Salvemos Peñamayor se manifestó este martes a las puertas de la Junta General del Principado para denunciar la “ficción administrativa” de los permisos de investigación complementaria. La plataforma ciudadana teme que la doctrina de la exconsejera Belarmina Díaz se aplique para justificar la extracción minera en la sierra que atraviesa los concejos de Piloña, Nava, Llaviana y Bimenes. El Director General de Energía y Minería y el Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Javier Cueli y Borja Sánchez, mantienen y defienden —según el colectivo— la misma gestión que Belarmina Díaz y Nieves Roqueñí.
La concentración tuvo lugar a las 11:30 horas, coincidiendo con la llegada del consejero Borja Sánchez a la sede parlamentaria. Desde la plataforma vecinal exigieron la aplicación estricta de la normativa vigente y la caducidad inmediata del permiso de investigación minera Astur A, que consideran una amenaza directa para la sierra de Peñamayor.
Tras un año y medio de movilizaciones, Salvemos Peñamayor asegura que la política minera del Principado “no ha cambiado en absoluto”. Denuncian que continúan las prácticas “opacas e irregulares” en la gestión de los permisos, algunas de ellas bajo investigación judicial tras los recientes y trágicos sucesos ocurridos en el suroccidente asturiano.
El permiso Astur A fue autorizado cuando Belarmina Díaz estaba al frente de la Dirección General de Minas y beneficia a la empresa británica Technology Minerals, que creó la filial Asturmet con un capital social de apenas 3.000 euros. A través de esta sociedad, explican desde la plataforma, se pretende especular con cerca de 23.000 hectáreas repartidas entre Peñamayor, Piloña y el Aramo.
Según la Ley de Minas de 1973 y el Reglamento Minero de 1979, la Administración debería haber abierto ya un expediente de caducidad por los incumplimientos reiterados del plan de labores y la falta de autorizaciones para actuar sobre el terreno. Sin embargo, el director general Javier Cueli ha defendido la continuidad del permiso, alegando que su caducidad obligaría a revisar muchos otros expedientes similares en Asturias. Para la plataforma, esta afirmación supone “asumir como normal que los incumplimientos y las irregularidades sean la regla en la gestión minera”.
La oposición institucional al permiso se ha ido ampliando en los últimos meses. El pasado 29 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Bimenes aprobó en pleno, al igual que hiciera anteriormente Llaviana, solicitar formalmente la caducidad de Astur A. La decisión se apoya en informes técnicos municipales que concluyen que la normativa urbanística impide el desarrollo de los trabajos previstos. Informes similares existen también en Nava.
Desde Salvemos Peñamayor recuerdan que la empresa no cuenta con permisos para ocupar los terrenos ni con licencias urbanísticas, y que estas no pueden concederse al tratarse de suelos de especial protección ambiental. “Los trabajos no se están realizando porque legalmente no pueden hacerse”, subrayan.
La plataforma denuncia que, pese a todo ello, la Dirección General de Energía y Minería, con el aval de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, mantiene vivo el permiso. “Se sostiene una ficción administrativa: un permiso de investigación sobre terrenos donde no se puede investigar y sin capacidad real de ocupación”, afirman.
En una reciente reunión con responsables de la Dirección General de Minas y el Viceconsejero de Industria, los representantes vecinales recibieron, aseguran, una confirmación de sus temores. Se llegó a afirmar que, si se aplicara con rigor la Ley de Minas, ningún permiso en Asturias cumpliría plenamente la normativa y que los retrasos en los trabajos pueden justificarse mediante prórrogas sucesivas. Para la plataforma, estas declaraciones evidencian una tolerancia estructural al incumplimiento legal.
Los manifestantes estuvieron acompañados en la protesta por Covadonga Tomé y Xune Elipe, de Somos Asturies, y Diego Ruiz de la Peña, coordinador autonómico de Podemos.
