Pablo Bustinduy regresó esta semana a Avilés para participar en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada el viernes en la ciudad. La víspera de ese encuentro, recién llegado desde Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 conversó con NORTES sobre algunos de los principales debates que marcan la agenda política y social del Gobierno. La reforma del sistema de dependencia, la crisis de la vivienda, las medidas de protección de los consumidores y el futuro de Sumar centran una entrevista en la que Bustinduy reivindica la acción del Ejecutivo, defiende la necesidad de intervenir el mercado del alquiler y atribuye a la vivienda buena parte de la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras. También aborda el desarrollo de la Ley de Vivienda en Asturias y las dificultades para aplicar algunas de sus herramientas.
La inflación ha bajado, pero mucha gente sigue teniendo la sensación de que cada vez cuesta más vivir. ¿Por qué ocurre?
Por varios factores. El primero es la vivienda, que está actuando como un gran mecanismo de expropiación de rentas. Desde la pandemia se ha producido una recuperación salarial importante, especialmente entre los salarios más bajos, gracias a la reforma laboral y a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. El desarrollo económico de España no tiene comparación con el de los países de nuestro entorno. El problema es que ese crecimiento tiene que llegar en mayor medida a las clases trabajadoras: los salarios deben seguir aumentando y, sobre todo, hay que poner fin a esa expropiación de rentas que se produce a través de un mercado de la vivienda secuestrado por una clase propietaria internacional que está exprimiendo a los trabajadores. Es el principal mecanismo por el que la riqueza que genera el desarrollo económico acaba concentrándose en un puñado de grandes fondos de inversión, inversores internacionales y grandes propietarios.
Cuando llegó al Ministerio de Consumo, dijo que quería combatir los abusos empresariales. Después de estos años, ¿cuál cree que sigue siendo el principal abuso que sufren los consumidores?
Las relaciones de consumo forman parte de la vida cotidiana de cualquier persona y de cualquier familia. Durante mucho tiempo han estado marcadas por una profunda desigualdad estructural que ha generado la sensación de que los ciudadanos estaban a merced del capricho de las grandes multinacionales y de las grandes empresas. El propósito del Ministerio ha sido intervenir, siempre con la ley en la mano, para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores. El proyecto de fondo es la democratización de la economía. La democracia no es solo un sistema electoral o de representación política; también implica reconocer la igualdad entre los distintos actores sociales. Democratizar las relaciones económicas significa redistribuir la riqueza y garantizar que las relaciones de consumo no estén sometidas a los abusos, al chantaje o a las imposiciones de quienes utilizan su posición dominante para incrementar cada vez más sus beneficios. Hemos actuado en el ámbito de la vivienda, con la sanción histórica a Airbnb y las actuaciones contra inmobiliarias por prácticas abusivas; también frente a las falsas rebajas en el comercio electrónico, las aerolíneas de bajo coste o el juego ‘online’, que está explotando a muchos jóvenes de barrios trabajadores. Incluso en el ámbito internacional, impulsando la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales en Palestina y la retirada de anuncios de alojamientos turísticos en esos territorios. Nuestro objetivo ha sido siempre el mismo: que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, se considere por encima de la ley.
Dependencia y cuidados
El Gobierno acaba de impulsar una reforma de la financiación de la dependencia y otra de las leyes de dependencia y discapacidad. ¿Qué va a cambiar realmente para las personas que hoy esperan una prestación?
Tiene que cambiar todo. Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes para duplicar la financiación estatal destinada a la dependencia. Son 6.200 millones de euros adicionales para la segunda mitad de 2026 y para 2027. Esos recursos deben hacer posible la refundación del sistema de cuidados, cuya reforma se votará en el Congreso el próximo 14 de julio. El objetivo es construir un sistema capaz de atender las necesidades de la ciudadanía a lo largo de todas las etapas de la vida. Para ello hacen falta recursos, pero también un modelo diferente. Creo que esta es la mayor ampliación de la red de protección social en décadas. Queremos garantizar el derecho a recibir cuidados y, al mismo tiempo, dignificar las condiciones laborales de quienes cuidan. Es una transformación de enorme calado y confío en que salga adelante en el Congreso. Estoy convencido de que será el principal legado social de esta legislatura.
Las listas de espera siguen siendo uno de los grandes problemas del sistema. ¿Por qué cuesta tanto reducirlas?
Porque el sistema de dependencia apenas estaba empezando a desarrollarse cuando sufrió los recortes de la década de la austeridad. El Gobierno de Mariano Rajoy recortó más de 5.400 millones de euros de financiación y, mientras tanto, las necesidades no dejaron de crecer. Desde 2020 hemos hecho un esfuerzo muy importante para recuperar esos recursos. Hoy el sistema atiende a un 50 % más de personas, hasta alcanzar los 1,7 millones de usuarios, y las listas de espera se han reducido a la mitad. Pero no basta. Por eso ahora damos un salto sin precedentes, duplicando la financiación y transformando el modelo. El objetivo es acabar con las listas de espera, ampliar y mejorar las prestaciones, favorecer que las personas puedan seguir viviendo en sus hogares con los apoyos necesarios y dignificar el trabajo de quienes cuidan, un sector formado mayoritariamente por mujeres y, en muchos casos, por mujeres migrantes.
“Yo no formaba parte del Gobierno cuando se aprobó la Ley de Vivienda, pero creo que es evidente que la situación para las clases trabajadoras es hoy insoportable”
Por lo que dice, ¿el principal cuello de botella está hoy en las comunidades autónomas más que en el Estado?
La gestión de la dependencia corresponde, por nuestro modelo constitucional, a las comunidades autónomas. Son ellas quienes administran el sistema en el día a día. La Administración General del Estado tiene dos responsabilidades: aportar financiación y establecer el marco normativo básico. Precisamente son esas dos cuestiones las que estamos transformando ahora para que los cambios lleguen cuanto antes a la ciudadanía.
Asturias está gobernada por una mayoría progresista, pero sigue teniendo listas de espera importantes en dependencia. ¿Qué margen de mejora cree que tiene el Principado?
Asturias no es el único territorio que afronta ese problema, pero estamos poniendo todos los recursos y todas las condiciones para resolverlo. Con el decreto de financiación extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros, el Principado recibirá este año un 50 % más de financiación que en 2025 y, en 2027, un 90 % más. Estoy convencido de que esos recursos, junto con las medidas de simplificación administrativa, la eliminación de trabas burocráticas y el reconocimiento automático de determinadas pasarelas entre discapacidad y dependencia, permitirán mejorar la situación de forma muy rápida.
La vivienda, el gran reto pendiente
Tres años después de la aprobación de la Ley de Vivienda, ¿ha fracasado la ley o ha faltado voluntad para aplicarla?
Yo no formaba parte del Gobierno cuando se aprobó la Ley de Vivienda, pero creo que es evidente que la situación para las clases trabajadoras es hoy insoportable. Vivimos una auténtica emergencia habitacional que tiene nombres y apellidos y también responsables. Por un lado, muchas de las herramientas previstas en la ley no se han desplegado por falta de voluntad política.
Pero el Gobierno también ha intentado sacar adelante nuevas medidas como la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y no ha conseguido aprobarlas. ¿Qué falló?
Ahí, la derecha, la ultraderecha y Junts se unieron para tumbarlas. Era una medida que simplemente protegía a quienes terminaban su contrato, sin impedir que los propietarios siguieran cobrando sus rentas. Aun así, decidieron bloquearla para defender los intereses de quienes se están beneficiando del incremento obsceno del precio de los alquileres. La buena noticia es que, después de mucho trabajo y de una dura batalla política, volveremos a llevar esas medidas antes de que termine julio. Hablamos de recuperar la prórroga de los alquileres, aplicar un IVA del 21 % a los pisos turísticos y regular los alquileres de temporada y por habitaciones, que hoy se utilizan en muchos casos para esquivar la legislación y extraer la máxima renta posible de las personas más vulnerables. Todo ello debe servir para intervenir un mercado profundamente disfuncional e injusto.
Ha dicho que buena parte de los avances sociales pierde su efecto por el problema de la vivienda. ¿Por qué?
Porque todo lo que se ha avanzado con la reforma laboral, la subida del salario mínimo, el incremento de las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital pierde buena parte de su efecto si la vivienda actúa como una aspiradora que absorbe esa riqueza y la concentra en manos de una clase propietaria que no genera valor añadido ni empleo y que, en muchos casos, ni siquiera tributa en España.
Muchas de las herramientas que contempla la ley, como las zonas tensionadas, no se han aplicado en las comunidades gobernadas por el PP y Vox. Pero en Asturias, donde gobierna una mayoría progresista, también han pasado tres años hasta su desarrollo. ¿A qué lo atribuye? ¿Ha faltado voluntad política o es que la propia ley hace demasiado complejo poner esas herramientas en marcha?
No puedo hablar por la experiencia concreta de Asturias, pero sí por la mía. En el Ministerio de Consumo hemos comprobado hasta qué punto determinados sectores económicos muy poderosos despliegan todos los recursos a su alcance para defender sus intereses y tratar de impedir cualquier regulación que limite sus privilegios. Frente a eso, las mayorías sociales solo tienen una herramienta: la política democrática. Por eso tenemos la obligación de estar a la altura de la magnitud de esta crisis. Esto se lo hemos dicho a nuestros compañeros del Partido Socialista muchas veces. Ante una emergencia habitacional como la que vive este país no cabe mirar hacia otro lado. Hemos insistido desde el principio en la necesidad de actuar y seguiremos haciéndolo. Este mismo mes volveremos a llevar medidas para intervenir el mercado de la vivienda y estoy convencido de que tendrán un efecto inmediato, también en Asturias.
“Cuando esta legislatura se observe con perspectiva, se verá que ha impulsado una profunda ampliación de derechos”
Alimentación saludable, Gobierno y Sumar
Han impulsado cambios importantes en los comedores escolares. ¿Qué problemas pretendían resolver y qué balance hace de su aplicación?
Partíamos de un diagnóstico muy claro. En España se ha reducido la prevalencia del exceso de peso entre niños, niñas y adolescentes, pero esa mejora no se ha producido por igual en todas las clases sociales. La diferencia entre una familia que ingresa 18.000 euros al año y otra que ingresa 30.000 ronda los veinte puntos en la prevalencia de la obesidad infantil. Eso demuestra que las desigualdades económicas también se traducen en desigualdades en la alimentación. Los comedores escolares tienen que ser un espacio de igualdad y una garantía del derecho a una alimentación saludable. La nueva normativa asegura que las cinco comidas semanales que los niños hacen en el colegio respondan a los estándares de la Organización Mundial de la Salud y, además, fortalece la relación entre los comedores, el medio rural y los productores de proximidad. Ya está en vigor y creemos que será transformadora. Nuestra intención es extender ese modelo también a hospitales y residencias para garantizar una alimentación digna en momentos especialmente vulnerables de la vida. El siguiente paso, que queremos incorporar a los Presupuestos Generales del Estado, es avanzar hacia la gratuidad de los comedores escolares en la escuela pública.
¿Cree que este Gobierno tiene margen para agotar la legislatura hasta 2027?
No trabajo con otra hipótesis. Es cierto que muchos actores políticos ya están instalados en la lógica de la campaña electoral, pero la izquierda está en el Gobierno para transformar la vida de la mayoría trabajadora, redistribuir la riqueza y ampliar derechos. Ha sido una legislatura extraordinariamente compleja, tanto por la aritmética parlamentaria como por el contexto internacional, pero también excepcional en términos de avances sociales. Ahora no hay excusas para no culminar reformas fundamentales. Este mismo mes esperamos sacar adelante la refundación del sistema de cuidados, nuevas medidas para intervenir el mercado de la vivienda y seguimos trabajando para aprobar unos Presupuestos que incluyan iniciativas como la prestación universal por crianza, la gratuidad de los comedores escolares o la ampliación de los permisos por nacimiento. Tenemos por delante unos meses decisivos para materializar cambios que mejoren la vida de millones de personas.
Usted ha descartado en varias ocasiones relevar a Yolanda Díaz al frente de Sumar. ¿Es una decisión definitiva?
Sí. Lo he dicho desde el principio. Mi responsabilidad es empujar esta legislatura hasta el límite de sus posibilidades y desarrollar el trabajo que asumí al frente del Ministerio de Derechos Sociales. La mejor forma de que la izquierda llegue en condiciones de competir en 2027 es ser capaz de señalar transformaciones reales en la vida cotidiana de la gente. Cuando esta legislatura se observe con perspectiva, se verá que ha impulsado una profunda ampliación de derechos: la reforma del sistema de cuidados, las medidas para intervenir en el mercado de la vivienda, la prestación universal por crianza, la ampliación de los permisos por nacimiento, la subida del salario mínimo y de las pensiones o el papel internacional que ha desempeñado España. Creo que merece la pena seguir trabajando para culminar todas esas transformaciones.
Pero la izquierda a la izquierda del PSOE llega dividida al próximo ciclo electoral y, además, sin un liderazgo claro. ¿No cree que eso es un problema para la izquierda?
Creo que hay que tener en cuenta de dónde venimos. Es un ciclo político muy largo y con pocos precedentes en la historia reciente de España. Durante más de una década las fuerzas de la izquierda transformadora han tenido un peso determinante en los gobiernos, desde muchos ayuntamientos hasta el Ejecutivo central. Es lógico que exista un cierto desgaste de las organizaciones, de los liderazgos e incluso de algunos planteamientos políticos. Eso forma parte de cualquier ciclo largo. De cara a 2027 será necesario renovar el proyecto, incorporar gente nueva, nuevas ideas y aprender de los errores. No creo que sea el momento de ajustar cuentas con el pasado, sino de preparar el siguiente ciclo político. Cada uno tiene una responsabilidad. La mía es intentar dejar el Ministerio con el mayor número posible de avances consolidados y legar el proyecto en las mejores condiciones posibles a quienes vengan después. Estoy convencido de que la izquierda volverá a estar a la altura.
