El destino lo ha querido así. El mismo día en que los medios divulgaban a bombo y platillo que el Banco Santander había batido un nuevo récord de beneficios, con 10.000 millones de ganancias hasta septiembre (un 11% más), nos enterábamos de que la pobreza crónica aumentaba en España, alcanzando a 6,7 millones de personas, según datos de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y una democracia que se precie no debería permitir lo uno ni consentir lo otro.
La orgia de beneficios empresariales de los últimos días daría para más de un párrafo: el BBVA bate récord de ganancias, los gigantes tecnológicos disparan los beneficios, Indra gana casi 300 millones en lo que va de año, Amazon gana un 38% más (mientras planea ejecutar, por cierto, 1.200 despidos en España…). Solo con lo que ha cobrado Amancio Ortega por el dividendo de Inditex, 1.152 millones, daría para pagar el salario social básico en Asturies durante quince años.
La pobreza en España supera con creces la media europea desde hace décadas, y afecta cada vez más a la infancia: en 2024 la pobreza persistente entre niños y niñas se disparó del 16% al 20,6%, siendo el grupo más afectado, con notable diferencia sobre la población adulta, y el agravante de que nuestro país mantiene un débil sistema de protección social. A diferencia de otros países europeos, España no cuenta con una prestación universal por hijo a cargo.
En Asturies, considerando únicamente el nivel de ingresos, habría 158.000 personas en riesgo de pobreza (un 15,5% de la población, dos puntos y medio más que en 2008), de ellas 62.000 sufre pobreza severa. Son datos desoladores que revelan un fracaso social colectivo.
En Asturies hay en torno a un 10% de personas trabajadoras pobres, con empleos que no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas
Tener un trabajo tampoco nos protege de caer en la pobreza. En Asturies hay en torno a un 10% de personas trabajadoras pobres, con empleos que no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas. En los servicios públicos asturianos de empleo hay inscritas miles de personas que buscan otro trabajo para sustituir el que tienen, o complementarlo.
¿Cómo puede corregir esto una democracia? A través del pleno empleo con derechos y mejorando los ingresos de la clase trabajadora, con el incremento del salario mínimo y la subida de los salarios en la negociación colectiva. Y ¡ojo! esto solo lo podemos conseguir a través de un sistema democrático que garantice la igualdad de oportunidades y la libertad sindical.
Los salarios tienen que subir. Lo han hecho ya gracias al vigente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, pero tienen que hacerlo mucho más, porque apenas hemos recuperado parte del poder adquisitivo perdido. Y porque el IPC no incluye el alza de la vivienda (que en los dos últimos años ha subido diez veces más que los salarios), cuyo desorbitado precio está poniendo contra las cuerdas a la clase trabajadora y aumentando las situaciones de pobreza. De ahí el empeño del sindicato en blindar el acceso a una vivienda digna y asequible como un derecho subjetivo.
Al mismo tiempo, resulta imprescindible reforzar las medidas de protección social, como el salario social básico y el ingreso mínimo vital. En este sentido, es imperativo agilizar al máximo los trámites para sacar del laberinto burocrático a personas que necesitan esas prestaciones para sobrevivir.
Y, por supuesto, la injusticia y las desigualdades se corrigen con una política fiscal verdaderamente progresiva y redistributiva. Los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad que nos protege y se protege a sí misma. Son el seguro de vida de la mayoría social. Pero se está extendiendo de manera peligrosa el discurso de que pagamos muchos impuestos (lo cual es mentira) y hay que bajarlos. Es más, cuando habría que aumentar los ingresos para hacer frente a gastos crecientes (en transición energética, políticas de empleo y protección social o vivienda) las comunidades autónomas compiten por ver quién los recorta más, creando una perversa competencia fiscal. A pesar del mantra de que en España se pagan muchos impuestos, la realidad es que son inferiores a la media de la Eurozona.
El origen de la brecha fiscal con Europa radica en el elevado fraude y los bajos tipos efectivos. Y la recaudación debe girar en mayor medida sobre los impuestos directos que gravan la renta y el patrimonio, y en menor medida sobre los impuestos indirectos, que no tienen en cuenta los ingresos. Pero el Gobierno ha renunciado a abordar la profunda reforma fiscal necesaria y en su lugar ha planteado medidas parciales, coyunturales y, en ocasiones, contradictorias.
En Asturies, la reforma del IRPF propuesta por el Ejecutivo va en la dirección que defiende CCOO, al aumentar la progresividad y concentrar el ahorro fiscal en las clases medias y trabajadoras, que han soportado una inflación muy alta durante mucho tiempo, y cuyos salarios, pese a crecer, no han recuperado aún el poder adquisitivo que tenían años atrás, mientras los márgenes empresariales siguen en máximos históricos.
Pero el Gobierno asturiano tiene que ser mucho más ambicioso. Sin perjuicio de compartir algunos beneficios fiscales concretos, creemos que ha llegado el momento de realizar una reflexión serena y rigurosa sobre los impuestos en Asturies. Un sistema fiscal más justo, realmente progresivo, en términos de progresividad y suficiencia recaudatoria, es la única forma de impedir que las diferencias sociales se conviertan en abismos insalvables.
