A punto de cumplirse el plazo para que el Gobierno asturiano decida si declara de interés estratégico la mina de oro de Salave, el proyecto, que evalúa la Agencia SEKUENS, entra en una fase decisiva. Mientras la empresa promotora, Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), insiste en presentarlo como una oportunidad para el occidente asturiano, crece la movilización vecinal contra una explotación que la mayoría del pueblo considera innecesaria, insostenible y de impacto irreversible. Lo que se resuelva en los próximos días podría marcar el rumbo definitivo del conflicto.
Como ya ha sido ampliamente difundido, EMC, filial de Black Dragon Gold, ha solicitado que la iniciativa para explotar la mina de oro de Salave, en el concejo asturiano de Tapia de Casariego, sea declarada de interés estratégico por el Gobierno del Principado, en virtud de una nueva ley que permitiría sortear el rechazo del Ayuntamiento, gobernado actualmente por el PP y anteriormente por el PSOE. También busca legitimar su propuesta con el argumento de la creación de empleo, una promesa que los promotores repiten desde hace casi dos décadas y que es rebatida por voces expertas y vecinales.
“La minería de oro ya no responde a una necesidad social. Lo que hay es una especulación pura y dura”, sostiene la geóloga Beatriz González, profesora en la Universidad de Oviedo y miembro de Ecoloxistes n’Aición, que lleva años analizando los sucesivos proyectos presentados para reabrir Salave. “Ahora mismo el precio del oro está subiendo una barbaridad en bolsa. Eso es lo que explica este repunte del interés”, afirma. Desde su punto de vista, el oro que ya ha sido extraído durante décadas, almacenado en lingotes, joyas o dispositivos electrónicos, es más que suficiente para satisfacer las necesidades industriales o médicas actuales. “Hablar de este proyecto como estratégico es una barbaridad. No responde a ningún interés colectivo”, remata.
La geóloga también cuestiona que el yacimiento de Salave sea, como repite la empresa, uno de los más importantes de Europa. “Es un yacimiento interesante, sí, pero que sea el mayor es algo que no pueden demostrar. Yo creo que ni siquiera tienen los datos suficientes para afirmarlo con seguridad”, señala. Y más allá de esa disputa geológica, insiste en que lo verdaderamente relevante es el impacto ambiental y social que conllevaría la apertura de la mina.
Impacto ambiental y modelo extractivo
El proyecto presentado por EMC plantea una explotación subterránea, con vertidos tratados a través de un emisario submarino al mar. Beatriz González no se muestra convencida por las garantías ofrecidas. “Los vertidos van a contener metales pesados. Aunque los traten, eso va a una zona de pesca sostenible, rica en pulpo”, advierte. Otro punto crítico es el destino de las lagunas de Salave, formadas tras las explotaciones de la época romana y convertidas hoy en ecosistema protegido. “Para excavar en seco van a tener que drenar esas lagunas. Se van a secar”, explica. Además, quedarán escombreras con residuos tóxicos cuyas consecuencias perdurarán mucho más allá de los 13 o 15 años que duraría la extracción. “Y cuando la empresa se vaya, ¿quién lo controla? El sector público, claro. Lo pagamos entre todos”, sentencia.
Las dudas sobre la viabilidad ambiental del proyecto se suman a su compleja historia legal. Daniel, miembro de la Plataforma Vecinal Oro No, que lleva movilizándose desde 2005, lo resume con claridad: “Desde ningún punto de vista este proyecto es viable. El ordenamiento urbanístico de Tapia lo impide y el autonómico tampoco lo permitiría”. Daniel recuerda que “han pasado ya cuatro empresas diferentes por este proyecto, todas extranjeras, con sede fuera y cotizando en bolsas extranjeras. Si algo sale mal, vete a buscarles”.
“Aquí hay gente que vota a Vox y otros a Podemos, pero estamos todos unidos contra esto”
Desde la plataforma insisten en que no se trata de una cuestión ideológica. “Aquí hay gente que vota a Vox y otros a Podemos, pero estamos todos unidos contra esto”, afirma. La oposición, asegura, no se limita a unos pocos activistas. El Ayuntamiento, primero con el PSOE y ahora con el PP, ha rechazado sistemáticamente la recalificación del suelo necesaria para llevar a cabo el proyecto. La iniciativa de EMC, insisten, no cuenta con el respaldo institucional ni con el vecinal. “En Tapia prácticamente nadie te dice que está a favor de la mina”, resume Daniel.
El argumento del empleo: ¿una promesa inflada?
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la empresa y sus defensores, incluidos sindicatos como USO o el SOMA-FITAG-UGT, es la generación de empleo. Se habla de entre 150 y 200 puestos de trabajo directos y hasta 1.000 indirectos. Pero para quienes se oponen al proyecto, estas cifras son engañosas. “Siempre prometen empleo, pero luego se queda en la mitad de la mitad”, denuncia Daniel. “Y además nadie habla del empleo que se destruye: en la ganadería, la agricultura, el turismo… Nosotros no existimos para ellos”.
Beatriz González comparte esta crítica: “Van a ser en todo caso unos pocos puestos de trabajo y por unos pocos años. ¿Y después qué? Cuando la minería cese, se acaban también esos empleos. Mientras tanto, pones en riesgo actividades que ya funcionan y son sostenibles”. La profesora defiende que si realmente se quiere reindustrializar el occidente asturiano, deben buscarse alternativas menos agresivas. “No todo vale por un empleo”, afirma. También lamenta que determinados sindicatos se limiten a defender cualquier proyecto que prometa ocupación. “Es lo mismo que defender fábricas de armas: no se trata solo de crear empleo, sino de qué tipo de empleo”.
Una tramitación opaca y una estrategia comunicativa cuestionada
La tramitación del proyecto está actualmente en manos de la Agencia SEKUENS, entidad pública del Principado de Asturias, responsable de evaluar si el proyecto para explotar la mina de Salave cumple los requisitos para ser declarado de interés estratégico. Desde la plataforma Oro No denuncian que, pese a estar legalmente reconocidos como entidad interesada, no reciben información directa. “Toda la información que tenemos es por la prensa. El Principado no nos da ni agua”, dice Daniel. “SEKUENS es una caja negra. No sabemos qué se cuece ahí dentro”.
El plazo para resolver la petición de EMC expira el 30 de marzo
El plazo para resolver la petición de EMC expira el 30 de marzo ya que el organismo tiene tres meses para pronunciarse desde el registro la solicitud. “Creemos que esto se va a resolver en breve, pero puede que pasen días y no sepamos nada, porque igual han detenido la tramitación por algo interno y no lo sabemos”, advierte Daniel.
La solicitud de EMC se enmarca en la reciente Ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado, aprobada recientemente, que permite a determinadas iniciativas económicas, si cumplen ciertos requisitos de inversión, empleo o impacto territorial, ser tramitadas de forma preferente y abreviada. Esta ley otorga al Gobierno autonómico la capacidad de declarar un proyecto como estratégico, lo que puede permitirle sortear obstáculos normativos locales, como la negativa del Ayuntamiento de Tapia a recalificar los terrenos donde se ubicaría la mina. Desde la Plataforma Oro No, critican que esta ley pueda utilizarse para imponer un proyecto impopular e inviable por la vía rápida, vulnerando la voluntad democrática expresada tanto por el consistorio como por la mayoría social de la zona.
La ley asturiana que abre esta posibilidad se inspira parcialmente en otras normativas autonómicas similares. Como recordábamos en NORTES hace unos días, uno de los referentes más cercanos es el caso de Galicia, donde la Xunta otorgó la declaración de proyecto estratégico a la planta de celulosa de Altri, pese a una contestación social masiva. En aquel caso, como aquí, la simplificación de trámites y la agilidad en los plazos administrativos se presentaron como incentivos para atraer inversión, pero fueron criticados por facilitar la aprobación de proyectos con fuerte impacto ambiental y escasa aceptación vecinal. Leer el reportaje completo.
En paralelo, mientras EMC insiste en que el proyecto cuenta con apoyo local, ha surgido una asociación llamada IDOA, que se ha mostrado favorable a la mina y ha recogido firmas a su favor. Sin embargo, su actividad es, cuando menos, poco transparente. Aunque se presenta como una voz ciudadana, apenas tiene presencia pública verificable. Nortes ha investigado su trayectoria y constatado una serie de incongruencias y sombras sobre su origen y su representatividad vecinal, que serán abordadas en un reportaje independiente.
Una visión sin obstáculos en los informes para inversores
La forma en que la empresa promotora comunica el proyecto difiere notablemente según el público al que se dirige. En sus informes para inversores, Black Dragon Gold proyecta una imagen de avance sostenido, sin referencias a la oposición vecinal ni a barreras legales relevantes. En el documento titulado September 2024 Unaudited Financial Statement and MD&A, publicado el 8 de noviembre de 2024 en su web corporativa, la compañía afirma mantener “comunicación constante con el Gobierno del Principado de Asturias” para avanzar tanto en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como en los “cambios de uso del suelo” necesarios para el desarrollo del proyecto. También se expone la estrategia de su filial española, Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), en relación con los permisos de investigación y la conversión parcial de estos en concesiones mineras.
En ese mismo documento se alude directamente a los “cambios de zonificación relevantes”, una expresión, traducida literalmente, que puede interpretarse como referencia a la solicitud de declarar la actividad como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), mecanismo legal que permitiría sortear el rechazo del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. El tono general en el documento señalado es marcadamente optimista, diseñado, eso sí, para generar confianza entre los accionistas.
Esa misma narrativa se observa en presentaciones anteriores. En septiembre de 2019, la compañía publicó una Corporate Presentation en la que explicaba abiertamente su intención de utilizar la Ley de Proyectos Estratégicos como vía de desbloqueo frente al “rechazo municipal”, elevando el caso incluso al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La empresa confiaba en una resolución favorable. En ese documento también se incluía una referencia a las tareas de community relations asignadas a EMC, un término habitual en el lenguaje corporativo anglosajón que puede abarcar desde contactos institucionales y campañas de reputación hasta colaboraciones con colectivos locales, lo que en determinados contextos puede incluir apoyos indirectos o estrategias de visibilidad en los medios de comunicación.
La próxima cita: 19 de abril en el puerto
Mientras tanto, la oposición no cesa. La Plataforma Oro No ha convocado una nueva concentración para el próximo sábado 19 de abril a las 12:00 horas en el puerto de Tapia de Casariego. Se espera una asistencia masiva. “Llevamos años saliendo a la calle y lo seguiremos haciendo”, afirma Daniel.
El caso Salave vuelve así al primer plano, no solo como un conflicto local, sino como un ejemplo de los límites de un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos, impulsado desde fuera, con promesas discutibles y consecuencias difíciles de revertir. Lo que está sobre la mesa no es solo una mina, sino qué tipo de futuro merece el occidente asturiano.
