El sector de los servicios sociales está mudo, pero su silencio es ensordecedor. Una trabajadora del ámbito de la intervención social, una compañera, fue asesinada en su puesto de trabajo. No fue solo un acto de violencia individual; fue la consecuencia de un sistema que ha fallado durante años, que ha normalizado la precariedad, el abandono y el desgaste de quienes lo sostienen. Y aunque nos falten las palabras, el vacío que deja su ausencia grita más fuerte que nunca.
Este crimen no es un hecho aislado. Es el reflejo de un modelo que prioriza el ahorro sobre la dignidad, que explota la vocación de quienes cuidan y que olvida que, detrás de cada intervención, hay personas. Personas que ayudan y personas que necesitan ayuda. Se supone que los servicios sociales son un espacio de cuidado, donde las personas más vulnerables encuentran apoyo, donde se tejen redes para sostener a quienes han caído en los márgenes de la sociedad. Pero detrás de esta fachada hay una realidad que duele.
Las entidades del tercer sector, muchas de ellas sin ánimo de lucro, se han convertido en herramientas para externalizar la responsabilidad del Estado. Compiten como aves de rapiña por su libra de carne, que viene en forma de subvenciones y contratos públicos. Para obtener este “premio”, recortan costes, y quienes pagan el precio son siempre los mismos: por una parte, los profesionales en primera línea, con salarios que no alcanzan para vivir y condiciones laborales que rayan en la explotación. Y por otra, los usuarios, que ven cómo no hay ni medios ni personal para realizar una intervención adecuada.
No sería extraño que, en un futuro, los trabajadores del ámbito social tengan que pedir las mismas ayudas que sus usuarios para subsistir, si es que esto no ocurre ya. Para que el lector se haga una idea: en uno de los muchos convenios precarios que rigen el sector, el salario base ronda los 16.000 euros brutos anuales. Las noches se pagan con migajas, la antigüedad no da ni para unas palomitas en el cine, y la peligrosidad no se reconoce porque, supuestamente, estigmatiza a los usuarios. Pero no se trata de señalar a los usuarios como peligrosos, sino de reconocer que enfrentamos situaciones de riesgo. Pero esta es solo otra excusa para no pagar un complemento y contratar más personal.
No podemos permitir que este dolor se convierta en un eco lejano, en una noticia más que se pierde en la inmediatez de las redes sociales
Porque nuestras vidas les importan poco, tanto si malvivimos, como si nos agreden o nos matan. No son sus vidas, no son las de quienes dirigen la Entidad X o la Administración Y. Es una cuestión de clase, y nosotros, los trabajadores, no contamos.
No se trata solo de sueldos indignos. Es el desgaste emocional, la sensación de estar solos, de que nadie nos escucha. Si los cambios de turno o las reuniones de equipo hablaran… Se nos presiona para asumir más trabajo del que podemos soportar, porque si no lo hacemos, los perjudicados serán los usuarios. La abuela en la residencia, la persona con discapacidad, el niño bajo custodia de la administración… Todos dependen de nosotros. Y si no lo hacemos, quienes sufren no son los directivos de las entidades, cómodamente instalados en sus despachos, ni los responsables políticos de turno. No, quienes sufren son personas que nada tienen que ver con el abandono y la precariedad en la que nos tienen sumidos. Porque, insisto, las vidas de trabajadores y usuarios les importan un bledo. No ven personas, solo números.
Las administraciones públicas han externalizado su responsabilidad social y han dejado en manos del tercer sector la gestión de recursos que nunca debieron privatizarse. Estas entidades, con dirigentes de sueldos opacos y sin mérito alguno, se pasean de la mano con las administraciones en eventos donde se felicitan mutuamente por un trabajo bien hecho. ¿Qué trabajo? ¿Cobrar sueldos desorbitados? Eso sí lo hacen de fábula. Mientras tanto, los trabajadores y los usuarios sufren las consecuencias de un sistema que no entiende que este no es un sector para enriquecerse, sino para invertir socialmente, para mejorar vidas. Pero la lógica que impera quiere hacer caja incluso con la vulnerabilidad.
No podemos permitir que este dolor se convierta en un eco lejano, en una noticia más que se pierde en la inmediatez de las redes sociales. Un titular trágico que se diluye como un azucarillo en el olvido. Eso es, sin duda, lo que algunos intentarán. Pero ahí está nuestro deber: la memoria y la lucha son lo que nos queda, compañeros y compañeras. Porque ya es hora de poner a las personas en el centro. Es hora de que ningún trabajador se sienta solo en su puesto, de que nadie tenga que ir a trabajar al límite de sus fuerzas, de que nadie viva con miedo. Esto no puede seguir así. Es hora de alzar la voz y no parar hasta que las cosas cambien de verdad. Y eso solo lo podemos hacer juntos.
Porque el silencio ya no es una opción.
