Gonzalo Fanjul lleva años estudiando las fronteras europeas desde un lugar incómodo para buena parte del debate político. No discute que los Estados deban ordenar la llegada de personas, pero sí que el modelo construido para hacerlo esté produciendo precisamente aquello que promete evitar. Más irregularidad, más dependencia de países terceros y unas fronteras en las que, sostiene, el respeto a determinados derechos acaba convirtiéndose demasiadas veces en una excepción.
Nacido en Oviedo en 1971, Fanjul es economista e investigador especializado en pobreza, desarrollo y migraciones. Pasó más de una década en Intermón Oxfam y Oxfam International, completó su formación en la Kennedy School of Government de Harvard y actualmente es director de Investigaciones de Fundación porCausa, organización que cofundó y que combina investigación y periodismo sobre migraciones y derechos humanos. Compagina ese trabajo con la dirección de Análisis y Desarrollo de ISGlobal. Desde porCausa, su equipo ha investigado en los últimos años la externalización de las fronteras europeas, el uso de tecnología en los controles migratorios, los abandonos de personas en el desierto de Mauritania y la construcción allí de centros de detención financiados con dinero español y europeo.
La conversación con NORTES llega después de que la entrada masiva de personas desde Marruecos volviera a situar a Ceuta en el centro del debate migratorio y cuando el Gobierno acaba de dar el primer paso para una nueva ley de asilo y una reforma de la Ley de Extranjería. Los dos anteproyectos adaptan la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo y el Ejecutivo los presenta como un modo de conseguir procedimientos más ágiles, eficaces y garantistas. Fanjul ve detrás de ese lenguaje una deriva muy diferente. Apenas dos meses antes había descrito el pacto europeo como un debilitamiento del derecho de asilo.
El Gobierno ha aprobado esta semana una nueva ley de asilo y una reforma de extranjería y las presenta como más ágiles, pero plenamente garantistas. Usted escribió hace apenas dos meses que el Pacto Europeo de Migración y Asilo era un “torpedo” contra el derecho de asilo. ¿Lo aprobado confirma sus temores?
Sí. La razón por la que esta reforma es preocupante es que acerca la legislación española a lo que obliga el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que es en sí mismo un ejercicio de debilitamiento del derecho de asilo. En el diccionario de eufemismos de la política migratoria, cuando se oye hablar de agilidad, normalmente es sinónimo de deterioro de los derechos. Nunca he visto la agilidad, la eficacia o la digitalización de la mano de un fortalecimiento de derechos. A menudo ocurre más bien lo contrario: se reducen tiempos y se ponen decisiones de extrema sensibilidad humana en manos de máquinas, subcontratas o agentes terceros para hacer el trabajo del Estado, y en muchas ocasiones hacerlo mal, como ocurre en España. Eso es lo que creo que puede suceder en este caso. Dicho esto, el sistema de asilo tiene un evidente bloqueo en España. Esa es una de las razones por las que el Gobierno tenía tanto interés en meter a todos los solicitantes de asilo en la regularización extraordinaria de este año, porque era una oportunidad de poner el contador a cero. Si se hace un esfuerzo serio por agilizar el sistema, puede beneficiar a los solicitantes, pero no creo que eso sea lo que persigue esta reforma.
¿España ha incorporado las medidas más duras previstas en el Pacto Europeo?
España no ha introducido, al menos sobre el papel, algunas de las medidas más duras del Pacto, como los centros de retorno o los centros de espera en terceros países. Eso no significa que España no esté, por debajo, construyendo cárceles en Mauritania: desde porCausa demostramos que había dos. Pero, por lo menos retórica o políticamente, no se apunta a la lógica que promueven Dinamarca, Italia y otros países. De todas formas, creo que esta reforma es un poco para la galería, porque veo muy pocas posibilidades de que salga adelante en esta legislatura. Tiene que seguir un procedimiento legislativo y no sé si el Gobierno tiene ahora mismo ni el tiempo ni los apoyos necesarios. A lo mejor me equivoco, pero lo veo difícil.
¿Dónde está la frontera entre agilizar un procedimiento y vaciar de contenido el derecho de asilo?
No soy experto en derecho de asilo, pero un ejemplo sería establecer un tiempo máximo de espera sin dotar los recursos necesarios para estudiar adecuadamente cada caso. Si se hace eso, en la práctica se da por sentado que no existen pruebas suficientes de que esa persona necesita protección internacional y se la expulsa. Otro ejemplo es poner decisiones de este tipo en manos de sistemas automatizados. En nuestra última investigación encontramos máquinas que analizan incluso el acento concreto de una persona para determinar si procede del lugar que dice, por ejemplo de determinada región del norte de Etiopía. Eso ya es inquietante, pero también se están analizando las inflexiones de la voz para intentar determinar si alguien está mintiendo. Es una especie de test de veracidad en manos de una máquina que puede condicionar la vida entera de una persona a partir de una serie de criterios algorítmicos. En mi opinión, eso no encaja con el respeto al derecho de asilo y de protección internacional.
Ceuta, Marruecos y la externalización de las fronteras
¿Ceuta está provocando realmente un cambio en la política migratoria española o está sirviendo para legitimar políticamente un endurecimiento que ya estaba preparado? Estas reformas derivan de un pacto europeo anterior a lo ocurrido en Ceuta.
Me extrañaría mucho que el Gobierno hubiese redactado estas reformas durante el mes de agosto. Creo que simplemente ha aprovechado este momento para presentarlas. Mi lectura de lo que ha ocurrido en Ceuta es que su origen no es estrictamente migratorio. Por lo que vamos sabiendo sobre las razones que provocaron el cruce masivo de personas y el caos de ese día, probablemente está relacionado con otros intereses de Marruecos. Una tesis que he leído y me parece bastante razonable es que el Gobierno marroquí primero espolea el movimiento, después lo permite y finalmente el asunto se le va de las manos. Pero cualquiera que conozca un poco esa frontera o lo que ocurre en Marruecos sabe que algo de esas características no puede suceder sin que el régimen lo sepa.
Si el origen de lo ocurrido no es estrictamente migratorio, ¿qué consecuencias puede tener sobre la política migratoria española?
Pueden ser muy tangibles. Lo que ha ocurrido después no ha llevado a reconsiderar las razones que nos habían colocado en una posición tan vulnerable. No nos hemos preguntado qué ocurre cuando ponemos toda nuestra política de fronteras en manos de un país que no es fiable o cuando damos a Marruecos la posibilidad de utilizar la migración como arma, lo que en inglés se denomina migration weaponization. Y no ocurre solo con Marruecos: hacemos algo parecido con Túnez, Mauritania, Turquía o Libia. En lugar de replantear ese modelo, muchos países europeos vienen a decirle a España que lo sucedido es culpa suya por haber levantado la mano con la regularización o por mantener una política migratoria que consideran laxa. Se monta un frente de 22 países liderado por una coalición contra natura entre socialdemócratas daneses y neofascistas italianos y sucede algo que para mí es aún más alarmante que el hecho de que Pedro Sánchez se quede solo: la única posición razonablemente sensata queda completamente aislada dentro de la Unión Europea. Y digo razonablemente sensata porque España, bajo ninguna circunstancia, mantiene una política radicalmente progresista en materia migratoria. Creo que esto va a tener consecuencias duraderas. Incluso este mismo Gobierno se va a cuidar mucho de adoptar determinadas decisiones porque está completamente solo. Había empezado, de manera muy tímida, a poner en marcha vías legales, seguras y ordenadas de movilidad laboral, que son en realidad la única solución a largo plazo. Creo que todo eso puede quedar paralizado. El Gobierno va a estar obligado a dar muestras de dureza y la presentación de esta reforma legislativa me parece un ejemplo.
“España está pagando a Marruecos, Mauritania y otros gobiernos para que hagan el trabajo sucio”
Si Marruecos puede utilizar el control migratorio como herramienta de presión, ¿cómo puede responder España sin endurecer todavía más su política migratoria?
Con franqueza, no sé muy bien cómo se puede militarizar o endurecer más. Se podría empezar a disparar a la gente en el mar, hacer lo que hacen los estadounidenses o convertir Frontex, que ya ha pasado de ser un aparato policial a adquirir rasgos militares, en una verdadera herramienta de persecución. Pero la política europea actual ya es salvaje. España está pagando a Marruecos, Mauritania y otros gobiernos para que hagan el trabajo sucio. Son los países a los que hemos externalizado nuestra política migratoria, mientras España es presentada como una especie de escaparate del progresismo mundial en materia de migraciones. Nosotros hemos demostrado cómo con dinero público se financian abandonos en el desierto, se construyen cárceles para niños y se viola sistemáticamente el derecho a la protección, no ya con conocimiento, sino incluso con participación directa de funcionarios policiales españoles. No sé muy bien cuánto más se puede avanzar por esa vía. Lo que sí se puede hacer es preguntarse si este modelo funciona. Es verdad que Marruecos o Mauritania hacen el trabajo sucio, frenan parte de los flujos y dificultan la salida de cayucos, pero cada cierto tiempo Marruecos hace algo como lo que hemos visto. Y los precedentes son extremadamente complicados. Esto ha sido una suerte de Marcha Verde en Ceuta, quizá involuntaria, pero puede volver a ocurrir en cualquier momento. ¿Qué va a hacer entonces Europa, tirar una bomba en la frontera? Necesitamos una alternativa mejor.
Del “efecto llamada” a las vías legales y el caso asturiano
Marlaska ha afirmado esta semana que el nuevo sistema permitirá impedir abusos del derecho de asilo. ¿Existe un problema real de abuso o se está modificando la presunción desde la que se mira al solicitante?
No sé exactamente en qué contexto utilizó el término “abusos”. Uno de los problemas que tenemos es que el sistema de asilo está saturado, en parte porque las razones objetivas de desplazamiento forzoso se han intensificado en los últimos años: no solo los conflictos, también los fenómenos naturales extremos o las persecuciones políticas de distinto tipo. Si se mira la evolución de los flujos migratorios durante la última década y media, las migraciones en términos absolutos se mantienen relativamente estables con respecto al total de la población, pero el desplazamiento forzoso, tanto dentro de los propios países como el de quienes cruzan fronteras buscando protección internacional, se ha disparado por encima de los cien millones de personas. La inmensa mayoría se queda en regiones cercanas a los conflictos, pero una parte llega a los países del norte. Aun así, eso no explica por completo el crecimiento de las solicitudes de asilo en los países de la OCDE desde la crisis siria de 2014-2016. El número de personas que solicitan asilo en sus fronteras, que siguen siendo una parte minoritaria del total de desplazados forzosos, ha crecido alrededor de un 60%. Es una barbaridad.
¿Hasta qué punto ese crecimiento de las solicitudes de asilo está relacionado con la falta de otras vías legales para migrar?
En una parte, esas personas tienen razones objetivas para pedir protección. Pero otra parte muy sustancial, aunque sea difícil ponerle una cifra, utiliza esa vía porque no existe ninguna alternativa legal para llegar a estos países. Quien quiera venir a Europa a trabajar, establecerse y, en realidad, cubrir muchas de las necesidades que tienen los propios países europeos, no dispone de alternativas. Eso satura artificialmente el sistema de asilo. Si Marlaska está preocupado por lo que podríamos llamar “falsos asilados”, lo que debería hacer es ofrecer otra vía a esas personas, algo que su ministerio entorpece sistemáticamente. El Ministerio del Interior es uno de los principales obstáculos para cualquier reforma del modelo migratorio. El problema fundamental del colapso del sistema de asilo no está en los asilados, sino en la profunda distorsión de un modelo migratorio de puerta estrecha que lleva a la gente a buscar vías alternativas.
Una de las promesas del nuevo modelo es devolver más deprisa a quienes no obtengan protección. ¿Hay evidencias de que acelerar los rechazos y retornos reduzca la migración irregular o puede limitarse a desplazar las rutas y hacerlas más peligrosas?
No hay ninguna evidencia en ese sentido, y tampoco de lo contrario. La movilidad humana se rige por incentivos que escapan en buena medida al control de los gobiernos. Es algo que no terminan de entender quienes hablan del “efecto llamada”. Si una persona realmente necesita asilo o protección internacional, la opinión de un burócrata del Ministerio del Interior es la última de sus preocupaciones. Va a intentar llegar a la frontera, plantear su caso y acceder de la manera que sea porque se juega la vida. No creo que una medida de este tipo tenga un efecto determinante. En cuanto a los migrantes económicos, la literatura académica lo ha demostrado una y otra vez: los incentivos fundamentales son laborales y económicos. Por supuesto que existe un factor de empuje relacionado con la aspiración de prosperar y con la desigualdad, pero el verdadero efecto llamada es que exista una economía suficientemente dinámica o permeable para atraer esa mano de obra. España tiene un problema importante de inmigración irregular, que además ha empezado a crecer desde el 1 de enero de este año, pero ese problema no procede fundamentalmente de lo que ocurre en el Estrecho o en Canarias, por donde llega una fracción mínima de quienes acceden irregularmente, sino de Barajas. Si el Gobierno estuviera realmente preocupado por esa inmigración irregular, le bastaría con volver a exigir visado a colombianos o a hondureños que ahora entran como turistas y después se quedan. Pero no lo hace porque sabe que eso no interesa a nadie. Mantenemos un sistema de regularizaciones ordinarias a través del arraigo que va reduciendo la presión, pero a un ritmo muy inferior al que crece la inmigración irregular, y eso hace inevitables procesos de regularización extraordinaria como el que hemos visto ahora.
Hace un año describía al Gobierno como un Doctor Jekyll y Mister Hyde: avanzado en regularización e integración, pero muy duro en las fronteras. ¿Sigue sirviendo esa comparación?
Me hace gracia cuando se presenta a Sánchez como si España fuese especialmente blanda en materia migratoria. No creo que ningún Gobierno europeo pueda dar muchas lecciones a España respecto a las trapacerías y salvajadas que se cometen en la frontera sur. España hace exactamente lo mismo que los demás: un juego de chantaje o soborno a países del sur para lograr su colaboración en políticas que son manifiestamente incompatibles con los Estados de derecho y con las propias normas de la Unión Europea. Lo que ha cambiado es que ahora eso ya no es la excepción, sino la norma. Hasta el punto de que la Comisión Europea, que antes actuaba como cierto freno o al menos introducía alguna advertencia, se ha puesto ahora a la cabeza de esa locomotora. Brunner, el comisario europeo de Migraciones, mantiene un discurso abiertamente antimigración. Ursula von der Leyen también. Los partidos de centroderecha y centroizquierda del Parlamento Europeo están completamente volcados en esa dirección, y algunos incluso especialmente encendidos, como los socialdemócratas daneses. Eso es lo que ha cambiado y lo que me parece alarmante de lo sucedido estas semanas y de la posición en la que ha quedado España.
El cierre de fronteras sigue siendo una bandera de la extrema derecha, pero usted lleva tiempo diciendo que una de sus grandes victorias ha sido conseguir que también la izquierda discuta la inmigración fundamentalmente como un problema. ¿Lo aprobado esta semana por un Gobierno progresista demuestra que esa batalla cultural ya está perdida?
Con este Gobierno no lo estaba, pero desde luego no vamos en la dirección adecuada. Es perfectamente legítimo —y yo comparto esa aspiración— querer una frontera ordenada, con control y con reglas. Puedo tener aspiraciones éticas o utópicas sobre el fin de las fronteras, pero no soy idiota y entiendo que hoy es necesario mantener un sistema de control. El error es pensar que este modelo de militarización, de externalización hacia actores terceros y de estado de excepción permanente va a producir orden. Cuando se trata de los migrantes parece que los derechos y las reglas que valen para los demás dejan de ser aplicables, y eso es precisamente lo que genera caos y desorden en nuestras fronteras. Ceuta es caos y desorden, y al mismo tiempo es una de las fronteras más protegidas de toda la Unión Europea. Lo mismo sucede en Melilla, en toda la frontera sur o en la frontera oriental de la Unión.
¿Cuál sería entonces la alternativa?
Creo que hay que arrebatarle a la ultraderecha —o, más exactamente, al marco narrativo de la ultraderecha, porque esto ya no es solo un problema de partidos ultraderechistas— el concepto de orden. Pero hay que buscar ese orden por otra vía. Y esa vía pasa por algo tan revolucionario como abrir una cola, una fila, y permitir que las personas tengan la oportunidad de venir a nuestros países de forma legal, segura y ordenada. En el caso de África puede parecernos más difícil porque hablamos de flujos muy desesperados, pero incluso ahí creo que es posible. Y desde luego lo es con América Latina, donde ya tenemos herramientas en nuestra legislación como los visados de búsqueda de empleo, las contrataciones en origen o los programas de migración circular. Son instrumentos que permitirían flexibilizar la movilidad humana y dedicar el esfuerzo a lo realmente importante: garantizar que se produzca respetando los derechos fundamentales y con participación de los sindicatos. Ahí está, a mi juicio, la batalla de los partidos de izquierda. No en cerrar las fronteras, sino en garantizar que las migraciones generen prosperidad y derechos para todas las partes. Ese es uno de los grandes desafíos políticos de los próximos años para la socialdemocracia y para la izquierda, porque son quienes dicen querer garantizar los derechos de todos, un sistema más próspero y el futuro del Estado de bienestar.
Usted es asturiano. Este verano se han conocido cifras especialmente llamativas. En junio Asturias tenía 33.372 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 6.196 más que un año antes, un crecimiento de casi el 23%. En una comunidad envejecida como esta, ¿qué nos jugamos si importamos también el discurso de miedo a la inmigración que se ha impuesto en buena parte de Europa?
Son cifras realmente impresionantes. Asturias forma parte de una historia que afecta a buena parte de nuestros países y, desde luego, al conjunto de España. Nos enfrentamos a un invierno demográfico en el que la base de la pirámide de población se estrecha peligrosamente. Se puede aceptar esa situación e intentar compensarla mediante otras políticas, aumentando los impuestos, retrasando la edad de jubilación o adoptando distintas medidas para sostener la economía y el sistema con la población existente. Algunos países están intentando esa vía. O se puede hacer lo que el Gobierno español ha planteado y, de hecho, está haciendo, porque la población española se acerca ya a los 50 millones: ampliar la base de la pirámide mediante una llegada razonablemente ordenada de personas que se incorporen a nuestras sociedades. Eso las va a hacer diferentes, no esencialmente diferentes, pero sí diferentes. Hay que ser muy ingenuo para pensar que nuestras sociedades siempre han sido iguales u homogéneas. Y creo que eso también va a ir ocurriendo en Asturias.
¿Ese cambio ya se está notando en la economía y en la vida cotidiana de Asturias?
Sí. El otro día hablaba con un amigo que tiene un bar en Lastres y la mitad de sus camareros son ahora subsaharianos. En los puertos pesqueros ha habido mucha permeabilidad por la gente que trabajaba en los barcos y que después se ha ido quedando. Él me hablaba de la regularización con verdadero alivio y me decía: “Joder, es que esto ahora me ha permitido tener aquí a la gente, montar un equipo y cubrir todas las necesidades”. Creo que esa es una historia que vamos a escuchar cada vez más. Si además Asturias quiere atraer polos de crecimiento económico, aprovechar las oportunidades de la digitalización y apostar por un futuro económico, esa mano de obra migrante es absolutamente inevitable. Y Asturias tiene una ventaja: el carácter migratorio está en nuestro ADN, en nuestra historia. Es muy raro encontrar una familia que no tenga familiares, incluso todavía vivos, que tuvieron que marcharse. Como ocurre también en Extremadura o Andalucía, esto forma parte de nuestra historia y somos capaces de entenderlo muy bien. Ojalá consigamos ganar también por ahí ese debate emocional, porque es fundamental.
