Izquierda Unida de Siero ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo aprobado en el pleno municipal de diciembre para iniciar la externalización del servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado, y ha solicitado la suspensión cautelar de su ejecución, según ha informado la formación.
El recurso, registrado el pasado 22 de enero y firmado por la portavoz municipal de IU, Tere Álvarez, solicita la anulación del acuerdo al considerar que presenta defectos relevantes de procedimiento, una motivación insuficiente y una falta de justificación técnica y jurídica sobre el modelo de gestión elegido para un servicio público esencial.
Según ha señalado Álvarez, la decisión adoptada por el gobierno municipal “no acredita de forma objetiva que la gestión indirecta mediante concesión sea la opción más eficiente y sostenible”, tal y como exige la normativa de régimen local.
IU sostiene que la memoria utilizada para justificar el cambio de modelo no compara escenarios equivalentes y se apoya en supuestos teóricos que, a su juicio, no están contrastados. Además, la formación considera que no se han analizado de forma suficiente alternativas de gestión pública reforzada, pese a que, asegura, el Ayuntamiento dispone de capacidad económica y organizativa para acometer las inversiones necesarias.
El recurso también cuestiona la omisión de trámites que considera legalmente exigibles, la falta de una evaluación completa del interés general y la ausencia de garantías efectivas de control público sobre el servicio. Asimismo, IU advierte de posibles dudas jurídicas en torno a la calificación del contrato como concesión, en relación con la transferencia del riesgo operacional que exige la normativa de contratación pública.
La portavoz municipal ha señalado que la presentación del recurso responde a la coherencia con el voto contrario emitido por su grupo en el pleno y ha subrayado la necesidad de suspender la ejecución del acuerdo para evitar decisiones “de difícil reversión”.
IU defiende que el Ayuntamiento puede reforzar la gestión pública del agua, mejorar la red y garantizar un servicio eficiente y sostenible sin renunciar al control público ni a la transparencia, ha concluido Álvarez.
