En España la vivienda ya no es solo un bien de primera necesidad: es, como advierte Javier Burón (Bilbao, 55 años), una “bomba de relojería que amenaza con romper el país en dos”. Lo dice alguien con amplia experiencia en gestión pública: fue viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco entre 2003 y 2009, desempeñándose en la línea ejecutiva; dirigió la política de vivienda en Barcelona como gerente de Vivienda del Ayuntamiento desde junio de 2015 hasta julio de 2023, durante la alcaldía de Ada Colau; y actualmente es director gerente de NASUVINSA, la empresa pública de suelo industrial, vivienda y cohesión territorial del Gobierno de Navarra, cargo que ocupa desde octubre de 2023.
Burón estará este viernes a las 19h en la Cámara de Comercio de Oviedo con el consejero Ovidio Zapico presentando “El problema de la vivienda” (Arpa, 2025), un libro en el que resume dos décadas de gestión y lanza una propuesta clara: avanzar hacia un 30% de vivienda gestionada bajo lógicas no de mercado, como ya ocurre en varios países europeos. Habla pausado y pedagógico, recurriendo a ejemplos generacionales para explicar la fractura: los boomers compraban con un sueldo; los jóvenes de hoy comparten piso o sobreviven en alquiler caro.
Su tesis es clara: la vivienda debe dejar de ser mercancía y tratarse como un derecho básico. Blindar lo público y movilizar lo vacío, con un Estado fuerte al frente, es para él la única salida.
Habla en su libro de la crisis de la vivienda como una bomba de relojería que amenaza con romper el país en dos. ¿Qué dato o realidad concreta le hace afirmar que estamos ante una urgencia social de primer orden?
Bueno, que no vivimos el fenómeno inmobiliario de la misma manera, sobre todo entre generaciones, y también hay diferencias territoriales. Si habla con gente de treinta y tantos años para abajo, especialmente en áreas metropolitanas densas, ve que experiencias vitales vinculadas a la vivienda, que para generaciones anteriores eran habituales, ahora resultan extrañas o directamente inalcanzables.
¿Puede poner un ejemplo de esa diferencia generacional?
Yo tengo 55 años, soy generación X, y mis padres son boomers, gente de clase trabajadora que luchó, progresó y se esforzó mucho. Entre la gente de la edad de mis padres lo normal era que, con un solo sueldo, una pareja pudiera comprar una vivienda. Y muchos incluso tienen segunda residencia. No hago crítica de ello, fue fruto de un tiempo y de un modelo político-inmobiliario que los benefició. Mi generación, en general, hemos sido propietarios de una sola vivienda, que en muchos casos todavía estamos pagando. Pero cuanto más baja en la escala generacional, más gente vive de alquiler y menos es propietaria. Entre jóvenes trabajadores, sobre todo en zonas urbanas, lo habitual es compartir piso o vivir de alquiler. Estamos creando una situación muy compleja desde el punto de vista residencial, cargando las mayores dificultades sobre el segmento de población que constituye la columna vertebral de nuestro sistema productivo: quienes tienen entre 20 y 40 años. Y eso es resultado de políticas públicas no hechas o mal hechas durante décadas. Es un problema estructural que puede acabar colapsando España.
Propietarios, rentistas y especuladores
Si tuviera que convencer a un boomer o a alguien de la generación X, a un propietario de Gijón por ejemplo, de que bajar el precio de la vivienda también le beneficia, ¿qué argumento usaría?
Que los mercados estables, donde se obtienen rendimientos seguros y tranquilos, funcionan mejor a medio y largo plazo que los mercados tensionados. La tensión significa mucha presión y beneficios, pero también inestabilidad.
En su libro diferencia entre propietario, rentista y especulador. ¿Por qué es importante esa distinción?
Un propietario es simplemente quien vive en su vivienda o tiene una segunda residencia. Un rentista vive fundamentalmente de las rentas del alquiler, tiene activos que trabajan por él. Y un especulador es quien busca exprimir al máximo cada inmueble. A quienes son propietarios les diría que les va a ir mejor si los precios son más estables y están ligados a salarios e ingresos reales. Y, sobre todo, que así también les irá mejor a sus hijos, nietos y sobrinos. En este juego generacional hay propietarios poniéndoselo muy difícil a inquilinos que son muchas veces de su propio entorno familiar o de amistades. Se trata de renunciar a una parte del beneficio para enfriar el mercado y acercar precios a la capacidad adquisitiva de la gente. Eso no significa perder la fuente de ingresos, sino tenerla de forma más equilibrada y sostenible.
El horizonte del 30/30/30
Dice que España no necesita más viviendas privadas, sino un gran parque público y asequible. ¿Qué volumen de viviendas públicas realista es posible alcanzar en 2030 y 2035?
A medio plazo, con los niveles actuales de producción, no demasiado. En el libro hago una provocación sin calendario: que sería bueno que un 30% de las viviendas se gestionaran bajo una lógica que no sea de mercado. Es decir, que las familias pudieran pagar un 30% menos que el precio de mercado y que el coste no superara el 30% de sus ingresos.
¿Por qué fijar ese umbral del 30% y no otro?
En muchos países europeos con políticas potentes de vivienda pública y colaboración público-privada, los porcentajes están alrededor de esa cifra. La idea es que de cada tres viviendas, una se gestione bajo reglas no de mercado.
¿Y ese 30% debería alcanzarse solo con vivienda pública o también con fórmulas mixtas?
Hay muchas fórmulas: vivienda pública y privada pero protegida de por vida, como ocurre en Euskadi desde 2003, en Catalunya o en Navarra. Viviendas gestionadas por entes públicos, por cooperativas, por fundaciones, incluso con ánimo de lucro limitado, en alquiler social o asequible, en derecho de superficie o en cesión de uso. Lo importante es que tengan precios inferiores al mercado y sean siempre asequibles. Y que no sean solo para personas en riesgo de exclusión, sino también para capas amplias de población trabajadora.
¿Qué hace falta para que España dé ese salto estructural?
Quien diga que en 2030 tendremos un 30% de vivienda asequible es poco responsable. El reto no es tanto producir X viviendas como crear una infraestructura y un ecosistema de proveedores. Es un cambio estructural, como en su día lo fueron la sanidad pública, la educación o las pensiones. España no es un país pobre ni tecnológicamente atrasado, ni carece de profesionales. Podemos hacerlo, pero requiere voluntad política, consenso y recursos. Mientras se construye ese ecosistema, hace falta tomar medidas a corto plazo, porque no le puede decir a alguien de 25 años que su problema se resolverá cuando tenga 40.
Lecciones de Euskadi para Asturias
En Euskadi se blindó la vivienda protegida para que no pasara al mercado libre y se puso en marcha Bizigune para captar viviendas vacías. ¿Qué lecciones de ese modelo se podrían aplicar en Asturias? ¿Y qué errores se deberían evitar?
Creo que hay instrumentos de intervención en vivienda, habituales en Euskadi y Navarra y hasta cierto punto en el área metropolitana de Barcelona, que podrían implantarse en otros lugares sin grandes dificultades técnicas. Bizigune, el programa de movilización de vivienda vacía, puede funcionar en muchos sitios. ¿Qué requiere? Presupuesto, porque cuesta dinero —aunque no es un programa especialmente caro comparado con otros—, un equipo de profesionales especializados que hagan seguimiento, y diálogo con el mercado. Sé que me pregunta por Asturias porque está en los planes del consejero de Vivienda del Principado. No hay inconveniente en hacer algo parecido si hay medios, compromiso, presupuesto y respaldo social. Además, es importante que los cambios de gobierno impliquen ajustes menores, pero que el núcleo del sistema sea compartido.
¿Qué otras herramientas de política de vivienda pueden extenderse fácilmente?
Reservas legales de suelo para vivienda protegida, sistemas de inscripción de demanda y adjudicación, producción de diferentes tipos de vivienda protegida desde el sector público e incentivando al privado, o programas de movilización de vivienda vacía. Después, cada lugar necesita su ajuste. Yo no me atrevo a dar una opinión rotunda sobre Asturias porque no la conozco en profundidad, pero el libro me está permitiendo presentarlo en muchos lugares y ver cómo cada comunidad tiene sus acentos: con más o menos turismo, con más o menos segunda residencia, con más industria o más dependencia del inmobiliario.
Control de alquileres y zonas tensionadas
En Cataluña se lleva más de un año aplicando topes al alquiler en zonas tensionadas. ¿Qué mensaje daría a un alcalde asturiano que teme que esa medida reduzca la oferta de pisos?
Lo primero es leer los informes oficiales de los sitios donde ya se han implantado y no consumir la “contaminación” informativa que circula. No solo hablamos de Cataluña: esto ha ocurrido en muchas ciudades alemanas, francesas, holandesas o escandinavas. Nuestro sistema es una mezcla entre el alemán y el francés.
¿Qué resultados concretos han dado estos modelos en Europa?
Sus efectos son claros: limitan el crecimiento de precios e incluso provocan bajadas a corto plazo. Es como bajar la presión de una caldera.
“Quien esté en contra de las zonas tensionadas y del control de alquileres tiene la obligación moral de explicar qué propone en su lugar”
¿Dónde estuvo el fallo en la aplicación en España?
El error en España fue no haber regulado también el alquiler de temporada, lo que ha provocado que parte de la oferta se desplace hacia ese mercado. El alquiler temporal no es ilegal: sirve para estudiantes o trabajadores temporales. Lo que no se puede es usarlo fraudulentamente. Ahí corresponde a las administraciones inspeccionar y sancionar.
¿Qué pasa con la oferta de alquiler en las zonas tensionadas?
En los sitios donde se aplican estas medidas no baja el número de familias que viven de alquiler, al contrario, sube. Y si sube el stock de familias que alquilan, es porque la oferta también crece. Otra cosa es que esa oferta no siempre pase por Idealista o grandes portales, sino por inmobiliarias locales u otros canales. A un alcalde o alcaldesa asturiana le diría: si asumimos que crear un parque público y público-privado de vivienda social y asequible va a llevar décadas y miles de millones, es moralmente exigible ofrecer también soluciones a corto plazo. No hacer nada no es una opción. Quien esté en contra de las zonas tensionadas y del control de alquileres tiene la obligación moral de explicar qué propone en su lugar. Y no vale con decir “construir más vivienda”, porque construir más sin más no abarata los precios de inmediato. Movilizar, comprar o promover vivienda asequible sí lo hace, pero tarda en desplegar efectos. Si no se ofrecen medidas a corto plazo, lo que se le está diciendo a 13 o 14 millones de españoles es que han nacido en mala época y que durante gran parte de su vida adulta no habrá plan para ellos.
Sareb, SEPES y la gestión estatal
El Gobierno ha traspasado viviendas y suelos de la Sareb a SEPES para destinarlos a alquiler asequible. ¿Cómo se evita que se quede en un simple movimiento contable y se traduzca en llaves y contratos reales para la gente?
Que la Administración General del Estado cree una empresa pública propia de vivienda es una buena noticia, pero no va a cambiar el mundo de un día para otro. En España ya existen unas 160 empresas públicas de vivienda repartidas por el territorio. Es positivo que haya más instrumentos. Además, el Estado tiene patrimonio: suelos, edificios, viviendas de la Sareb. Eso le da capacidad de generar oferta, parte de la cual puede ser a corto plazo. SEPES recibirá viviendas en funcionamiento con inquilinos —unas 30.000 o 40.000— y suelos que promoverá directamente o en acuerdos con comunidades autónomas y empresas públicas locales. La situación no va a cambiar de arriba a abajo en cinco días, pero es mejor tener más herramientas que no tenerlas.
Decisiones difíciles e impopulares
Para terminar: ¿cuál ha sido la decisión más impopular que ha tomado en vivienda y que aún defiende?
Hay varias. Por ejemplo, exigir que quien vive en parque público de alquiler y tiene ingresos —comprobados con Hacienda o servicios sociales— pague su alquiler social. O actuar contra quienes son incívicos y generan problemas al resto de vecinos en promociones de vivienda protegida. Siempre intentamos acompañar, dar opciones, invertir horas y recursos. Pero si después de todo no cambian de comportamiento, hay que proceder al desahucio. Puede parecer impopular, pero es lo responsable: con los fondos públicos, con los vecinos y con el prestigio del parque público. Si no está bien gestionado y no tiene prestigio, nunca crecerá. Recuerdo cuando en Euskadi, hace años, con apenas 700 viviendas de alquiler público, desahuciamos a gente con ingresos suficientes que no pagaba. Un periódico nos hizo campaña en contra. Bien explicado, la gente lo entendió.
¿Qué otra decisión difícil recuerda?
Impulsar vivienda protegida de alquiler cuando casi todo el mundo quería construir para vender. Hoy ocurre al revés: parece que todo lo que no sea alquiler social está mal visto. Yo sigo defendiendo la mezcla: distintos regímenes de vivienda protegida conviviendo. Eso genera vecindarios diversos, más estables, con menos conflicto, y también da equilibrio financiero a las empresas públicas, porque unos proyectos compensan a otros.
También ha defendido la colaboración público-privada. ¿Por qué?
Es una tercera decisión que suele generar debate. Desde la izquierda se ve con buenos ojos la que se hace con cooperativas, pero no tanto con fundaciones o empresas. Yo defiendo que, con reglas y limitaciones claras, necesitamos de todas.
