El pleno del Ayuntamiento de Xixón aprobó el viernes 9 de octubre las ordenanzas fiscales para 2027, que mantienen la congelación general de los tributos municipales. La decisión llegó entre las críticas de la oposición por la financiación de los servicios públicos y de las empresas municipales, mientras la concejala de Hacienda, María Mitre, defendió la estabilidad fiscal y la capacidad inversora del gobierno local.
El pleno extraordinario debatió 17 enmiendas del PSOE y Vox, sin aprobar ninguna. El acuerdo se expondrá al público durante treinta días para la presentación de reclamaciones y, si no las hay, quedará elevado a definitivo.
Entre las novedades figura una tasa por las pruebas de contraste de alcohol o drogas. Se aplicará a quienes, después de dar positivo en un control, soliciten una segunda prueba y vuelvan a obtener un resultado positivo: deberán abonar el coste de ese segundo test. También se eleva al 50 %, el doble de la actual, una bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
La oposición reclama más ingresos para los servicios públicos
La concejala socialista Marina Pineda acusó a Foro y PP de vivir en una “realidad paralela” y de sostener un discurso fiscal “fácil” y “simplista”. Según la edil, la presión fiscal por habitante aumentó un 8 % entre 2023 y 2025, por lo que reclamó un estudio completo sobre el coste del suelo y los servicios públicos que permita decidir qué impuestos deben subir, bajar o mantenerse.
Pineda defendió implantar la tasa turística y un IBI diferenciado para que las grandes actividades económicas de la trama urbana aporten más. Señaló que una ciudad más limpia y segura, con mejor transporte público y trámites más ágiles, necesita más ingresos.
El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, criticó la falta de medidas para intervenir en el mercado de la vivienda e incorporar inmuebles vacíos. También censuró que el consistorio fíe sus ingresos a la coyuntura económica y a las transferencias del Estado, una política que calificó de “cortoplacista” e “irresponsable”. A su juicio, se está gastando “lo que no se tiene” para que la “fiesta la paguen” unas empresas públicas que se están “descapitalizando”.
La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, denunció la “parálisis” y el “negacionismo tributario” del Ejecutivo municipal, que, según afirmó, han dejado un Ayuntamiento “infrafinanciado” y “preso de la inercia”. Alertó también de la descapitalización de las empresas públicas en un contexto inflacionista y reprochó al gobierno utilizar el presupuesto de la Empresa Municipal de Vivienda para escenificar su “reconciliación” con Vox.
Por su parte, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, recordó que el pacto de gobierno inicial incluía una revisión a la baja de las tasas. “Congelar después de haber subido no es un alivio”, sino “un engaño”, sostuvo.
Hacienda defiende la estabilidad y la inversión
María Mitre presentó las ordenanzas como el cuarto y último proyecto del mandato y defendió que gobernar no consiste en recaudar más “a costa” de la ciudadanía, sino en ofrecer un marco estable a vecinos y empresas. Aseguró que el Ayuntamiento ingresa más que hace cuatro años por una mejor gestión, el convenio con el ente tributario y el aumento de la recaudación del IBI y el IAE sin modificar sus tipos, además del crecimiento previsto de las transferencias corrientes del Estado.
La concejala destacó licitaciones por 151 millones de euros, 73 millones más que en el mandato anterior, junto a una reducción de la deuda. Citó la ampliación del Parque Científico Tecnológico, Naval Azul, el Centro de Arte Tabacalera y las obras en barrios y distritos como ejemplos de ese esfuerzo inversor.
Frente a las críticas sobre las empresas municipales, Mitre afirmó que son “patrimonio” de Xixón y que el gobierno local ha incrementado sus aportaciones un 7 % en los dos últimos ejercicios.
