El Gobierno del Principado ha aprobado este lunes el decreto que regula las viviendas vacacionales y de uso turístico y que busca aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población y combatir prácticas ilegales.
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo, ha señalado en rueda de prensa, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que la norma, elaborada en “diálogo” con los sectores implicados, supone dar un “salto de calidad” y “pondrá coto a quienes operan” al margen de la ley.
La nueva normativa, que desarrolla la reciente reforma de la Ley de Turismo, responde a la evolución del mercado y al incremento de alojamientos gestionados a través de plataformas digitales y está pensada para facilitar el derecho a la vivienda.
El decreto fija requisitos “claros, procedimientos transparentes y mecanismos de control que suponen avances decisivos” y entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).
Requisitos
Las viviendas turísticas deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado y su localización exacta en cualquier tipo de publicidad o plataforma de comercialización.
Los alojamientos deberán facilitar información sobre normas internas, accesos, condiciones de uso, contactos de emergencias (policía, 112, bomberos y servicios sanitarios), horarios de entrada y salida y precios.
Además, se requiere un servicio de recepción presencial o a distancia de la clientela, por lo que no será posible la entrega de llaves a través de cajetines o similares ubicados en la vía pública.
La normativa establece estándares de calidad y seguridad que deben cumplir estas viviendas, como contar con un baño por cada cuatro plazas, disponer de sistema de monitorización de ruido, de un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior, de conexión a internet o teléfono, salvo en zonas sin cobertura, de extintor de 6 kilogramos de polvo ABC por planta, de un botiquín y de límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas.
La norma estipula que los alojamientos ofertarán servicios de reparación y mantenimiento, limpieza diaria (excepto cocina y menaje) y cambio de lencería cada cuatro días y deberán ofrecer información turística sobre el entorno en el que se ubican.
Plazos e incumplimientos
Los plazos para cumplir los requisitos citados se dividen en dos tramos: doce meses para alcanzar la ratio de baños y las superficies mínimas y seis meses para el resto.
El texto también detalla los plazos de suspensión que pueden aplicarse en caso de incumplimiento, que van desde un período mínimo de seis meses a un máximo de cuatro años.
Entre esos incumplimientos figuran la falta del certificado de la comunidad, la inexistencia de seguro de responsabilidad civil, el incumplimiento de habitabilidad o seguridad o falsedad en la declaración responsable.
La normativa reconoce la función de las entidades locales en ejercicio de sus competencias, de manera particular las urbanísticas, para establecer limitaciones por razones de interés general en lo que se refiere a las viviendas de uso turístico.
También se prevé la suscripción de convenios entre la Administración autonómica y las entidades locales para facilitarles asesoramiento y formación técnica e impulsar medidas de simplificación.
En el procedimiento de comprobación del cumplimiento de requisitos posterior a la declaración responsable e inscripción en el Registro, el Principado recabará al ayuntamiento correspondiente un informe sobre aquellos que afecten a su competencia y comprobará la existencia de las cédulas de ocupación en los casos en que sean necesarias.
De este modo, la persona titular de la actividad únicamente tendrá que aportar la documentación acreditativa del resto de los requisitos.
Aumento de inspecciones
La vicepresidenta ha destacado el aumento del número de inspecciones realizadas en este tipo de alojamientos, que han pasado de 248 al inicio de la legislatura a 3.070 a finales del pasado año, con 261 sanciones.
Al mismo tiempo, ha comentado que se han retirado 115 anuncios ilegales en plataformas digitales de un total de 177, dado que “no atendían a la normativa vigente”.
