Que la derecha y la extrema derecha se hayan aliado en Madrid con los especuladores y los fondos buitre es una pésima noticia que no puede sorprender a nadie, pero Asturies no necesita de Madrid para garantizar que la vivienda sea un derecho. Estas son competencias 100% autonómicas y las familias en Asturies no tienen por qué esperar un solo día más para tener una ley de vivienda a la altura. Eso depende de nuestro propio gobierno y desde SOMOS Asturies llevamos tiempo negociando para lograr que salga adelante.
En Asturies, sin necesidad de los decretos tumbados la pasada semana, ya podemos poner topes a los alquileres; reservar la compra de vivienda a las personas físicas, dejando fuera a los fondos buitre; perseguir y sancionar duramente el acoso inmobiliario; y no permitir ni un solo desahucio sin solución habitacional ágil y digna. Ya podemos declarar zonas tensionadas en lugares donde la presión es mayor, poniendo un tope alquiler; y ya es posible acabar con el acoso inmobiliario tajantemente.
El adelanto electoral no debería desviar el foco de lo importante y es nuestra capacidad en Asturies, como Comunidad Autónoma, de implementar nuestras propias soluciones para la vivienda. las que la gente está reclamando en las plazas. El gobierno de Asturias tiene que pisar el acelerador y en esta columna os quiero compartir a fondo una de las medidas por las que luchamos para introducir en la ley de vivienda. Somos muy conscientes de que se puede tener una ley que vaya a la raíz de los problemas estructurales en cuanto al acceso a una vivienda digna.
Que no haya paz para los acosadores
Imagina que vives de alquiler en un apartamento y que el propietario o propietaria decide que te vayas. Tú tienes un contrato y unas leyes que te protegen para que no te pueda nadie echar de tu casa de manera arbitraria. Por ello, para echarte de tu casa, pueden recurrir a una técnica salvaje que muchas personas han sufrido y sufren en nuestra tierra: el acoso inmobiliario.
Puede ir desde que no quieren solucionarte un problema del hogar que corresponde a tu casero, pasar por cortarte el agua, la luz o el gas de tu vivienda, rechazar tu dinero cuando pagas tu alquiler mensual para tratar, a posteriori, de simular un impago… hasta puede llegar a prácticas más violentas como que alguien te aporree la puerta de casa a cualquier hora, te bloqueen la cerradura o incluso recibas amenazas verbales y físicas.
El acoso inmobiliario, además, ya no es una práctica aislada. De hecho es parte de la estrategia de los fondos buitre y fondos de inversión: primero se hacen con edificios bien ubicados donde hay gente viviendo de alquiler y luego los hostigan para que se vayan y poder sacarles una mayor rentabilidad alquilando a turistas, por habitaciones o subiendo los alquileres hasta precios muy difíciles de pagar por parte de las familias trabajadoras españolas.
En España, esto es un delito. Como explica la ley, supone el hostigamiento dirigido al legítimo ocupante de una vivienda mediante actos hostiles o humillantes que no impliquen el uso de la violencia, y que tengan por objeto impedirle disfrutar de ella pacíficamente.
En estos últimos años, mientras el acceso a la vivienda se ha ido convirtiendo en un problema por ser objeto de especulación, el acoso inmobiliario ha ido ganando peso como una práctica conocida.
Asturies no necesita de decretos desde Madrid
Tras conocer muchas historias a este respecto de propietarias y propietarios en Asturies, estamos exigiendo que la futura Ley de Vivienda en Asturies tenga en cuenta este acoso.
Desde SOMOS Asturies vemos que las multas son muy bajas. Nos hemos documentado al respecto y hemos descubierto que para muchas empresas que llevan a cabo esta práctica para expulsar a los inquilinos, las multas actuales suponen cantidades irrisorias. Incluso, algunas incluyen esto como un “gasto” más en su partida destinada a hacerse con más inmuebles para especular.
Por tanto, queremos que la futura ley de vivienda asturiana frene en seco este acoso que muchas personas asturianas sufren: entre las propuestas de SOMOS Asturies están el reconocimiento del acoso inmobiliario como infracción muy grave para sacar adelante una ley que proteja a la ciudadanía asturiana.
Nuestra propuesta es clara y frenaría los pies de los grandes fondos buitre que quieren hacerse con nuestras casas a costa de nuestra salud mental: proponemos reconocer expresamente el acoso inmobiliario -hostigar, presionar o humillar reiteradamente a inquilinos o propietarios para obligarles a abandonar su vivienda o aceptar condiciones desfavorables- como infracción muy grave en la normativa autonómica, sancionable con multas de hasta 900.000 euros.
