El castigo tiene una ventaja para la política. Es rápido. Ante un problema social basta con endurecer una pena, modificar el Código Penal y publicar la reforma en el BOE. Mucho más difícil es preguntarse por las causas del conflicto y desplegar políticas capaces de intervenir sobre ellas. Esa es una de las ideas que Gemma Ubasart (Castellar del Vallés, 1978) desarrolló el pasado domingo en Oviedo/Uviéu, durante la segunda jornada del festival Pan y Roses, donde presentó su libro Contra el castigo en conversación con Soledad García, presidenta de la Sociedá Asturiana de Filosofía.
Profesora titular de Ciencia Política en la Universitat de Girona, directora del Máster en Justicia y Prácticas Restaurativas y consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat entre 2022 y 2024, Ubasart conoce las cárceles desde dos lugares poco habituales en una misma persona. Las ha estudiado desde la academia y las ha gestionado desde el Gobierno. En Contra el castigo, publicado este año por Bellaterra, cuestiona una cultura punitiva que, sostiene, conduce a responder con más delitos y penas más largas a problemas que muchas veces requieren políticas sociales, intervención comunitaria o fórmulas distintas al encarcelamiento.
Su argumento parte de una paradoja. España mantiene niveles relativamente bajos de criminalidad grave y, sin embargo, conserva una población penitenciaria elevada. Ubasart pone el foco en la duración de las condenas, la continua expansión del Código Penal y una idea profundamente instalada en el debate público, que más castigo equivale necesariamente a más seguridad. Frente a ella propone reducir el recurso a la prisión, extender el medio abierto, recuperar la reinserción como objetivo y conceder a las víctimas un lugar que, asegura, el sistema penal tradicional tampoco les ha dado.
En Contra el castigo sostienes que vivimos inmersos en una cultura punitiva. ¿Castigamos demasiado en España?
Hay dos datos que nos tendrían que hacer pensar. Somos el país de la Europa de los 15 con una de las tasas de encarcelamiento más altas, y esto convive con unas tasas sostenidas en el tiempo de criminalidad baja, sobre todo de criminalidad grave. ¿Por qué tenemos entonces una tasa de encarcelamiento tan alta? No es porque haya muchas entradas en el sistema, sino porque las penas efectivas son muy largas y, por tanto, en los centros penitenciarios se va acumulando una población importante. Estas penas largas tienen mucho que ver con una reforma compulsiva del Código Penal en un sentido inflacionario. Cada reforma sirve para tipificar más conductas o aumentar penas. Díaz Ripollés calculaba hacia 2013 que, desde la aprobación del Código Penal de 1995 hasta 2012, se habían producido 25 reformas. Ahora estaríamos cerca de las 50. Tenemos muchas conductas tipificadas como delitos, penas largas y, además, en gran parte de los casos esas penas se cumplen mediante internamiento en lugar de utilizar otras alternativas de ejecución penitenciaria. Todo ello explica esa tendencia elevada al castigo.
Cuando ocurre un crimen especialmente grave, una reacción política casi automática es pedir una pena mayor o crear un nuevo delito. ¿Existe evidencia de que aumentar las penas reduzca la delincuencia?
Es la solución más fácil. Cuando aparece un problema o un conflicto social basta con encontrar una mayoría parlamentaria, aumentar una pena, publicarlo en el BOE y ya está. No tenemos que cuestionarnos las raíces profundas del problema ni desarrollar políticas públicas o acción comunitaria para intentar resolverlo. Nos quedamos tranquilos porque hemos aumentado las penas y sentimos que algo hemos hecho. Sin embargo, la mayoría de los estudios criminológicos señalan que un aumento de las penas no implica una reducción de las tasas de criminalidad. Tiene además una explicación lógica. En la mayor parte de los casos, cuando alguien delinque no está haciendo un cálculo racional entre el coste del delito y la pena que puede recibir. Intervienen factores contextuales y muchas otras circunstancias. A veces ni siquiera se busca solucionar el problema social, sino encontrar una respuesta rápida. Y eso nos interpela a todos, a los actores políticos y sociales y también a los medios de comunicación. El recurso al castigo es fácil, pero es ineficiente, injusto y cortoplacista.
Cuando reducir las cárceles era una medida de austeridad
En Pan y Roses recordabas algo llamativo. A partir de 2010 España redujo su población penitenciaria y algunas decisiones que contribuyeron a ello se tomaron también en un contexto de austeridad. ¿Cuando hubo que ahorrar comprobamos que era posible tener menos personas en prisión sin que aumentara la delincuencia?
Así es. En 2010 se produjo una pequeña reforma del Código Penal vinculada a los delitos contra la salud pública, es decir, fundamentalmente a las drogas, que redujo las penas y contribuyó a bajar la tasa de encarcelamiento. No hubo un aumento de la criminalidad ni se produjo una alarma social por haber modificado el Código Penal. Pasó prácticamente sin pena ni gloria. La pregunta es por qué, si aquello pudo hacerse en un contexto de políticas austericidas y con el objetivo de reducir costes, hoy no puede plantearse una deflación punitiva basada en la evidencia empírica y en valores democráticos. ¿Por qué ahora no es posible hacer por razones criminológicas y políticas lo que en aquel momento se hizo también por razones económicas?
Existe una intuición muy arraigada de que cuanto más tiempo permanezca una persona encarcelada, menos peligro representa. Tú sostienes, sin embargo, que las condenas muy largas pueden dificultar la reinserción e incluso terminar perjudicando la seguridad. ¿Por qué?
Las condenas muy largas desvinculan completamente a la persona de la sociedad, de su trabajo y de su entorno, y además pueden agravar su salud física y mental. Eso genera dificultades evidentes para la reinserción. El objetivo que nuestras normas atribuyen a las penas privativas de libertad es precisamente la reinserción, pero las penas extremadamente largas la dificultan. Y si dificultas que una persona pueda reinsertarse cuando termine su condena, también estás dificultando que no vuelva a delinquir en el futuro. Hay una contradicción evidente. Y ocurre también cuando utilizamos la cárcel para delitos menores. Una pena de prisión por un delito menor puede convertirse incluso en el inicio de una trayectoria delictiva más grave.
Los estudios sobre reincidencia en Cataluña que has citado muestran diferencias entre quienes salen directamente del internamiento y quienes pasan antes por el medio abierto. ¿Por qué ese tránsito reduce la reincidencia?
Porque el paso del internamiento a la vida en sociedad es fundamental. En prisión tienes una vida extremadamente pautada, dirigida y organizada, y de repente tienes que volver a vivir en libertad. Cuando ese tránsito se realiza mediante el medio abierto, existe un acompañamiento entre ambas situaciones y eso facilita la reinserción. El último estudio sobre reincidencia realizado en Cataluña comparó personas que habían salido desde el medio abierto con otras que pasaron directamente del internamiento a la libertad, controlando variables como el tipo de delito o las características de la persona interna, y las tasas de reincidencia eran distintas. Se reincidía más cuando se salía directamente del internamiento. Y no es algo que aparezca solamente en ese estudio. La evidencia criminológica apunta en esa dirección. El medio abierto ya estaba previsto en nuestra legislación penitenciaria precisamente como ese paso intermedio antes de recuperar plenamente la libertad y como una forma de reducir al máximo los periodos de internamiento.
“En los barrios donde existe una organización social fuerte, trabajo comunitario, acompañamiento a los jóvenes y capacidad para integrar a personas que de otro modo quedarían excluidas, es mucho más difícil terminar delinquiendo”
Pobreza y enfermedad mental detrás de los muros
Dices que las cárceles han sido históricamente espacios de reclusión de la pobreza, la exclusión y la enfermedad mental. ¿Cuánta gente está allí únicamente por lo que hizo y cuánta también por todo aquello que el Estado no hizo antes?
Tenemos un dato indirecto que resulta significativo. Si observamos el delito principal por el que una persona está en prisión, menos de un 20% corresponde a los delitos que solemos considerar más graves, como homicidios o tentativas de homicidio, violaciones o robos con violencia. La mayor parte de las personas están encarceladas por delitos contra la propiedad, muchos de ellos sin violencia, y por delitos relacionados con las drogas. Y ese tipo de delitos aparece muchas veces ligado a situaciones de exclusión. Hay otra realidad muy dura. Como sociedad desarticulamos los grandes psiquiátricos y apostamos, correctamente, por atender la salud mental desde la proximidad y la comunidad, pero no nos hemos dotado de suficientes dispositivos para acompañar a determinadas personas con problemas graves. Quien tiene una familia o una comunidad que lo sostiene puede desarrollar su vida, pero quien carece de ellas puede terminar en prisión. Por eso las cárceles han sido históricamente, y continúan siendo hoy, espacios de reclusión de pobreza, exclusión y enfermedad mental.
Cuando propones “más Estado social y menos Estado penal”, ¿cómo se traduce eso ante alguien que acumula pequeños robos o hurtos?
Hay política pública y hay acción comunitaria. En los barrios donde existe una organización social fuerte, trabajo comunitario, acompañamiento a los jóvenes y capacidad para integrar a personas que de otro modo quedarían excluidas, es mucho más difícil terminar delinquiendo. Eso exige políticas sociales, pero también tejido comunitario que ofrezca alternativas. No significa, ni mucho menos, que las personas pobres o excluidas delincan. Solo una parte muy pequeña lo hace. Pero las condiciones materiales y relacionales pueden dificultar determinados proyectos de vida, y todo lo que hagamos en vivienda, educación, ingresos o acompañamiento social redunda en mayor cohesión. Y una mayor cohesión también significa más seguridad. Tenemos que preguntarnos si, frente a determinados delitos menores cometidos por jóvenes en situaciones de pobreza o exclusión, no somos capaces de ofrecer algo distinto a la cárcel. gemma cárceles pan y roses
Una de las objeciones habituales al antipunitivismo son las víctimas. ¿Existe el riesgo de que, intentando comprender al infractor, releguemos a quien ha sufrido el daño?
Las víctimas ya están relegadas a un segundo plano en el sistema penal tradicional. Históricamente nos han interesado sobre todo porque su declaración podía convertirse en una prueba para imponer una pena al infractor. Quienes han vuelto a colocar a la víctima en el centro han sido precisamente las aproximaciones restaurativas. La justicia restaurativa propone escuchar cuáles son sus necesidades, cómo ha vivido el daño y cuáles son sus perspectivas de futuro, y empezar a trabajar desde ahí. Si queremos colocar realmente a la víctima en el centro, las herramientas que más nos ayudan proceden del terreno de la reparación y la restauración. Es una falacia pensar que más pena significa un mayor acompañamiento a la víctima. El Estatuto de la Víctima no se aprobó hasta 2015 y todavía hoy ocupa en muchos sentidos un segundo plano. Además, cada víctima es un mundo. Si les preguntamos qué necesitan, encontraremos respuestas muy distintas, y para muchas el aumento de la pena no sería necesariamente la prioridad.
Abolir la cárcel y afrontar el “mientras tanto”
Hablas de un horizonte abolicionista de la cárcel. Puede sonar utópico, pero queda una pregunta difícil. ¿Qué hacemos con quien ha cometido un asesinato, una violación o supone un peligro grave para otras personas?
Plantear un horizonte abolicionista significa aspirar a un mundo sin cárceles igual que aspiramos a un mundo donde seamos iguales y donde la fraternidad ocupe un lugar central. Son horizontes de esperanza, pero no podemos perder de vista el mientras tanto. Y en ese mientras tanto existen caminos que podemos recorrer hoy. Ese aproximadamente 20% de población penitenciaria condenada por delitos graves sería probablemente la población que seguiríamos teniendo en centros penitenciarios y con la que habría que trabajar mediante tratamiento, educación y reinserción. Sobre una parte importante del otro 80% podemos empezar a buscar alternativas a la cárcel o formas de ejecución penitenciaria que no impliquen mantener a alguien encerrado entre cuatro paredes. Promover el medio abierto es ya una forma de avanzar en esa dirección. Y mientras existan cárceles, deben ser espacios de dignidad. Yo diría que cualquier Estado democrático se mide también por la dignidad de sus prisiones. El objetivo sería que fueran cada vez espacios más pequeños y reservados para menos personas.
Has estudiado las prisiones desde la universidad y después tuviste que gestionarlas desde un gobierno. ¿Qué entendiste desde dentro que no habías visto desde fuera?
Vi que hay servidores públicos muy comprometidos con la reinserción de las personas privadas de libertad y con aplicar aquello que puede resultar más útil para conseguirla. Personas que trabajan para promover el medio abierto cuando corresponde y buscar nuevas fórmulas que permitan avanzar hacia la rehabilitación. El paso por la institución me permitió conocer cargos intermedios y trabajadores públicos profundamente comprometidos con ese ideal. Seguramente hay de todo, pero existe un núcleo importante que trabaja en esa dirección. Eso también me ha llevado a pensar en la necesidad de construir una coalición garantista que reúna a las personas y grupos que empujan hacia ese horizonte, algunos desde posiciones más abolicionistas, otros desde planteamientos humanistas, desde la academia, el tejido asociativo o las propias instituciones. Necesitamos generar relaciones de confianza y cooperación para hacer crecer otro sentido común frente al punitivo y belicista. Ese otro sentido común existe y hay mucha gente trabajando ya en esa dirección.
