Durante el último año se ha intensificado en Asturias una campaña política, empresarial y mediática para que la Universidad de Oviedo participe en proyectos vinculados a la industria de la defensa. La institución mantiene desde 2003 en sus estatutos la prohibición de realizar investigación con fines bélicos. Fue un rescoldo de la sensibilidad pacifista nacida del movimiento contra la guerra de Irak, un movimiento internacional que tuvo especial fuerza en las universidades españolas. Hoy, en pleno rearme europeo, las presiones se están intensificando para que las universidades públicas participen en los proyectos vinculados a la floreciente industria bélica, con un peso creciente en Asturias.
Qué dicen los Estatutos y cómo se cambiarían
Los Estatutos vigentes de la Universidad de Oviedo, aprobados por el Decreto 77/2024 en adaptación a la LOSU, reiteran en su artículo 138.6 que “la Universidad no financiará ni participará en líneas de investigación relacionadas con fines bélicos”. No es una novedad coyuntural: la misma línea roja figura ya en los Estatutos de 1985 (art. 5.j) y se mantuvo en los de 2010 (art. 131.5). Cualquier cambio requeriría reforma estatutaria (iniciativa universitaria, aprobación por el Claustro y validación por el Principado mediante decreto y publicación oficial).
En 2003, once universidades públicas incorporaron cláusulas de exclusión de investigación con fines militares en el marco de la campaña de la Fundació per la Pau. Dos décadas después, varios campus han abierto o culminado reformas estatutarias: la UAB aprobó en marzo de 2025 unos nuevos Estatutos que renuncian a la investigación orientada directamente a finalidades militares; la UB tramita su nuevo Estatuto con fases de enmiendas y participación abiertas; y la UAM mantiene en marcha su reforma 2024–2025. Estos procesos reabren el debate sobre cómo redactar y aplicar las cláusulas de investigación en cada universidad.
En paralelo, la presencia universitaria española en el Fondo Europeo de Defensa (FED) es elevada: un balance reciente del Centre Delàs cifra 14 universidades públicas con 35 participaciones acumuladas en las convocatorias 2021–2024, situando a España entre los países con mayor implicación.
Dónde traza la línea la Universidad (y el caso TICHE)
La Universidad de Oviedo sostiene que la prohibición estatutaria se refiere a fines bélicos; por tanto, no veta por sí misma proyectos de seguridad o de doble uso siempre que superen la evaluación ética y jurídica. Ese límite se ha puesto a prueba con TICHE, un proyecto del Fondo Europeo de Defensa (convocatoria 2022) orientado a desarrollar una multiplataforma de UGV/UAV y sensores para la detección de IED y minas, de 48 meses y alrededor de 5 millones de euros, coordinado por RINA Consulting–CSM con socios en Italia, Alemania, Chipre, Grecia y España (por España, Universidad de Oviedo, UAV Navigation-Grupo Oesía y Mobility Ion Technologies).
La controversia se concentra en la participación de Intracom Defense (Grecia), controlada mayoritariamente por Israel Aerospace Industries (IAI); a raíz de ello, la Universidad comunicó que no autorizará la transferencia de resultados del proyecto a la empresa israelí del consorcio.
El debate interno arrancó en marzo de 2024, cuando el proyecto fue elevado al Comité de Ética. En junio, el Comité de Política Universitaria acordó analizar sus implicaciones éticas y escuchó comparecencias. El 26 de julio de 2024, el Consejo de Gobierno decidió mantener la participación de la Universidad en TICHE; la decisión tuvo respuesta inmediata en el Edificio Histórico con protestas y encadenamientos, y el Consejo de Estudiantes hizo público un posicionamiento crítico con voto particular. Tras ese verano, la apertura de curso volvió a celebrarse en un clima de concentraciones y reproches a la continuidad del proyecto.
El frente jurídico se abrió el 26 de febrero de 2025, cuando la plataforma UniOvi por Palestina presentó un recurso contencioso-administrativo y solicitó medidas cautelares, alegando que TICHE tiene finalidad bélica y choca con el artículo 138.6 de los Estatutos. En mayo de 2025, la Universidad trasladó que el Comité de Ética no apreciaba contradicción estatutaria en los objetivos del proyecto y precisó la salvaguarda de no transferir resultados a la parte israelí. La controversia continuó en septiembre de 2025: el día 5, durante la apertura de curso, se registraron protestas ante el Edificio Histórico y el rector se refirió a la ofensiva en Gaza como “genocidio”.
La Cámara de Comercio eleva la presión (y se refuerza desde las tribunas)
El 20 de julio de 2025 la Cámara de Comercio de Oviedo llevó el debate a portada: su presidente, Carlos Paniceres, afirmó en una entrevista en La Nueva España que “la Universidad de Oviedo vive en una burbuja” y que “no colabora para que llegue la industria de defensa”, sugiriendo que, si la pública no entra, lo hará una privada.
La Universidad de Oviedo replicó al día siguiente con un comunicado: “No vivimos en una burbuja; generamos más del 80% del I+D+i de Asturias” y “por cada euro invertido en la Universidad, retornan tres al territorio”. Además, precisó que el veto estatutario afecta a fines bélicos, no a otras líneas de seguridad o defensa sujetas a evaluación ética.
Lejos de apagarse, el mensaje empresarial se reiteró hace unos días con un nuevo artículo de opinión de Paniceres en La Nueva España (“El futuro no se espera”), en el que subraya la “oportunidad” para Asturias ligada a la industria de defensa. La propia Cámara difundió la pieza en sus redes sociales.
En el plano editorial, el 10 de julio de 2025 La Nueva España publicó la tribuna “Una zancadilla a la industria regional. La Universidad de Oviedo, en contra del sector de la Defensa en Asturias”, firmada por Ignacio Blanco Urízar —abogado, ex presidente de Vox en Asturias y ex diputado autonómico (2019–2022)—, que presenta la cláusula estatutaria como un freno a la captación de inversiones y transferencia tecnológica.
Marco institucional del Principado (PSOE)
En paralelo al discurso empresarial, el Gobierno del Principado ha desplegado durante el último año una agenda de impulso y recursos públicos para anclar en Asturias un polo de defensa. La Consejería de Ciencia, a través de Sekuens y Asturex, llevó a la comunidad a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) 2025, en Madrid, con stand propio y agenda de reuniones, y ha organizado misiones y jornadas para conectar pymes locales con convocatorias europeas y cadenas de suministro del sector.
Ese escaparate se articula alrededor del Asturias Hub Defensa, una asociación que agrupa más de medio centenar de empresas y que el Ejecutivo autonómico ha presentado como pieza clave de una estrategia de reindustrialización. En sus comunicaciones se insiste en el empleo cualificado asociado al clúster —entre 2.600 y 3.000 puestos directos e inducidos, según estimaciones difundidas por los propios promotores— y en la capacidad tractora sobre metalurgia, electrónica, robótica o ciberseguridad.
El caso Indra ha reforzado ese marco. La multinacional formalizó el 30 de julio de 2025 la compra de “El Tallerón” (Gijón) a Duro Felguera para convertirlo en centro de producción de vehículos terrestres, con subrogación de plantilla y el anuncio de nuevas capacidades. El Principado saludó la operación y anunció que estudiaría su tramitación como Proyecto de Interés Estratégico para acelerar permisos y canalizar apoyos.
En conjunto, no constan actos formales del Gobierno autonómico instando a modificar el artículo 138.6 de los Estatutos. No obstante, las actuaciones descritas —promoción del clúster, presencia en ferias y apoyo a inversiones— coinciden temporalmente con llamamientos públicos desde ámbitos empresariales y tribunas de opinión para incrementar la colaboración universidad-empresa o revisar la cláusula sobre investigación con fines bélicos. Todo ello delimita el contexto en el que se discute el papel de la Universidad.
Con el artículo 138.6 como marco, el debate asturiano coincide con el refuerzo del Fondo Europeo de Defensa y nuevas líneas de la BEI. El desenlace dependerá de hechos medibles: si el Claustro abre o no una reforma estatutaria, la evolución del contencioso sobre TICHE, los protocolos de ética, objeción y transferencia, y el aterrizaje de los programas europeos en la región.
