Los servicios jurídicos de la Junta General del Principado han avalado la continuidad de la tramitación del proyecto de ley de Vivienda al no aceptar el recurso presentado por el grupo parlamentario popular que había apreciado visos de inconstitucionalidad en el contenido de las enmiendas registradas por la diputada de Somos Asturies Covadonga Tomé y en el proceso seguido para aceptarlas.
De esta forma, el texto del Gobierno, que requiere del voto de Tomé para que salga adelante, continuará con su tramitación en el seno de la ponencia encargada de elaborar el dictamen que, una vez que reciba luz verde en el seno de la comisión de vivienda, se elevará a pleno para darle su aprobación definitiva el próximo día 13, primer día de campaña de las elecciones generales, si se cumple la previsión del Ejecutivo.
El informe elaborado por los letrados de la Cámara en respuesta al recurso del PP señala que la decisión de calificar las enmiendas de Tomé para continuar con su tramitación “se ajusta a derecho” e incide en que no se aprecia infracción alguna de la legalidad reglamentaria de la Junta General.
El recurso solicitaba además un nuevo informe de técnica legislativa que verificase si el texto y las enmiendas “respetan los parámetros de constitucionalidad”, pero el informe advierte de que ninguna norma condiciona la admisión de las enmiendas de aproximación y transaccionales a un documento de esa naturaleza y de que el juicio de constitucionalidad no corresponde al trámite de calificación.
Según la portavoz socialista, Dolores Carcedo, de esta forma se constata “que no se ha vulnerado ningún derecho de los diputados” y que el recurso presentado por los populares obedece a su permanente intento de bloquear la aprobación del proyecto de ley de Vivienda “utilizando todos sus instrumentos”.
Para el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, que no ha descartado la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad, aunque todavía sea prematuro planteárselo, Asturies se encamina a tener “la peor Ley de Vivienda de España”, y provocará los efectos contrarios a los que debería perseguir una política pública en esta materia.
“Hará más inaccesible la vivienda, dificultará los arrendamientos, reducirá el número de inmuebles disponibles en el mercado e incrementará la burocracia”, ha apuntado tras mostrar su “preocupación y disgusto” por su tramitación en la que el texto “ha agravado sus deficiencias” después de que la negociación trasladase “de la ponencia a los despachos”.
En la misma línea, la portavoz de Vox, Carolina López, ha criticado que se está elaborando una norma a partir “de la enmienda a la enmienda de la enmienda transaccional y de la suprimida” dentro de la dinámica adoptada por el Gobierno en este final de legislatura “de meter leyes con calzador sin ningún sentido”.
También el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha criticado una tramitación “sin precedentes” en la Junta en la que se vuelve hacia atrás “con enmiendas ya rechazadas” y se “retuerce” el reglamento de la Cámara para aprobar una ley “chapucera” que la izquierda tiene prisa en aprobar pese a que será “inútil y contraproducente”.
Los grupos parlamentarios han hecho estas afirmaciones celebrada este miércoles la Junta de Portavoces, que ha precedido a una nueva reunión de la ponencia encargada de elaborar el dictamen y que mañana continuará con sus trabajos en medio de las críticas de las formaciones de izquierdas al comportamiento “antidemocrático” del PP al intentar bloquear la tramitación de la ley.
Para la diputada de IU/CA Delia Campomanes, la actitud de los populares resulta “lamentable” al retrasar sistemáticamente el funcionamiento de la ponencia al llegar tarde a las sesiones, limitando las reuniones a media hora o dilatar su desarrollo con preguntas reiteradas para que no se puedan votar todas las enmiendas a una normativa “que molesta”, lo que constata que el PP “defiende los intereses de los rentistas”.
“Llegan tarde, impiden el avance en el debate y votación de las enmiendas y se van con prisas porque tienen el objetivo de evitar que una ley que frena la especulación y protege a las personas, salga adelante”, ha apuntado por su parte Covadonga Tomé, que ha confiado en que continúen los trabajos de la ponencia “siempre que el PP no se niegue a comparecer”.
A su juicio, la reunión de este miércoles “ha sido bochornosa” y deja claras las intenciones del PP para que no avance una ley “que va contra los intereses de los grandes tenedores y los fondos buitres”.
