la izquierda debe preguntarse con urgencia si la transición justa está funcionando. No se puede mirar a Campo Arañuelo y despachar el apoyo social a Almaraz como una mera defensa del oligopolio. Para miles de familias, la central sostiene la comarca. Y no es un caso aislado, ocurre en cualquier territorio cuya economía dependa de una mina, una térmica o una industria impactada por la descarbonización. De esto en Asturies sabemos bastante. Si cerrar significa perder empleo y las alternativas no existen todavía, lo lógico es que la gente defienda lo que hoy le da de comer.
La transición justa no puede consistir en bajar la persiana primero y prometer proyectos después. La alternativa industrial tiene que estar en pie antes del cierre, porque nadie cambia una nómina real por un PowerPoint. Si no somos capaces de garantizarlo, seguiremos regalando a la derecha el falso dilema entre empleo y ecología, perdiendo por el camino el apoyo popular.
Pero hay una cuestión de fondo que va más allá de Almaraz. ¿Qué mensaje está enviando el Gobierno con esta decisión? Que un acuerdo de planificación energética puede modificarse cuando tres grandes empresas consideran que mantener sus reactores resulta rentable. El problema no es que las eléctricas defiendan sus intereses, el problema es que el interés general debería estar por encima de la rentabilidad de tres compañías.
La derivada política es evidente, la prórroga traslada el nudo gordiano al siguiente ciclo electoral. En 2030, ante la coincidencia de cuatro cierres, el sector volverá a agitar el fantasma del riesgo de suministro. Si para entonces gobierna una derecha comprometida con la extensión del parque nuclear, el calendario saltará definitivamente por los aires. Este es el verdadero elefante en la habitación, no solo que Almaraz opere tres años más, sino que el PSOE ceda por cálculo político ante una derecha dispuesta a perpetuar la nuclear.
España cuenta con una ventaja estructural que pocos países europeos pueden igualar, un potencial renovable formidable, una posición geográfica privilegiada y la oportunidad de transformar electricidad barata en ventaja competitiva e industrial. Mantener indefinidamente una parte del parque nuclear puede acabar no solo retrasando la transición, sino cercenando precisamente esa oportunidad.
Y esa es la decisión política que el Gobierno debería explicar, si está gestionando una transición ecosocial o simplemente está aplazando el conflicto hasta que otro Gobierno tenga que resolverlo.
