La plataforma vecinal Salvemos Peñamayor ha registrado este lunes ante la Dirección General de Minas un total de 3.321 firmas en contra de los permisos de investigación solicitados por ASTURMET Recursos S.L., que afectan a los concejos de Bimenes, Llaviana, Nava y Piloña.
Desde la plataforma se ha reiterado en diversas ocasiones que este tipo de permisos son un “coladero” para legalizar auténticas explotaciones mineras.
La entrega de las firmas se realizó este martes en el Edificio de las Consejerías, con la presencia de representantes vecinales de los cuatro municipios implicados, que trasladaron un “mensaje firme y claro” de rechazo a los proyectos.
Según ha señalado la plataforma en un comunicado, las personas firmantes se oponen a unas iniciativas que, aseguran, “se han autorizado y se siguen tramitando de espaldas a los vecinos y vecinas, sin respaldo social y generando una preocupación creciente en el territorio”.
El colectivo advierte de que Peñamayor “no es un solar vacío disponible”, sino un espacio que integra recursos hídricos, montes, núcleos rurales, paisaje, caminos, memoria y actividades económicas vinculadas al medio rural. A su juicio, mantener activos estos permisos supone “mantener bajo amenaza todo este territorio”.
Entre sus demandas, la plataforma exige que las 3.321 firmas se incorporen al expediente administrativo; que se tenga en cuenta la oposición social e institucional existente; que se dé respuesta a los escritos presentados por la ciudadanía, y que, ante los supuestos incumplimientos de la normativa y de las condiciones especiales de la autorización, se inicie el expediente de caducidad del permiso denominado “Astur A”.
Asimismo, reclama que el Gobierno del Principado actúe “de manera inmediata” ante lo que considera un mandato político claro y una oposición vecinal e institucional sostenida en el tiempo.
Salvemos Peñamayor sostiene que no se trata de “una polémica puntual”, sino de un modelo de gestión que, en su opinión, pone en riesgo el agua, el paisaje y las actividades que sostienen el medio rural, y cuestiona la tramitación administrativa de los permisos por considerar que ignoran normativas urbanísticas municipales y consolidan “por la vía de los hechos consumados” un cambio en el modelo de desarrollo del territorio.
La plataforma recuerda que, según indica, la Junta General ha instado la revocación del permiso Astur A y que los plenos municipales de Llaviana y Bimenes han solicitado su caducidad, al tiempo que critica la falta de respuesta a los escritos y solicitudes presentados durante los últimos meses.
“El Gobierno del Principado no puede seguir ignorando esta cuestión”, subraya el colectivo, que reclama una actuación inmediata para evitar, a su juicio, riesgos para el territorio y para la credibilidad institucional.
