El pasado 24 de noviembre hubo elecciones presidenciales en Rumanía y en la primera vuelta se impuso por sorpresa con el 23% de los votos el ultraderechista Calin Georgescu. Dos días antes de la segunda vuelta las votaciones se suspendieron y el Tribunal Constitucional tampoco consiente a Georgescu presentarse a las nuevas elecciones convocadas para los días 4 y el 18 de mayo. Se alega que el ultra y seguidor de Putin tuvo financiación ilegal de Rusia, con la que sufragó su campaña en redes sociales.
La Unión Europea guarda silencio y el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, usó lo ocurrido en Rumanía para arremeter contra Bruselas y legitimar las andanadas y la desconfianza del gobierno de Trump con sus antiguos aliados en el Viejo Continente. Vance dijo que “si la democracia puede ser socavada por la publicidad institucional de un país extranjero, no era muy fuerte desde el principio”.
Habrá que delimitar donde sitúa Vance “el principio”, pero hay que admitir que el vicepresidente norteamericano no anda muy descaminado, por muy arrogante y reaccionario que sea, como el propio Georgescu. Algo que está tan fuera de discusión como la mala imagen que para la democracia deja lo sucedido en Rumanía.
Es evidente que la democracia no es muy fuerte en Rumanía cuando hay que anular unas elecciones por la intervención de Rusia a través de Internet, algo que sucede en toda Europa (incluso en España durante el Procés) y en los mismos Estados Unidos de Vance. Si se acusa a Putin de financiar a Georgescu, hay que recordar que eso también ocurre en España con Vox y en Europa con otros partidos de extrema derecha sin que se anulen los comicios.
Vance habla con cinismo porque la debilidad de la democracia en Rumanía, y en todo el mundo, no solo no le preocupa, sino que la alienta con la nada secreta esperanza de que desaparezca, lo que parece uno de los objetivos del gobierno de Trump. A quien nos debería preocupar es a los ciudadanos y a los gobiernos que emanan de la voluntad popular en un sistema democrático cada día más débil. Pero la ciudadanía parece resignada y la clase política colaboracionista, porque es responsable de las restricciones democráticas en aumento.
Cuando se intenta entender y explicar las causas de la ola neofascista que invade el mundo se suele acudir al fenómeno “woke”, aunque nadie sepa muy bien de que se trata. Para los sectores conservadores y la extrema derecha es más bien un pretexto, una justificación. Que vuelva el totalitarismo es culpa de la izquierda, difunden, por priorizar a los ismos (el feminismo, el ecologismo, el animalismo…) frente a la cuestión social, como si alguna vez las derechas hubieran simpatizado y defendido a la clase obrera y a los más desfavorecidos. Es un argumentario que, con diferencias y matices, naturalmente, comparten sectores de la izquierda nostálgicos del movimiento obrero, que no desapareció porque los trabajadores se hayan volcado con los movimientos sociales, sino por una progresión económica que impulsó a las clases medias, donde ahora vuelcan sus aspiraciones. Que esas aspiraciones no acaben colmadas y surjan las frustraciones sociales sí podría ser en cambio una de las causas de la ola reaccionaria.
La democracia está enferma desde hace tiempo, es cuestionada por los ciudadanos y demanda reformas
Resulta curioso que, aunque ya es un debate global, se olvide en relación al retroceso de la democracia la causa más obvia y natural: su propia crisis. La democracia está enferma desde hace tiempo, es cuestionada por los ciudadanos y demanda reformas que, al no aplicarse, empeoran la salud del menos malo de los sistemas hasta amenazar con el colapso total. Se nos está muriendo sin tratamiento alguno.
La democracia en todo el mundo, el occidental y más desarrollado, pero no solo, tiene muchos problemas, un par de ellos graves. El primero es su propia deriva, su degeneración. Desde hace ochenta años, cuando finalizó la II Guerra Mundial, la ciudadanía en los países democráticos progresó muchísimo y se hizo más exigente, mientras que el sistema democrático no hizo más que retroceder. O convertirse en impermeable a los cambios sociales que demandan reformas de fondo, lo que viene a ser lo mismo.
La confianza entre gobernantes y gobernados se quebró, y los ciudadanos no ven a la clase política como un aliado, sino como a un enemigo y uno de los grandes problemas de la sociedad, que ya no le reconoce el papel de intermediación. Al margen de las controversias ideológicas y la pugna electoral, los políticos se han convertido en una casta que prioriza sus intereses sobre los generales y carecen absolutamente de credibilidad. Es cierto que toda generalización es injusta y que hay diferencias y matices, pero también que la clase política ha dado razones al pueblo para esa descalificación colectiva.
En todo este periodo se fue difuminando hasta desaparecer la separación de poderes y la independencia del judicial. ¿Qué democracia es ésta en la que presidentes como Biden o Trump nombran directamente a los jueces por afinidades políticas, o los destituyen si osan plantearles problemas como es el caso del actual inquilino de la Casa Blanca? En España esa separación entre el poder judicial y el ejecutivo desapareció en 1985 cuando el PSOE reformó el sistema de elección de los miembros del CGPJ para convertirlo en un cambalache entre los dos grandes partidos. El responsable directo fue Alfonso Guerra, que presumía de asesinar así a Montesquieu. Desde entonces los jueces saben que para llegar al CGPJ, al Tribunal Supremo, al Constitucional o a la presidencia de un Tribunal Superior de Justicia tienen que pasar por el filtro ineludible de los dos grandes partidos, que deciden en función de conveniencias y afinidades políticas, no de criterios profesionales. El gobierno garantiza el control del poder judicial y la oposición puede hacer nombramientos “por la puerta de atrás”, como decía un dirigente del PP tras uno de esos cambalaches pactados.
¿Cómo se puede consentir a estas alturas la pervivencia del régimen de aforamiento, vigente en España para cualquier político y cargo público? Una decisión tomada cuando aparecía la democracia y era necesario proteger a los políticos se volvió contra ella hasta acabar con uno de los pilares de la Justicia: la igualdad. Por no salirnos de nuevo de España, aunque el ejemplo es válido para otros muchos países, es constatable que aquí hay tres clases de ciudadanos ante la ley: los Reyes, el actual y el Emérito, que tienen total impunidad, los políticos, que son juzgados por quienes son nombrados por ellos, y el resto de los ciudadanos, los únicos que no gozamos de privilegio alguno ante los tribunales o Hacienda.
Tampoco resiste una comprobación con la realidad aquel axioma de un hombre (o una mujer) un voto, vinculado a las democracias y los procesos electorales. Sin entrar en irregularidades y fraudes en muchos lugares, y no solo Rumanía, las leyes electorales impiden que se cumpla ese precepto igualitario entre los votantes, algo que pasa desde los Estados Unidos, donde a veces no gobierna quien gana, a cualquier país europeo, incluyendo España, donde el sistema electoral favorece a los grandes partidos. Ir hacia sistemas más proporcionales, o absolutamente proporcionales, como podría entender la razón democrática, es un ensueño, como la llegada de listas electorales abiertas que permitirían a cada votante elegir a el candidato deseado al margen de las listas cerradas, eliminando así en buena parte los abusos de la partitocracia. O la limitación de mandatos, a un máximo de ocho años, por ejemplo, que limitaría los vicios de la profesionalización de la política.
En cuanto a otros esenciales vigilantes de la salud democrática que deberían suponer un contrapoder, los medios de comunicación, su falta de independencia los ha convertido en un poder más, dependiente del político y el económico. Y esa aberración que tanto propagan neofascistas como Elon Musk, la muerte del periodismo en la ciénaga de mentiras y turbias operaciones antidemocráticas en que se ha convertido Internet, no ha hecho otra cosa que contaminar aún más el espacio mediático.
El segundo gran problema de la democracia es su pérdida de utilidad, especialmente para los jóvenes que nunca conocieron otro sistema. No lo aprecian mucho, porque poco les da en relación a sus aspiraciones vitales, lastradas por una avería seria y prolongada del ascensor social. Condenados a sueldos bajos y a la explotación, a no poder tener un horizonte vital como el de sus padres ni a acceder a la vivienda, los jóvenes no encuentran motivos para confiar en una democracia en la que no creen. Ahora en España son el primer apoyo electoral de la extrema derecha.
La calidad democrática se fue reduciendo, ahora es pésima y por ello su credibilidad también se ha resentido. Las reformas imprescindibles hace tiempo que ni están ni se les espera y además ya parecen imposibles. La casta política de la partitocracia ha secuestrado al Estado y a las instituciones democráticas. A ella correspondería la iniciativa reformista y nunca la abordará, porque se haría una especie de harakiri como el de las Cortes franquistas en 1976.
Por este gran agujero negro que ha provocado la deriva y la degeneración democrática se ha colado la extrema derecha. Rumanía es el último ejemplo. Georgescu no se podrá presentar a las elecciones de mayo, pero es el político rumano con más futuro y lo extraño sería que no llegue a gobernar pronto, sumando otro país conquistado por la extrema derecha en Europa. Si lo que queda de democracia pervive en Rumanía y no vemos que la anulación definitiva sea la de la cita con las urnas.
