Los cuatro mineros encerrados por duodécimo día consecutivo en la Mina Miura, en la localidad de Tormaleo, Ibias, protagonizarán una marcha hasta el parlamento asturiano si la empresa Carbones La Vega, propietaria de la explotación, no les abona antes del miércoles las nóminas que les adeuda desde hace un año.
El SOMA-FITAG-UGT ha señalado, en un comunicado, que ante la “grave situación” que atraviesan los trabajadores, se ha fijado como fecha límite el miércoles para que la empresa proceda al “abono inmediato” de las nóminas adeudadas.
En caso de no producirse dicho pago, los mineros actualmente encerrados en el interior de la explotación abandonarán la mina para iniciar una marcha reivindicativa desde Mina Miura hasta la Junta General del Principado.
El SOMA-FITAG-UGT ha tildado de “absolutamente inadmisible que en pleno siglo XXI se mantengan situaciones de impago salarial prolongado, como es el caso, que se deben diez nominas y dos pagas extraordinarias”, lo que supone, una “vulneración flagrante de los derechos laborales más básicos y coloca a las familias en una situación límite”.
La marcha de los mineros tiene como objetivo exigir el pago inmediato de los salarios pendientes, reclamar la implicación “efectiva” de las administraciones públicas, denunciar el “abandono histórico” que sufren las cuencas mineras y defender el empleo y el futuro industrial de la comarca de suroccidente.
El sindicato ha asegurado que “respaldará todas las acciones necesarias” para garantizar que los trabajadores perciban lo que les corresponde y ha realizado un llamamiento a la sociedad asturiana y a las fuerzas políticas para que apoyen esta movilización.
Un grupo de cuatro mineros asturianos -había un quinto que abandonó la protesta- lleva doce días de encierro en el interior de esta explotación situada en el suroccidente asturiano por el impago de sus nóminas desde hace un año.
El Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha propuesto una sanción de 3.000 euros a la empresa Carbones La Vega, así como la suspensión de funciones a su director facultativo durante seis meses.
El Gobierno del Principado ha expuesto que las medidas se proponen tras la visita realizada la semana pasada a la explotación por parte dos ingenieros del Servicio de Minas, acompañados de la Guardia Civil de Cangas del Narcea.
Los trabajadores denuncian que el nuevo propietario de la mina adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas y retomar la actividad sin que haya cumplido hasta el momento.
Los derechos mineros fueron vendidos por la empresa Carbones La Vega, de la familia del empresario Chus Mirantes, propietario a su vez de la mina de Zarréu en la que fallecieron cinco trabajadores en una explosión en marzo del pasado año, un suceso que aún está bajo investigación judicial.
