Una comisión impulsada por el Gobierno sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado a 63 víctimas de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad en el periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, dos de las cuales murieron en Oviedo/Uviéu y en Xixón por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, respectivamente.
La primera de las víctimas registrada en Asturias es el transportista Valeriano Martínez Pérez, de 41 años, quien murió en Oviedo/Uviéu el 19 de septiembre de 1979 en el contexto de una huelga del ramo.
Casado y con tres hijos, Martínez Pérez formaba parte de un piquete y recibió un disparo de un cabo de la Guardia Civil en un forcejeo entre camioneros y la escolta de un convoy, en el barrio de La Tenderina, cuando los huelguistas trataban de bloquear los accesos a la capital asturiana.
Según la crónica los camioneros en huelga lanzaron piedras y trataron de pinchar un camión de la Central Lechera Asturiana, empresa que había despedido días atrás a varios transportistas. Fue en este contexto en el que la Guardia Civil abrió fuego contra el camionero ovetense, que fallecería horas más tarde en el hospital a consecuencia de las heridas de bala. Nadie sería juzgado ni condenado por el caso.
La huelga de los transportistas asturianos, agrupados en la central Cesintra, sería uno de los conflictos más largos y violentos de la Transición asturiano. Los trabajadores, autónomos, exigían mejores precios o ser contratados como empleados por las principales empresas asturianas, ENSIDESA, HUNOSA y Central Lechera.
En el piquete serían detenidos dos líderes huelguísticos, uno de ellos, Alejandro Bárcenas, militante socialista, expulsado de la FSA-PSOE por sus críticas a la falta de apoyo a la huelga del Consejo Regional de Asturias y de la UGT. Tras las movilizaciones de los trabajadores sería puesto en libertad.
Si algo llama la atención de blas crónicas periodísticas de esos días es la falta de solidaridad con la huelga, así como la nula exigencia de responsabilidades por el asesinato del trabajador. Ha tenido que pasar casi medio siglo hasta que su memoria sea reparada.
Estudiante gijonés asesinado por la policía
La segunda víctima registrada en Asturies es el joven Juan Abel Muñiz Corral, de 19 años, quien también murió por impacto de bala en la avenida Galicia de Xixón, en el Natahoyo, a primeras horas de la madrugada del 13 de mayo de 1981, cuando un agente de la Policía Nacional, de paisano, realizó varios disparos, uno de los cuales alcanzó mortalmente al estudiante, después de que este se negara al requerimiento de su documentación para su identificación.
Como en el caso del transportista llama la atención el poco interés despertado por el suceso en los medios, así como la ausencia de condenas o peticiones de explicaciones a un claro caso de abuso policial.
No fueron caso aislados. En su informe la comisión reconoce un total de 63 víctimas -dos de ellas en el primer año del Ejecutivo socialista de Felipe González- siguiendo dos criterios: que los casos acabaran en muerte y que ocurriera en un contexto de violencia por motivaciones políticas.
En concreto, hay 34 víctimas de actuaciones de la extrema derecha y 29 de excesos policiales entre el 29 de diciembre de 1978 (la fecha de entrada en vigor de la Constitución) y el 31 de diciembre de 1983, todas ellas acordadas tras un intenso debate en el seno de la comisión, prevista en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y presidida por el secretario de Estado, Fernando Martínez.
La mayoría de víctimas son de 1980 (28 casos), seguido de 1979 (22 casos), 1981 (9 casos), 1982 (tres casos) y 1983 (un caso).
La extensión de la Ley de Memoria Democrática hasta 1983 fue resultado de un pacto entre EH Bildu y PSOE en 2022. Desde la izquierda soberanista vasca se argumentó que pese al final de la dictadura, todavía en este periodo las consecuencias del franquismo estuvieron muy latentes en forma de atentados de la extrema derecha y excesos policiales.
Del ‘caso de Almería’ a la estudiante Yolanda González
La extensión de los trabajos de la comisión hasta finales de 1983, incluyendo el primer año de Gobierno del socialista Felipe González, fue fruto de una enmienda pactada con EH Bildu y se convirtió en uno de los aspectos de la ley que generó más polémica política.
De las 63 víctimas recogidas en el informe, dos corresponden al inicio del mandato de Felipe González, en concreto Salvador Sampedro de Dios (5 de diciembre de 1982) y Juan Félix Domínguez (19 de febrero de 1983).
El primero era un taxista que falleció en la provincia de Valladolid por una agresión con arma blanca y un posterior atropello de dos integrantes de un comando ultraderechista denominado ‘Grupo armado 28 de octubre’, que habían cogido el taxi con destino a Salamanca para tratar de proporcionar armas al grupo.
Y el segundo un niño de dos años que murió por disparos de la guardia civil en un control ubicado en un cruce de carreteras en Valmojado (Toledo), al no detenerse el coche en el que viajaba con su familia ante las señales de los agentes.
En el listado figuran también Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo, del conocido como ‘caso de Almería’, que murieron el 10 de mayo de 1981 torturados por la Guardia Civil tras ser detenidos al ser confundidos con miembros de ETA.
Otra víctima reconocida es Jesús María Zubikarai, que fue detenido en 1975 y encarcelado tres meses bajo la acusación de pertenecer a ETA y que figura en el listado por haber sido secuestrado y asesinado el 2 de febrero de 1980 en Éibar (Gipuzkoa) por el comando de extrema derecha Batallón Vasco Español.
También figuran el concejal independiente de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián Tomás Alba, asesinado el 28 de septiembre de 1979 en Astigarraga (Guipúzcoa) por integrantes del Batallón Vasco Español, y la estudiante y militante del partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, asesinada el 1 de febrero de 1980 en Madrid por miembros de Fuerza Nueva.
Excluidos los terroristas
La comisión concluye que, entre 1979 y 1983, siguió habiendo prácticas autoritarias bajo un “patrón estructural de impunidad” y menciona el terrorismo de ETA entre los focos de violencia.
Eso sí, las personas vinculadas a grupos terroristas quedaron excluidas expresamente de la posibilidad de ser consideradas víctimas, según el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2024 que aprobó esta comisión.
Más allá de su presidente, la comisión estaba integrada por doce vocales, entre ellos el confundador de CCOO y exlíder del PCE Nicolás Sartorius, que estuvo encausado en el llamado proceso 1001; el exdirector de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza; o la socialista y activista por la paz y la memoria Paca Sauquillo.
El informe con las conclusiones propone algunas medidas, como la creación de un “canal institucional permanente” con las víctimas o la ampliación del estudio a otras vulneraciones de derechos humanos.
