El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la multinacional Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) contra la decisión del Ayuntamiento de Tapia de Casariego de no modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la explotación minera en Salave.
En una sentencia fechada el pasado 19 de marzo, la sala rechaza el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa contra el acuerdo adoptado por el pleno municipal en noviembre de 2024, por el que se denegó la aprobación inicial de una modificación puntual del PGOU destinada a recalificar suelos de especial protección como Suelo de Interés Minero.
El fallo considera que el Ayuntamiento actuó conforme a derecho y subraya que no existe una “obligación ineludible” de modificar el planeamiento urbanístico a petición de una empresa privada, al tratarse de una potestad discrecional de la Administración orientada al interés general.
Asimismo, el tribunal respalda los informes técnicos municipales que concluyen que los terrenos de Salave conservan los valores naturales, paisajísticos y agrarios que motivaron su protección, sin que se haya producido ninguna circunstancia nueva que justifique su reclasificación.
La sentencia también recuerda que la normativa autonómica vigente prohíbe de forma general las extracciones mineras en suelo no urbanizable de la franja costera, lo que refuerza la inviabilidad del proyecto.
Además, señala que el Principado de Asturias ya acordó en febrero de 2025 la terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental al considerar que la iniciativa carecía de viabilidad desde el inicio por su incompatibilidad urbanística.
Por su parte, la Plataforma Oro No, que participaba en el proceso como codemandada, ha valorado positivamente la resolución judicial, al considerar que supone un nuevo revés para las aspiraciones de la compañía minera de desarrollar el proyecto en el occidente asturiano.
El colectivo ha instado al Gobierno autonómico a adoptar medidas para proteger de forma definitiva la zona y evitar futuros intentos de explotación minera.
