“La justicia ha condenado al fiscal general por cometer un delito para dañar a un adversario político, son hechos propios de una dictadura”, ha declarado Ayuso. Estas declaraciones son absolutamente ajustadas a la realidad y somos muchos los que, por esta vez, estamos de acuerdo con ella.
Para quien no lo entienda, debo acotar las frases principal y subordinada: los hechos propios de una dictadura son el fallo de la justicia, no el delito del fiscal. Perdonen los lectores la falta de concordancia entre sujeto y predicado, pero eso ya no es culpa de este escribiente, sino de la declarante, que debería conocer mejor las reglas del idioma castellano.
En lo que sí estoy de acuerdo es en lo impropio de la condena: sentencia sin prueba alguna. Es uno tan ingenuo para llegar a pensar que se trataba de hacerle pasar, al fiscal, el mal trago de acusación, imputación, e improbable juicio. Pero claro, el tipo tuvo el valor de no dimitir, y eso no lo iban a tolerar. Hubo juicio. Y fuimos todos testigos de la inconsistencia de las pruebas, pero les dio igual la cantidad de periodistas que negaran la filtración: ellos tenían una causa, entiéndase excusa, y no la iban a soltar, o desaprovechar.
Hace falta ahora seguir el orden de los acontecimientos, que empiezan, para buen entendedor, con el palante de un tal Miguel Ángel Rodríguez. Que no se equivoque nadie, que aquí no se juzgaba ni al fiscal, ni al pobre defraudador confeso. No, aquí se juzgaba la capacidad de los señoros jueces de decidir lo que les plazca, sin que nadie ose criticar sus decisiones o ponerlas en cuestión. Sólo faltaría.
Y qué decir de las prisas. Y de la fecha. De lo primero uno, que es bien pensado, tiende a pensar que responde a las probables dudas de algunos de los magistrados de entre los cinco perpetradores, de modo que, publicada la sentencia, no queda lugar para los tibios. Hechos consumados, y punto redondo.
Sobre la fecha, que no quepa duda: la confirmación de que quedó todo atado y bien atado. Y un día después se celebró el aniversario de la llegada al poder de D. Juan Carlos I. Nada que celebrar para los demócratas, allá ellos, los monárquicos. Lo que ofende es escuchar que celebraron la inauguración de la democracia, cuando lo que se estrenó fue el relevo de Franco por un rey sin ninguna consulta, en un país que ya tuvo que echar a varios monarcas de esta misma familia. A saber, si hubiesen preguntado.
La democracia llegó mucho después, tras un proceso denominado Transición, en la que los demócratas, bajo la presión de lo que llamaron consenso, aceptaron Rey, himno, bandera, y el perdón absoluto a todos los que cometieron todo tipo de crímenes, incluidas tropelías y apropiaciones de bienes, tierras, empresas, y del patrimonio de los que no apoyaron, con armas y bagajes, el régimen nacido del golpe militar.
Y ahora el Tribunal Supremo nos confirma la baja calidad de nuestra democracia. Y lo hace en términos claros, tanto como para que seamos muchos los que, conscientes de esta baja calidad, empecemos a negar que lo que tenemos se pueda llamar democracia. Y no digo dudar, digo, expresamente, negar. Entiéndase, democracia entendida como el gobierno de los ciudadanos, que eligen un parlamento, que a su vez, elige un gobierno, y éste elige un fiscal general. Y cuando el Tribunal Supremo, sin pruebas y negando la veracidad de las declaraciones de los periodistas que testificaron, destituye al fiscal general, está negando la capacidad del gobierno, la del parlamento, y la de los ciudadanos que eligieron ese parlamento. No se puede llamar a esto democracia cuando este Tribunal corrige las decisiones tomadas por esta cadena, cuyo último eslabón somos los ciudadanos. De ahí la negación.
A estas afirmaciones, del humilde autor de estas líneas, conviene añadir algunas de las muchas declaraciones públicas de personas con conocimientos jurídicos relevantes, que mantienen dudas razonadas sobre la decisión de este Tribunal, entre las que se encuentran las siguientes:
Emiliano Borja Jiménez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia: “En este juicio han ocurrido muchas cosas, yo vi desde el principio que estaba siendo un juicio inquisitivo…”
Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “se ha producido una situación de divorcio de la sociedad en el ámbito de la justicia. Una sociedad democrática no puede obviar este tema…”
Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional: “es una condena destinada a demostrar que los jueces siguen teniendo el poder…”
El lector, inteligente y capaz, podrá buscar más declaraciones de personas a las que considere capacitadas para emitir opinión relevante sobre este tema, huyendo, eso sí, de las de los políticos de cualquier cuerda, obligatoriamente tendenciosas. Con ellas podrá formar su propia opinión sobre la calidad democrática de este régimen, que dimos en llamar, del ’78, por ser el año en el que acordamos la actual constitución.
Como ya quedó dicho, el relevo de Franco por el rey Juan Carlos I fue hace cincuenta años, y nos faltan unos pocos más para que los cumpla el citado régimen del ’78. Deberíamos considerar que, con tal edad, sería buen momento para comenzar una reflexión sobre su calidad democrática, y sobre los cambios que necesitamos introducir. La primera pregunta afecta a su tabla fundacional: la Constitución. No parece que esté preparada para garantizar una Justicia que no esté politizada, y la condena al Fiscal Superior lo demuestra. Tocaría revisar, analizar, y cambiar lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Tarea muy compleja, pero más necesaria cuando estamos comprobando que, sin este requisito, incluso el primer país nacido como democrático, o la democracia más antigua, está tomando una deriva no democrática, con un presidente nombrando jueces y éstos acatando lo que se les manda desde el poder ejecutivo.
También será necesario tomar conciencia de la capacidad de esta Constitución para albergar en su seno muchas sensibilidades para las que, hasta la fecha, no está dando soluciones adecuadas. Los nacionalismos serían la primera de estas sensibilidades, y deberíamos hacer un esfuerzo en buscar fórmulas bajo las que todos nos encontremos viviendo en un país que consideremos nuestra patria. No parece razonable que uno deba identificarse con ella por obligación, y genera gran frustración que no se permita manifestar disconformidad cuando así sea. La patria debe ganarse a los patriotas como una madre se gana el cariño de los hijos, sin imposiciones ni castigos.
Añado otra cuestión a resolver. Años, muchos años han tenido que pasar para que se pueda esclarecer el lugar de enterramiento de los fusilados por la dictadura. Es inaceptable la resistencia que se encuentra, menos aún sabiendo que han pasado cincuenta años del fin del régimen.
Y no, no quisiera este humilde escribidor ser el único que aporta las cuestiones que un nuevo régimen deberá resolver. Pero sí debo proponer, y propongo aquí, que se abra este melón, que va a cumplir cincuenta años, y que ya le toca la hora de liberar las pepitas que lleva dentro, plantarlas en tierra fértil, y que dé nuevos frutos.
Queda recordar la causa principal de esta reflexión sobre la calidad democrática de nuestro país, la consideración que muchos albergamos de que vivimos en una democracia-fake, y agradecer a los magistrados perpetradores que nos ayudaron a ser conscientes de ello, los señoros Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamena. De todo corazón, gracias.
