Llevamos 85 años enzarzados en un pulso por preservar la memoria de quienes combatieron en la Guerra Civil, pero tanto los albaceas de los vencedores, glorificados durante el franquismo, como los herederos de los vencidos, cuyo legado se viene reivindicando con desigual fortuna no exenta de altibajos desde la consolidación del sistema democrático, han hecho caso omiso de los “destellos de luz, tranquila y remota como una estrella extinguida”, que emiten quienes se vieron involucrados en el torbellino del conflicto siendo conscientes de que, con independencia del desenlace, ni ganarían ni perderían la guerra, porque no encajaron en ninguno de los dos bandos en liza.
Por esa indefinición, los movimientos memorialistas y la historiografía han hecho caso omiso de los inclasificables, de los ambiguos, de los sumidos en la duda, de quienes renunciaron a cabalgar las olas de la reacción o de la revolución porque carecieron de una identidad pétrea, pero su legado contiene una lección moral que no se puede desvanecer por el sumidero de la Historia. Ante la vorágine cainita y la polarización social que convulsionó a España durante las primeras décadas del siglo XX, quisieron tender puentes entre opciones políticas, clases sociales e ideologías consideradas antagónicas. Uno de los que navegó entre Escila y Caribdis sin rumbo fijo fue el madrileño, aunque afincado en Llanes, Antonio Maya Pérez, un intelectual poliédrico, contradictorio y paradójico. Pese a estar adscrito a la derecha por su extracción social pequeñoburguesa y por su trayectoria periodística en El Oriente de Asturias, cuya dirección y gerencia ostentó entre 1920 y 1960, se granjeó la estima de lo más granado de la vanguardia revolucionaria asturiana. Sensible como pocos al dolor humano, filántropo y con vocación de poeta, desempeñó una profesión tan poco dada a la empatía y el lirismo como la de carcelero.
La bonhomía del carcelero
Como oficial del cuerpo de Prisiones, Antonio Maya fue destinado el 6 de octubre de 1934 a Cangas de Onís, donde dispensó un trato considerado y deferente a los detenidos por su participación en la insurrección proletaria de ese mes. Trasladados desde Oviedo entre el 24 y el 30 de octubre, fueron confiados a su custodia 227 revolucionarios, los cuales llegaron, no solo abatidos por el fracaso de su intentona y con siniestras perspectivas sobre el precio que pagarían por su audacia, sino también con ostensibles huellas de martirio. Figuraban entre los cautivos conspicuos ideólogos y dirigentes del movimiento obrero asturiano como Javier Bueno, Luis Oliveira Romero, Gustavo de Lafuente, Adolfo Cadavieco, Luis Pérez Lozana, Gregorio Bernaldo de Quirós, Eutimio Conde, Enrique Cabal, Justo Fernández Casero, Luis Menéndez, Antonio Hevia, Jesús González, Daniel Alonso, Manuel Cuervo González, José Fernández, Pedro Muñiz, Bernardino Fernández, Francisco Morán, Albino Sánchez, Luis García, Teófilo González, Manuel Fernández Velasco, Aurelio Cuartas Álvarez, Víctor Navas, Recaredo Salas y Manuel Sánchez Noriega, quien, antes de comparecer ante el pelotón de fusilamiento el 5 de enero de 1938, y con el sobrenombre de “El Coritu”, adquirió celebridad como comandante militar de Cangas de Onís y mayor de Brigada del Ejército Popular durante la Guerra Civil.
Javier Bueno, director de Avance y epítome del periodismo de trinchera, precisó que llegaron maniatados, “machacados a golpes y con la perspectiva de que en una cárcel de partido nos iría mucho peor”, pero su negro presagio se esfumó cuando se constató que su nuevo carcelero, Antonio Maya, “cortó el paso a los guardias que querían entrar a vernos manifestando que allí no se tocaba ni se molestaba a ningún preso”. Este periodista de combate, asesinado en Porlier el 27 de septiembre de 1939 por su condición de símbolo revolucionario, apostilló que, contra todo pronóstico, “aquella cárcel (de Cangas de Onís) fue para todos nosotros un descanso y una seguridad”. Habida cuenta que hubo “compañeros nuestros que, acuciados por el terror que imponía un carcelero bandido, dieron toletazos a camaradas de ideas y de desdichas”, no tuvo repulgos, “por muy director de un periódico de derechas que fuera”, en admitir su amparo y reconocer su valentía. Otro revolucionario, Adolfo Cadavieco, caracterizó al funcionario de prisiones como “persona generosa, honrada, humanitaria y recta al mismo tiempo dentro de sus funciones”. Su singular osadía de “cumplir los deberes a contrapelo”, fue confirmada por las mujeres encerradas con los revolucionarios, Julia García, Estrella González, Oliva Menéndez y Juanita Rodríguez, quienes no escatimaron elogios y expresiones de gratitud hacia quien impidió enérgicamente que militares, guardias civiles, uniformados de Asalto o cualesquiera otras autoridades les infligieran nuevas torturas.
En su afán por preservar la integridad del detenido, Antonio Maya hizo frente a su superior jerárquico, quien estaba dispuesto a involucrarse personalmente en el castigo a los revolucionarios, y, sobre todo, a la Guardia Civil, que pretendía ensañarse con otro detenido, el lavianés Aníbal Roces Zapico, un miembro del benemérito cuerpo -estuvo destinado en el cuartel de Boo- que había confraternizado con los mineros durante el asalto al cuartel de Sama de Langreo. Primero exigió que fuera desatado, como se había hecho con los demás detenidos, y tanto el 28 de octubre como el 4 de noviembre impidió que quedara a disposición de un teniente y un sargento de la Guardia Civil, cuyas violentas pretensiones recriminó por vengativas e ilegales. Cuando a final de mes se ordenó el traslado de Aníbal Roces a Moreda y este desveló que se enfrentaría a su escolta porque no estaba dispuesto a soportar más culatazos, Antonio Maya le disuadió de tal propósito y le garantizó que no sería objeto de malos tratos durante la conducción. La amnistía promulgada por el Frente Popular tras la victoria electoral de febrero de 1936 dejó temporalmente en suspenso el cumplimiento de la pena capital que se impuso a Aníbal Roces por adherirse a los revolucionarios, pero, como en tantos casos análogos, no demoró por mucho tiempo su cita con el pelotón de fusilamiento. Reactualizada la sentencia por los sublevados tras la ocupación militar de Asturias, el 11 de mayo de 1938 compareció ante el piquete y fue pasado por las armas en la gijonesa cárcel de El Coto. A la deuda pendiente por su proceder durante la insurrección obrera de 1934, tipificado como alevosa traición, se añadieron con la nueva sentencia cargos adicionales, como su condición de inspector de guardias municipales en el concejo de Aller y, sobre todo, haber ostentado los galones de comandante en el Ejército Popular.
La protección dispensada por Antonio Maya a los revolucionarios incluyó inusuales gestos de conmiseración entre el funcionariado de prisiones como proporcionarles un trato personal respetuoso, un acomodo decente, dentro de las escasas comodidades del recinto carcelario, y, muy en particular, una alimentación que los propios reos calificaron de “abundante y buena”. Se atribuyó, además, la propiedad de varios libros de revolucionarios rusos hallados durante un registro en la celda número 5, circunstancia que Jambrina, el juez militar, quiso utilizar como agravante. Más allá de sus atribuciones específicas y de los principios dictados por la deontología profesional más humanitaria, atendió con diligencia y amabilidad a los familiares que se desplazaban hasta el recinto carcelario para recabar información, a los que permitió el contacto íntimo con sus deudos sin “onerosas vigilancias”, como los propios afectados reconocieron. En su empático proceder llegó al extremo de recurrir a su propio peculio para amparar a los parientes de los presos que llegaban caminando hasta Cangas de Onís, en no pocos casos sin medios de subsistencia, y para que pudieran retornar a sus hogares los detenidos liberados que carecieran de recursos.
El fuego amigo
Este proceder fue calificado por la derecha llanisca como una expresión inequívoca, no ya de desclasamiento, sino de auxilio a la revolución, conducta particularmente reprobable y dolosa en quien ejercía de servidor público y, como ciudadano, se jactaba de su talante moderado y su espíritu conciliador. Orquestaron el coro de los indignados los principales dirigentes locales de Acción Popular, encabezados por Vicente Cotera y su primo Regino Muñiz Cotera, a la sazón alcalde de Llanes. Antes de que concluyera 1934, ambos pergeñaron contra Antonio Maya un insidioso pliego incriminatorio que fue elevado al radical Ángel Velarde, gobernador general de Asturias, León, Palencia y Santander, por Nilo Tella Campos. Este capitán de la Guardia Civil fue procesado y encarcelado el 11 de marzo de 1936, junto con el general Eduardo López Ochoa, por dirigir los piquetes de ejecución de revolucionarios en el cuartel de Pelayo de Oviedo. Los derechistas de Llanes incluyeron en su diatriba alguna conducta verificada, como la organización de un partido de fútbol cuya recaudación se repartió entre los detenidos, pero también palmarias falsedades como haberles acompañado a la salida de la cárcel en un automóvil con dirección a Llanes dando vivas a la revolución social y levantando el puño.
Por estos motivos, sin verificar los cargos, Francisco Delgado, director general de Prisiones, el 6 de febrero de 1935 suspendió al funcionario de empleo y sueldo durante tres meses, pero la sanción no tuvo mayor recorrido porque el expediente incoado fue sobreseído por el juez de Cangas de Onís, Rafael Bonmati, uno de los magistrados más solvente del Tribunal Popular durante la Guerra Civil. Más allá de la falacia de algunas acusaciones, contribuyeron a su exculpación los socialistas de Oviedo, quienes, por medio de portavoces autorizados como Emilio López Cancio, subdelegado de Asistencia Social en El Berrón durante la Guerra Civil, y la diputada Veneranda Manzano, destacaron la reglamentaria pulcritud de su proceder con los “presos sociales” en la cárcel de Cangas de Onís y, con mayor énfasis, descartaron cualquier atisbo de connivencia o complicidad del carcelero llanisco con el movimiento revolucionario. Además, acreditaron que no tuvo intervención en los incidentes que protagonizaron en Arriondas una vez liberados.
Con todo, los muñidores de estas campañas de descrédito y persecución ad hominem no salieron indemnes. El industrial Regino Muñiz, propietario de una panadería y de la funeraria, fue uno de los primeros detenidos por los republicanos no bien llegaron las primeras noticias de la sublevación militar. Tras permanecer recluido en la cárcel de Llanes entre el 19 de julio de 1936 y el 16 de abril de 1937, fue condenado por un tribunal popular a tres años de cárcel por su condición de “desafecto al régimen republicano”. Siempre sostuvo que, con la connivencia de Cesáreo Arnaiz, jefe de la cárcel de Llanes, el 23 de agosto de 1936 había sido objeto de un simulacro de fusilamiento en las inmediaciones de Pendueles.
La persecución cambia de bando
En esta extorsión no pudo involucrar personalmente a Antonio Maya porque, a principios de mes, concretamente el 9 de agosto, había sido trasladado por las autoridades del Frente Popular a Pola de Siero, donde asumió la jefatura del recinto carcelario hasta el 15 de enero de 1937. Durante esta convulsa etapa no remitieron sus cuitas, pero con las tornas cambiadas, ya que, como siguió preservando la integridad de todos los detenidos puestos bajo su custodia, ahora casi todos de signo derechista, en poco tiempo se granjeó la antipatía de los republicanos más vehementes, encabezados por quienes pretendían eliminar de forma expeditiva y sin formalidades a todos los sospechosos de connivencia con los golpistas, aunque no fueran convictos o confesos. A mediados de mes, cuando Javier Bueno estaba destinado en la comandancia de Colloto, reconoció que se negaron a fusilar a “tres presos que les llevaron procedentes de Laviana”, los cuales fueron conducidos a la cárcel de Pola de Siero y puestos a disposición de Antonio Maya con el expreso encargo de “que solo los entregase al Comité del Frente Popular o a nosotros, al comandante Jesús Ibáñez o a mí, si los reclamábamos”. Sin embargo, fueron sacados de la celda a punta de fusil por un grupo de pistoleros “que hicieron con ellos lo que fuese”. La resistencia del jefe de la cárcel a quienes querían sacarlos para matarlos, aventuró Javier Bueno, “fue un tanto en su contra”.
Esta animadversión contra el carcelero benévolo se incrementó cuando recabó el apoyo de los socialistas Inocencio Burgos Riestra, elegido diputado por Oviedo en las elecciones de febrero de 1936, y César Antuña Díaz, delegado gubernativo en Siero, para que se pusiera coto a las represalias irregulares que se venían perpetrando desde el inicio de la guerra. Secundado por ambos, el 7 de septiembre compareció ante Amador Fernández Montes, responsable de Régimen Interior del Comité Provincial del Frente Popular, y, en presencia de Belarmino Tomás, reclamó que los traslados de presos fueran regulados por decreto, de tal modo que quedaran inequívocamente prohibidas las “sacas” de detenidos que no estuvieran respaldadas por la autoridad competente. De esta conversación dimanaron dos órdenes publicadas el 8 y el 13 de septiembre de 1936, en cuya redacción colaboró el propio Antonio Maya, en las que, además de regular los movimientos de los presos, también se procedió a reorganizar el sistema carcelario y el servicio de inspección de estos recintos.
A pesar de su trayectoria y de los servicios prestados, acabó prevaleciendo la opinión de quienes consideraban que, en una guerra, el respeto y la conmiseración con el adversario eran contraproducentes. Tras no pocas vacilaciones, el departamento de Justicia del Consejo de Asturias y León, interinamente asumido por Rafael Fernández, tomó en consideración las denuncias formuladas contra él y, mediante decreto aprobado el 8 de enero de 1937, publicado el 15 de enero en CNT, resolvió destituirlo de su cargo en virtud de su notoria y acreditada condición de “desafecto al régimen republicano”. Este inopinado cese fue recibido con indignación por los revolucionarios que estuvieron bajo su custodia tras la insurrección de 1934 y, asimismo, objetado por las organizaciones políticas y sindicales de Cangas de Onís adheridas al Frente Popular. Carlos Rémora de Labra, como portavoz local de Izquierda Republicana, aún reconociendo como indubitado el cargo de sus antecedentes derechistas, insistió en la prevalencia de su no menos contrastada condición de persona “humanitaria”, un valor que, especialmente en tiempos de guerra, convenía preservar por encima de las ideologías. Más vehemente en su crítica se mostró Antonio Martínez Morán, secretario general del radio comunista de Cangas de Onís, quien trajo a colación que, además de proporcionar a los presos del 34 vestimenta adecuada si carecían de ella, así como “un rancho excelente y rancho extraordinario los domingos”, había organizado un partido de fútbol y subastado un cuadro “pintado por el compañero Lafuente”, en alusión al padre de Aída Lafuente, pintor y cartelista del Teatro Campoamor, con el fin de allegar fondos para socorrer a los detenidos más necesitados.
El principal cargo esgrimido para proceder a su fulminante destitución y ostracismo fue su condición de director de El Oriente de Asturias, caracterizado como portavoz del caciquismo local e instrumento de la reacción. Este periódico, cuyos lectores se identificaban mayoritariamente con las opciones conservadoras, había contribuido decisivamente a que los llaniscos se decantaran en las elecciones de febrero de 1936 por la coalición derechista, que se impuso en el concejo a la candidatura del Frente Popular por casi 1500 votos. En su descargo, Antonio Maya no solo alegó que no había secundado la propaganda realizada desde el medio que dirigía en favor del frente de derechas, ya que ningún artículo publicado de ese cariz político llevaba su firma y todos se habían insertado previo pago por sus autores, sino que dejó constancia de su apoyo personal a la candidatura de izquierdas, integrada por “buenos amigos” como Matilde de la Torre, Félix Fernández Vega, Ángel Menéndez y Mariano Moreno Mateo, como podía atestiguar José Moure Sotura, jefe de la cárcel de Llanes. También arguyó que, una vez concluido el recuento, desde la publicación que dirigía se exhortó al reconocimiento del resultado, cuya legitimidad no se cuestionó, y, sobre todo, a la convivencia pacífica y al civismo, actitud refrendada con la inclusión de una alocución del mismo tenor pronunciada por Manuel Azaña una vez concluido el proceso electoral.
Para acreditar que las páginas de El Oriente de Asturias estaban abiertas a todas las opiniones, destacó que, por deseo personal, disponían de tribuna propia conspicuos izquierdistas como el jurista llanisco Félix Fernández Vega, alcalde del concejo durante la II República y dirigente nacional de Izquierda Republicana, así como efímero gobernador civil de Granada en 1932, y el periodista coyantino Jesús Vicente Pérez Melón, uno de los principales animadores de la agrupación socialista de Llanes, en la que ocupó, entre otros, el cargo de secretario de Propaganda. De esta independencia política y pluralidad ideológica, sin más afán que defender los intereses generales de los llaniscos, a su entender se hizo gala desde El Oriente de Asturias combatiendo tanto al caciquismo local durante la dictadura de Primo de Rivera como la actuación de los melquiadistas y los representantes de Acción Popular durante el bienio radical-cedista. Es más, cuando sus propios correligionarios y la prensa llanisca de izquierdas, concretamente el semanario El Pueblo, adoptaron una actitud inclemente con Rodolfo Pérez Balmori, un joven socialista de la localidad que había causado de forma involuntaria la muerte de otro vecino, solo El Oriente de Asturias había mostrado conmiseración con el autor del homicidio, al que proporcionó “tabaco y ánimos” durante su estancia en la cárcel.
El Oriente de Asturias, heraldo de la reacción
El pliego de descargo por el leso delito a la causa frentepopulista de dirigir “un periódico de derechas”, nada menos que The Thimes de Llanes, comentó con sorna, fue redactado por Javier Bueno, quien desvirtuó “tan formidable acusación” insertándola en su contexto psicológico, sociológico e ideológico. La dirección de este “temible periódico”, añadió en el mismo tono sarcástico, no remitía a un peligroso contrarrevolucionario, sino a “un pobre hombre, desmochado de arranque en la lucha por la vida, entregado a un grupo de estúpidos rurales con pretensiones de señor, que da anuncios y manda esquelas”, y que, desde luego, apuntala “con su chinita el edificio de la reacción”. Hubiera sido preferible que fuera un “izquierdista a carta cabal, que no se hubiera dejado arrastrar por la coacción económica y caciquil de un pueblo de Asturias”, pero ¿cuántos hombres son capaces de resistir la coacción del medio?, se interrogó. Si la disyuntiva se planteaba entre el revolucionario sanguinario y el reaccionario bondadoso, Javier Bueno se decantaba sin titubeos por la persona que había coadyuvado a que “cicatrizaran las costillas de 200 presos de Octubre”.
El legendario periodista madrileño puso de manifiesto, con su aguda reflexión, no solo la conveniencia de cartografiar las conductas en el ecosistema social del que dimanan, sino también la pertinencia de examinarlas en toda su complejidad, sin el sesgo de anteojeras ideológicas. Ni que decir tiene que esta carencia de prejuicios fue soslayada en el contexto de polarización cívica y política que alcanzó su cénit con el estallido de la Guerra Civil, cuando la configuración de dos bandos enfrentados con las armas en la mano impuso las adhesiones monolíticas, irreconciliables y sin fisuras. En los abismos de esta ruptura social se despeñaron los pusilánimes, los dubitativos, los ambiguos, los sumidos en contradicciones de toda laya, aquellos que no supieron o no quisieron acomodar su proceder al excluyente e irreflexivo dictado impuesto por una sociedad que no admitía las medias tintas porque estaba radicalmente escindida. Aquí se ha examinado cómo esta decantación trituró a quienes, como Antonio Maya, antepusieron sus sentimientos, sus propias convicciones o los deberes asumidos como imperativo moral a las directrices impuestas por el partido, la clase o la ideología con la que se les identificaba, pero, con todo, el citado distó de ser el principal damnificado por esta deletérea indefinición. Como víctima señera del fuego cruzado cabe destacar la figura del médico Honesto Suárez Álvarez, al que primero los suyos condenaron a muerte el 1 de agosto de 1937 por un intento de evasión no autorizado desde el puerto de Ribadesella y, transcurrido medio año, el 26 de febrero de 1938, volvió a imponérsele la misma pena por su notoria condición de dirigente republicano y masón, sentencias que fueron conmutadas por la inferior en grado. No gozó de la misma benevolencia el coronel José Franco Mussió, artífice de la excarcelación de Honesto Suárez cuando los sublevados se cernían sobre Gijón, quien también fue procesado y juzgado por ambos bandos. En junio de 1937, un tribunal popular lo absolvió del delito de sabotaje a la producción en la Fábrica de Armas de Trubia, de la que era director, pero el 14 de noviembre de 1937 fue ejecutado por sus compañeros de armas en Oviedo por no haberse adherido a la sublevación. Ese fue el destino de quienes fluctuaron en la equidistancia, de quienes no adquirieron una identidad inmutable, de quienes, en fin, quisieron caminar con la incomodidad de la duda cuando solo se sobrevivía tras el parapeto del axioma.
