La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, que agrupan a más de 130 organizaciones sociales,sindicales, ambientales, de consumidores y de la economía social, entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción o CCOO, han reclamado al Gobierno que la modificación de la Ley de Residuos no se limite a adaptar la normativa a las nuevas obligaciones europeas, sino que garantice mecanismos efectivos de aplicación, control y sanción.
Las entidades han presentado sus aportaciones durante la consulta pública previa al anteproyecto de reforma de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y han advertido de que varias de las medidas ya aprobadas continúan sin desarrollarse plenamente.
Las organizaciones consideran necesario mejorar la legislación, pero sostienen que el principal problema cuatro años después de la aprobación de la norma es también la falta de desarrollo de medidas, controles y un régimen sancionador capaz de actuar frente a los incumplimientos.
Como ejemplo señalan el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno para envases de bebidas, cuya puesta en marcha está prevista legalmente para el 22 de noviembre de 2026. Según las entidades, el procedimiento de autorización de las cuatro entidades que aspiran a operar el sistema continúa paralizado en la Comunidad de Madrid y sin un calendario conocido para su resolución.
Las organizaciones reclaman que la reforma sitúe la prevención como primera prioridad de la política de residuos y citan entre las medidas pendientes el desarrollo de la venta sin envase de frutas y verduras, la aplicación efectiva de las medidas contra el desperdicio alimentario y una mayor cuantificación de los residuos generados para poder diseñar y evaluar las políticas públicas.
También plantean reforzar la reutilización y que el futuro sistema de depósito incluya el vidrio y fomente los envases reutilizables. Asimismo, piden desarrollar sistemas reutilizables para la comida para llevar y extender la reutilización al comercio electrónico.
Otro de los ámbitos abordados es el de las sustancias peligrosas presentes en productos que posteriormente pueden entrar en circuitos de reciclaje y reutilización. Las entidades reclaman controles y sistemas de vigilancia que eviten que materiales contaminados vuelvan a incorporarse a los ciclos productivos.
En materia fiscal, proponen destinar la recaudación del impuesto sobre los plásticos a políticas de prevención y reutilización, reducir el IVA de los productos de segunda mano y reparados y elevar y armonizar los costes asociados al vertido, la incineración y la coincineración.
Las organizaciones también reclaman medidas para reducir los residuos derivados de productos de un solo uso y proponen regular el uso del césped artificial por los microplásticos que genera, incluida la prohibición de su utilización en eventos al aire libre y restricciones en patios escolares y centros deportivos.
Por último, han pedido reforzar los sistemas de inspección, seguimiento y trazabilidad y establecer un régimen sancionador efectivo. Entre sus propuestas figura además prohibir la destrucción de aparatos nuevos devueltos y evitar que equipos informáticos completos sean eliminados cuando existan sistemas de borrado seguro de datos.
