En El Barrigón, junto a la playa de La Isla, en Colunga, una parcela de algo más de 20.000 metros cuadrados cubierta hoy por prados se ha convertido en una prueba para el modelo asturiano de protección del litoral. Una modificación de las normas urbanísticas municipales plantea desarrollar allí una zona de viviendas unifamiliares. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies habla de 28 chalés a apenas 20 metros del arenal y denuncia una nueva operación especulativa. El alcalde, José Ángel Toyos, sitúa el máximo en 24, asegura que el suelo es urbano por sentencia firme y sostiene que la actuación cumple las normas urbanísticas, ambientales y de costas.
El proyecto aún no está aprobado y su desenlace no parece inmediato. El consejero Ovidio Zapico admitió a finales de junio de 2026 que la información disponible planteaba “serias dudas sobre su viabilidad técnica”. Ahora el Ayuntamiento debe contestar las alegaciones y completar un expediente que ya fue devuelto porque carecía de estudios de viabilidad económica. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, la CUOTA, prevé pronunciarse en septiembre sobre cómo debe continuar la tramitación.
La discusión desborda los límites de esa parcela. Veintiún años después de la aprobación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano, el POLA, El Barrigón enfrenta al instrumento que preservó buena parte de la costa con una presión inmobiliaria que vuelve a buscar espacio junto al mar. Al mismo tiempo, el turismo ha alterado la vivienda y la vida de muchos pueblos costeros, mientras el cambio climático obliga a pensar no solo en dónde construir, sino también en dónde habrá que dejar de defender lo construido. El plan que frenó el modelo mediterráneo de urbanización litoral se encuentra ante amenazas distintas de las que marcaron su nacimiento.
Un plan dibujado para no dejar dudas
La protección de la costa asturiana no empezó con el POLA. Las primeras restricciones autonómicas se remontan a 1983 y las Directrices Subregionales para la Franja Costera de 1993 establecieron ya la referencia general de 500 metros desde la ribera del mar. La legislación asturiana del suelo elevó después esa protección a rango legal. Lo que hizo el POLA, aprobado por la CUOTA el 23 de mayo de 2005 y publicado en agosto de aquel año, fue bajar esas reglas al terreno y precisar sobre los mapas hasta dónde llegaban.
Las primeras restricciones autonómicas se remontan a 1983 y las Directrices Subregionales para la Franja Costera de 1993 establecieron ya la referencia general de 500 metros desde la ribera del mar.
Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio, explica que las directrices anteriores eran documentos más teóricos, mientras que el POLA trazó sobre ortofotografías la línea concreta del suelo protegido. El plan se impuso sobre los instrumentos municipales y redujo el margen para interpretaciones, aunque respetó los suelos urbanos, urbanizables y los núcleos rurales que ya estaban delimitados. Abarcó desde Vegadeo y Castropol hasta Ribadedeva y estableció una regulación detallada de los usos admisibles dentro del suelo de costas.
La franja de 500 metros es una regla general, no un cinturón idéntico e infranqueable a lo largo de todo el litoral. Puede adaptarse a las características de cada tramo y no se aplica del mismo modo en los terrenos que ya eran urbanos. Dentro del suelo no urbanizable de costas se preservaron los terrenos de nuevas edificaciones y se priorizaron los usos agropecuarios y recreativos extensivos. El plan también quiso ordenar el disfrute del litoral mediante parques-playa, aparcamientos alejados de los arenales, una red de sendas y la recuperación de espacios degradados.
Su autor principal, el arquitecto y urbanista Ramón Fernández-Rañada, no concibió únicamente una norma defensiva. El plan pretendía que proteger no significara cerrar la costa, sino organizar el acceso sin destruir aquello que atraía a sus visitantes. Esa visión integral fue reconocida en 2006 con el Premio Europeo de Urbanismo, dentro de la sexta edición de los Premios Europeos de Planeamiento Territorial y Urbanístico convocados por el Consejo Europeo de Urbanistas.
El sistema se completó en 2016 con el Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas, el PESC, que clasificó con mayor precisión los terrenos y concretó qué usos estaban permitidos, eran autorizables, resultaban incompatibles o quedaban prohibidos. Un año después obtuvo el primer Premio de Urbanismo Español. El POLA dibujó el espacio protegido y su modelo; el PESC afinó las reglas aplicables dentro de él.
Los tres especialistas consultados coinciden en la eficacia de ese armazón. El geógrafo David Alonso Medina atribuye al POLA “siete u ocho puntos sobre diez” del mérito de que Asturias haya llegado hasta hoy con un litoral comparativamente poco construido. Javier Álvarez Villa, antiguo responsable de apoyo jurídico de la CUOTA y licenciado en Derecho, destaca el carácter exhaustivo de un documento que estudió la costa “desde Bustio hasta Castropol”. Desde el Gobierno, Ruiz Latierro resume su balance con una afirmación igualmente rotunda, “fue un plan ambicioso que dio un resultado excelente”.
La costa menos ocupada no es necesariamente la más protegida
Los datos de Greenpeace respaldaron esa impresión, aunque con algunos matices. En 2013, la organización consideró Asturias la comunidad que mejor había conservado su costa frente al ladrillo y el hormigón. Solo el 9 % de la superficie situada en los primeros 500 metros estaba artificializada, el porcentaje más bajo de España. Doce municipios asturianos figuraban entre los 155 que menos habían construido en primera línea.
El mismo informe señalaba una paradoja. Únicamente el 27 % de aquella franja tenía alguna figura específica de protección ambiental, el porcentaje más bajo entre las comunidades costeras. No era una contradicción jurídica. Un terreno podía estar preservado de la construcción por su clasificación urbanística sin formar parte de un parque natural o de otra figura ambiental. El dato mostraba que la conservación asturiana dependía en buena medida de una política territorial sostenida, no solo de espacios naturales protegidos.
Tampoco todo el litoral presentaba la misma situación. Gijón tenía entonces artificializado el 67 % de sus primeros 500 metros, Carreño el 33 % y Castrillón el 18 %. Greenpeace señalaba además el rápido crecimiento registrado durante la burbuja inmobiliaria en concejos como Llanes, Valdés, Tapia de Casariego, Carreño y Gozón. El POLA no congeló la costa ni podía borrar lo urbanizado antes de su entrada en vigor, pero estableció un límite para que esa ocupación no se extendiera de forma continua.
Para David Alonso, el resultado más visible se aprecia sin necesidad de consultar una norma. Desde muchos puntos elevados, la costa todavía aparece como una continuidad verde interrumpida por los pueblos que ya existían, y no como una sucesión de urbanizaciones. “Ha logrado que la percepción que se tenga sea que la costa está natural”, explica. El geógrafo cree que el plan llegó justo a tiempo para contener la burbuja.
Asturias es la comunidad que mejor ha conservado su costa frente al ladrillo y el hormigón
Ruiz Latierro coincide en que el instrumento conserva toda su utilidad. A su juicio, las voces que reclaman modificarlo no prueban que haya quedado obsoleto, sino lo contrario. “Quieren modificar el POLA porque el POLA supone el muro para ejecutar muchas cosas”, afirma. Si aparece un uso no contemplado hace veinte años, defiende estudiarlo mediante un ajuste puntual del PESC antes que reabrir el esquema territorial y las líneas trazadas por el POLA.
Una costa verde también puede masificarse
El éxito frente al ladrillo no resuelve, sin embargo, todas las formas de presión. En 2005, el gran temor era que la expansión de la vivienda residencial y turística cubriera el litoral de nuevas urbanizaciones. Dos décadas después, una parte de la transformación se produce dentro de los pueblos ya construidos. Las viviendas de uso turístico, las segundas residencias, la movilidad estacional y la concentración de visitantes pueden saturar un territorio sin que aparezca un gran complejo en primera línea.
Según Greenpeace, las plazas ofrecidas en viviendas turísticas en Asturias pasaron de menos de 2.000 en 2013 a cerca de 30.000 en 2024 y se concentraron especialmente en la costa. La organización utiliza Llanes como ejemplo de una población que en verano llega a multiplicar por diez sus habitantes.
David Alonso advierte de que el paisaje puede seguir verde mientras los pueblos pierden población permanente, servicios y actividad durante el invierno. Menciona Nueva de Llanes, Figueras y Castropol como ejemplos de localidades que corren el riesgo de convertirse en “decorados”, ocupados intensamente durante una parte del año y vaciados durante el resto. La protección física de la costa no impide que una vivienda habitual pase a destinarse al turismo o que los precios expulsen a quienes quieren residir todo el año.
El geógrafo tampoco cree que la mayor amenaza adopte siempre la forma espectacular de una gran urbanización. Un macrohotel junto a una playa provocaría una reacción social inmediata. En cambio, una sucesión de accesos, aparcamientos, ampliaciones, rehabilitaciones, cambios de uso y pequeñas excepciones puede transformar el territorio sin despertar la misma oposición. “La proliferación de pequeñas cosas es la que acaba modificando el territorio de una manera mucho más silenciosa, que es la más peligrosa”, sostiene.
Desde el Principado, Ruiz Latierro rechaza que esas presiones demuestren la existencia de grietas en el POLA. Distingue entre la ocupación del territorio, que considera bien contenida, y problemas que deben afrontarse mediante políticas turísticas, de vivienda, movilidad o abastecimiento. Sin embargo, al final de la entrevista reconoce que el crecimiento no puede ser ilimitado. La sequía y los problemas de agua aconsejan, según explica, extremar la prudencia ante nuevas edificaciones y actividades turísticas. “Me da la sensación de que nuestra capacidad de carga está llegando ya cerca de su límite a nivel turístico”, admite.
“Me da la sensación de que nuestra capacidad de carga está llegando ya cerca de su límite a nivel turístico”
Las dos posiciones no son necesariamente incompatibles. El POLA puede seguir funcionando como barrera urbanística y resultar insuficiente para regular cuántas personas o vehículos puede absorber una localidad en agosto, cómo se distribuyen las viviendas o qué capacidad tienen las redes de agua y saneamiento. La pregunta ya no se limita a cuánto suelo continúa sin construir, sino a qué sucede dentro de los núcleos que el plan dejó fuera de su franja protegida.
El Barrigón y los límites de una sentencia
El conflicto de La Isla devuelve el debate al terreno urbanístico clásico, aunque con una historia jurídica compleja. El Ayuntamiento sostiene que la sentencia 1192/2011 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó la condición urbana de la unidad de ejecución de El Barrigón. De acuerdo con la interpretación municipal, la servidumbre de protección de la Ley de Costas sería de 20 metros y no resultaría aplicable la referencia general de 500 metros correspondiente al suelo rural. El alcalde asegura también que existen informes favorables de Costas, Medio Ambiente, abastecimiento y saneamiento.
La Coordinadora Ecoloxista rechaza esa lectura y teme que la urbanización cree una pantalla edificada junto al arenal, afecte a los accesos públicos y agrave los problemas estivales de agua y saneamiento. El Ayuntamiento añade que la documentación prohíbe las construcciones adosadas o en hilera.
Ruiz Latierro introduce otra distinción. Según el director general, la sentencia modificó la línea del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, pero no ordenó automáticamente desplazar hasta ella la línea edificable ni aumentar el volumen permitido. “Que se haya modificado por una sentencia la línea del deslinde no tiene por qué implicar de facto que se modifiquen las capacidades edificatorias, el volumen edificatorio y la línea hasta donde se puede edificar”, explica.
Para el responsable autonómico, el caso no revela un defecto general del POLA, sino una anomalía derivada del orden en que se sucedieron el planeamiento, el plan litoral y las resoluciones judiciales. Considera que los promotores han extraído una consecuencia demasiado simple de una sentencia referida al dominio público de Costas, no al conjunto de los instrumentos urbanísticos.
El resultado tendrá importancia más allá de Colunga. Si el reconocimiento de un suelo como urbano permitiera llevar automáticamente la edificación hasta la nueva servidumbre de 20 metros, la resolución podría alimentar reclamaciones en otros lugares. Si la CUOTA concluye que el deslinde no altera por sí solo las capacidades urbanísticas anteriores, el caso reforzará la diferencia entre el límite estatal del dominio público y la ordenación territorial autonómica.
La disputa sobre la nueva ley
La otra discusión se libra en torno a la futura Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, la LOITA. El anteproyecto se sometió a información pública entre febrero y marzo de 2026 para sustituir un marco legal que arranca en 2004, simplificar la tramitación urbanística e incorporar cuestiones como el cambio climático, la vivienda y la infraestructura verde.
Javier Álvarez Villa concentra sus reparos en tres supuestos. Considera que el texto conocido no prohíbe con suficiente claridad los usos mineros en el suelo de costas, que podría permitir establecimientos hoteleros y que deja dudas sobre la conversión de cuadras, almacenes y otras edificaciones preexistentes en viviendas o alojamientos turísticos. También cuestiona que algunos usos declarados incompatibles por el PESC puedan llegar a tramitarse mediante estudios de implantación o planes detallados. “El proyecto que está publicado no refuerza la protección. Si no lo cambian, no va a proteger, va a desproteger”, concluye.
Ruiz Latierro rechaza esa interpretación. Explica que una ley general clasifica el suelo y fija las reglas básicas, mientras que el POLA y el PESC concretan los usos sobre el litoral. Como ambos instrumentos seguirán vigentes, asegura que la LOITA no podrá utilizarse para sortear sus prohibiciones. “La LOITA no habilita nada que esté prohibido en el POLA y en el PESC”, afirma.
El director general anuncia además que las alegaciones han llevado a incorporar al proyecto una cláusula de no regresión ambiental. Según su explicación, la protección del litoral no podrá reducirse de forma general ni arbitraria y cualquier cambio puntual deberá justificarse mediante análisis científicos. El nuevo texto todavía no se ha hecho público, por lo que no es posible comprobar el alcance exacto de esa garantía ni saber cómo responde a cada uno de los supuestos planteados por Álvarez Villa.
La contradicción es jurídica, pero también política. Para Álvarez Villa, que una actividad no aparezca expresamente prohibida puede abrir una vía de autorización. Para Ruiz Latierro, repetir en una ley todos los usos ya regulados por el POLA y el PESC sería una mala técnica normativa y generaría duplicidades. La versión definitiva de la LOITA deberá demostrar si la convivencia entre los tres textos mantiene intacta la protección o deja zonas abiertas a interpretaciones enfrentadas.
Salave como caso de prueba
Las intenciones de abrir la mina de oro de Salave, en Tapia de Casariego, trasladan esa discrepancia jurídica a un caso concreto. Álvarez Villa sostiene que la falta de una prohibición minera inequívoca en la LOITA podría ofrecer una nueva vía a un proyecto que afecta al entorno litoral. Desde el Principado, Ruiz Latierro replica que la explotación se encuentra bloqueada por varias barreras independientes y que la nueva ley no elimina ninguna.
El director general cita la incompatibilidad con el planeamiento municipal, el POLA y el PESC, el rechazo previo de Industria y las limitaciones impuestas a los proyectos declarados estratégicos en suelo de costas. Recuerda además que las canteras que siguieron operando tras la entrada en vigor del POLA pudieron hacerlo porque ya tenían autorización, no porque el plan permita aprobar explotaciones nuevas. A su juicio, el riesgo actual es “más fantasma que fáctico”.
Su crítica se dirige precisamente a que el expediente presentado como proyecto estratégico continúe sin una resolución expresa. Considera que debería archivarse para no mantener a la población de Tapia con “una espada de Damocles encima de la cabeza”.
Cuando proteger significa dejar espacio al mar
La presión urbanística y turística convive con una amenaza que apenas ocupaba espacio en el debate público cuando se aprobó el POLA. En julio de 2026, Greenpeace identificó once puntos críticos en la costa asturiana y la situó como la de mayor riesgo de inundación del norte peninsular. Los temporales han dañado paseos y provocado pérdidas de arena e inundaciones en playas como San Lorenzo, Salinas, Rodiles y Santa Marina. La organización sostiene que las infraestructuras rígidas levantadas sobre los arenales pueden agravar la erosión al impedir el movimiento natural de la costa.
El POLA protegió espacio sin construir, una ventaja frente a la subida del nivel del mar y los fenómenos extremos, pero la adaptación exige actuar también sobre lo que ya existe. David Alonso plantea que algunos paseos marítimos y terrenos ganados al mar no podrán considerarse realidades inmutables. En determinados lugares habrá que restaurar dunas y humedales, modificar infraestructuras o aceptar algún retroceso en vez de defender indefinidamente cada metro con hormigón.
Esta dimensión climática vuelve más delicada cualquier decisión presente. Construir en un espacio costero no solo transforma su paisaje y aumenta la demanda de servicios. Puede comprometer el margen que necesitarán playas, rías y sistemas dunares para desplazarse durante las próximas décadas. La protección deja de consistir únicamente en mantener alejados los edificios nuevos y empieza a incluir la retirada o adaptación de algunas obras antiguas.
Veintiún años después, ninguno de los tres entrevistados considera agotado el POLA. El desacuerdo no está tanto en su vigencia como en qué debe rodear ahora ese muro. El POLA puede impedir que la costa asturiana se convierta en una línea continua de urbanizaciones, pero no limita por sí solo las viviendas turísticas, no garantiza agua para una población multiplicada en verano y no decide qué infraestructuras deberán retroceder ante el mar. El futuro del litoral dependerá de que la protección territorial conviva con esas otras políticas sin abrir por el camino las grietas que sus responsables aseguran querer evitar. David Alonso resume el activo recibido con una frase sencilla, “tenemos la costa sin ocupar; bien, genial, esto es lo que hay que poner en valor”. El debate abierto en El Barrigón, la LOITA y Salave determinará hasta dónde consigue Asturias conservarlo.
