La pastelería La Suiza ya estaba en venta antes del conflicto laboral que ha terminado con una multa de 125.000 euros y la condena a tres años de prisión para seis sindicalistas de CNT. La información económica a la que ha tenido acceso NORTES desmonta los argumentos de la acusación para culpar a los sindicalistas de la ruina de un negocio que en 2016 ya daba muestras de escasa viabilidad.
Conforme a la declaración de la renta, en estimación directa, del matrimonio formado por el pastelero (querellante) y su esposa, correspondiente al ejercicio 2016, el anterior al conflicto laboral (que se inicia a finales de abril de 2017), obtuvieron el siguiente resultado: ingresos de 130.126,02 € y unos gastos totales de 110.441,97 € lo que arroja un resultado de 19.684 € de ingresos anuales.
Fueron estos malos resultados los que llevaron a la pareja a pedir un préstamo y poner en venta la pastelería, que en mayo de 2016 se oferta en un portal inmobiliario por 325.000 euros.



En junio de 2016, VALTENIC, entidad especializada en tasación inmobiliaria, hace una tasación del local de La Suiza, a petición de sus propietarios, y rebaja su valor de mercado a 216.494 euros.
En abril de 2017 estalla finalmente el conflicto laboral, pero ni las protestas frente al negocio, ni la campaña de CNT contra este tendrán impacto alguno en la venta del local, que finalmente se vende en septiembre de 2017 por 212.500 euros, 2.500 menos que la tasación realizada por VALTECNIC.

A pesar de todos estos datos económicos, cuando finalmente llega el juicio, en junio de 2021, el magistrado Lino Mayo asume íntegramente el relato del pastelero arruinado por la CNT e impone además de las condenas de prisión por coacciones y obstrucción a la justicia, una fuerte indemnización de 125.000 euros, en parte por los supuestos daños económicos causados por la acción sindical.
NORTES ha conocido también que tras cerrar su negocio en Xixón la familia de La Suiza fundada en 2018 una nueva sociedad limitada XANGO 2018, para explotar un nuevo negocio de repostería en el casco histórico de Oviedo/Uviéu.
Otro cabo suelto en el relato de la familia pastelera arruinada por los sindicalistas de la CNT es cómo pudieron contratar los servicios legales de Javier Gómez Bermúdez, uno de los más caros de España, miembro del prestigioso despacho Ramón y Cajal. Una incógnita que todavía no ha sido despejada y que supone otro agujero en el relato de una familia arruinada por los sindicalistas.



























