El Ministerio de Sanidad ha presentado este martes su propuesta para reforzar el carácter público del sistema sanitario con la aprobación, este martes en el Consejo de Ministros, del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El texto fija la posición del Ejecutivo, y más en concreto de Sumar, ya que la ministra de Sanidad, Mónica García, pertenece a Más Madrid, pero tendrá grandes dificultades para salir adelante. Resulta casi imposible que Junts, o incluso el PNV, puedan votar una ley que pone palos en las ruedas a los conciertos sanitarios.
La nueva norma busca frenar las derivaciones a la sanidad privada, y defiende la gestión directa como modelo preferente en la prestación de servicios sanitarios. Tal y como explica el diputado de Sumar, Rafa Cofiño, en las últimas décadas la tendencia ha sido a contratar fuera en lugar de reforzar las plantillas de la sanidad pública: “La ley quiere revertir esa tendencia”. Aunque Madrid, Valencia o Catalunya son los grandes símbolos de estas prácticas, Asturies no ha sido ajena a este tipo de prácticas. Las derivaciones de operaciones y consultas a la sanidad privada costaron en 2025 en torno a seis millones de euros. El Centro Médico, la Clínica Asturias, el Hospital Begoña y el Hospital Ribera Covadonga concentran a día de hoy el grueso de estas derivaciones, que desde la Consejería de Sanidad se han defendido como vía para rebajar las listas de espera.
La llegada del Grupo Quirón a Asturies podría suponer un incremento de estas externalizaciones. Desde el movimiento social en defensa de la sanidad pública siempre se ha considerado que el interés de la multinacional sanitaria tendría más que ver con beneficiarse de estas derivaciones de pacientes que con entrar a competir en el mercado libre de los servicios sanitarios.
Derogación de la Ley 15/1997
El texto normativo deroga la Ley 15/1997, aprobada en tiempos de José María Aznar. Su supresión es una histórica demanda de los movimientos en defensa de la sanidad pública, ya que la ley abrió la puerta a nuevas formas de gestión privada en el SNS. El texto presentado por Mónica García establece un marco jurídico más restrictivo para la participación de empresas privadas, y define la gestión pública directa como la modalidad prioritaria, mientras que la gestión indirecta quedaría limitada a situaciones excepcionales y sometida a controles previos mucho más estrictos.
El anteproyecto se apoya en un análisis comparado de 38 países de la OCDE que concluye que no existe evidencia de que la privatización mejore la eficiencia del sistema sanitario y que, por el contrario, los modelos de gestión pública hacen un uso más eficiente de los recursos. En el ámbito estatal, estudios sobre fórmulas de gestión indirecta, como el denominado modelo Alzira, impulsado en Valencia por el PP y el Grupo Ribera, que en Asturies gestiona la Clínica Covadonga de Xixón, muestran peores resultados en indicadores clave como hospitalizaciones evitables o mortalidad por infarto e ictus, además de una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial.
La ley define con claridad qué se entiende por gestión directa, que podría ser prestada por la propia administración sanitaria, por entidades del sector público institucional o mediante consorcios sanitarios entre administraciones públicas. Estos consorcios quedarán adscritos obligatoriamente a una administración sanitaria y sometidos a los mismos controles presupuestarios, contables y de auditoría.
En cuanto a la gestión indirecta, la norma la limita a casos en los que no sea posible la prestación directa y siempre que se garantice la sostenibilidad financiera, la eficiencia y la calidad del servicio. Para ello, será obligatoria una evaluación previa por comités técnicos con participación de personas expertas, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil, ya que una de las novedades del anteproyecto es el reconocimiento de las asociaciones de pacientes como interlocutores en estrategias, planes, evaluación de tecnologías, investigación clínica y políticas sanitarias. Los informes y resoluciones deberán publicarse, reforzando así la transparencia. Además, se propone eliminar definitivamente los contratos mixtos que vinculaban la construcción de infraestructuras sanitarias con su posterior gestión privada. Un sistema que ha permitido a grandes constructoras como Ferrovial, ACS o FCC introducirse en el sistema sanitario.
Otro de los ejes del anteproyecto es el refuerzo del buen gobierno y la rendición de cuentas. Las comunidades autónomas deberán dotar a sus centros sanitarios de instrumentos de gobernanza, publicar información detallada sobre conciertos y contratos y aplicar indicadores comunes de salud y calidad acordados en el Consejo Interterritorial del SNS. También se prevé la realización de auditorías externas con garantías de independencia.
La norma incluye, además, mecanismos de apoyo a las administraciones que quieran revertir procesos de privatización. En el plazo de un año se podría elaborar un informe de evaluación sobre las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997, y la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad prestará asesoramiento técnico a las comunidades autónomas que opten por recuperar la gestión pública de servicios externalizados. Aunque los conciertos y contratos actuales seguirán vigentes hasta su vencimiento, la nueva ley marca el camino de las futuras decisiones.
