CCOO de Asturies y de León han presentado este miércoles una declaración conjunta en la que exigen la supresión del peaje de la AP-66 (Huerna), por “ilegal, injusto y lesivo”, y llaman a la unión de ambos territorios, junto a sus agentes políticos, económicos y sociales, para poner fin a lo que consideran una “discriminación histórica” frente a otras comunidades autónomas.
Así lo han anunciado en la rueda de prensa ofrecida por los secretarios generales de la organización sindical de Asturias, José Manuel Zapico, y de León, Elena Blasco, tras la reunión mantenida en Oviedo/Uviéu por la delegaciones de ambos territorios en relación al peaje en la AP-66, una barrera “física y social que obstaculiza” el desarrollo económico, territorial y humano
CCOO considera que la continuidad del pago supone un “agravio” que penaliza a quienes dependen de esta conexión para su actividad laboral y económica, y exige que la reivindicación sea compartida por todas las fuerzas políticas y sociales.
El texto recuerda que la Comisión Europea cuestionó la prórroga de la concesión de la autopista al considerar que se otorgó sin concurso público, vulnerando los principios de transparencia, igualdad y libre competencia exigidos por la normativa comunitaria.
Misma doctrina que AP-9
Para el sindicato la extensión del contrato de prórroga “carece de base legal” y demanda que el Estado explore fórmulas como la rescisión de la concesión, a la vez que apunta que está colaborando con la Unión de Consumidores, quien prepara “ya acciones judiciales” para reclamar que en esta vía se aplique la misma doctrina del caso de la AP-9 tras una sentencia reciente del Tribunal Supremo que obliga a devolver el dinero cobrado a los usuarios durante las obras de esta vía.
El Gobierno central, según precisa la declaración conjunta “dispone de fórmulas legales y financieras” para suprimir el peaje, y añade que “asumió la gestión de autopistas en circunstancias similares”, a la vez que señala a la empresa concesionaria, Aucalsa, de no haber “dejado de cobrar” el peaje pese a estar la vía en obras.
José Manuel Zapico ha subrayado que el Gobierno de España tiene “una responsabilidad política ineludible” para anticiparse a la resolución judicial y eliminar el peaje “cuanto antes”, y ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que reivindique la supresión ante el Ejecutivo central.
También ha denunciado beneficios “desproporcionados” acumulados por Aucalsa gracias a una concesión “sin publicidad ni control”, que podría reportar más de 2.600 millones de euros si se mantiene hasta 2050.
Elena Blasco ha sostenido que el peaje del Huerna constituye “un boicot al desarrollo económico” de Asturias y León por una vía que circulan más de 10.000 vehículos diarios, con uno de los costes “más altos del país”, que agrava la “pérdida de competitividad” de ambas regiones.
Blasco ha comparado la situación con el peaje entre León y Astorga, que alcanza los seis euros por apenas 40 kilómetros, ejemplo de un modelo que debe de “revisarse por completo” para garantizar igualdad de oportunidades y cohesión territorial.
