La posible venta del edificio de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social situado en la calle Jovellanos de Oviedo/Uviéu ha motivado críticas por parte de Somos Asturies, IU-Convocatoria por Oviedo y el Sindicato de Vivienda de Asturias, que consideran que el inmueble debería destinarse de forma permanente a ampliar el parque público de vivienda en lugar de salir al mercado.
La portavoz de Somos Asturies y diputada Covadonga Tomé, ha registrado una iniciativa parlamentaria para conocer qué medidas adoptará el Gobierno del Principado ante la posible subasta del edificio, que cuenta con alrededor de cuarenta viviendas. La formación plantea que tanto este inmueble como otros edificios residenciales de la Seguridad Social en Asturies pasen a formar parte del parque público de vivienda protegida.
Tomé recordó que el Ministerio de Vivienda anunció el pasado mes de mayo su intención de incorporar las viviendas de la Seguridad Social a la empresa pública Casa 47 para evitar este tipo de operaciones. La diputada ha denunciado que la enajenación de patrimonio público en un contexto de crisis de acceso a la vivienda supondría favorecer la especulación inmobiliaria. “La vivienda no puede seguir tratándose como un activo para especular. Mientras muchas familias tienen dificultades para acceder a un alquiler digno, no tiene sentido que viviendas públicas vacías puedan acabar en el mercado privado o destinarse a usos como el alquiler turístico”, afirmó.
Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu, Gaspar Llamazares, calificó de “inaceptable” que, en un contexto de dificultades de acceso a la vivienda, la Seguridad Social pueda sacar a subasta un edificio público que, a su juicio, ya demostró su utilidad para el alquiler asequible.
Llamazares considera que la legislación vigente permite incorporar este tipo de inmuebles al parque público de vivienda y defiende que esa debería ser la prioridad. “El patrimonio público debe estar al servicio de los ovetenses y del derecho a la vivienda, no convertirse en una oportunidad de negocio privado”, afirmó.
A estas críticas se ha sumado el Sindicato de Vivienda de Asturias, que denuncia que la operación responde a una política que, a su juicio, favorece los intereses del mercado inmobiliario frente al derecho a la vivienda. “Una vez más los gobiernos e instituciones ponen al servicio del negocio inmobiliario, y en este caso probablemente turístico también, nuestras casas por encima de la necesidad social que hay ahora mismo en Asturies”, sostiene la organización.
El sindicato recuerda que el edificio podría destinarse a parte de las familias que permanecen en lista de espera para acceder a una vivienda pública y denuncia que Asturias lleva siete años sin una convocatoria ordinaria de vivienda pública, mientras el precio de los alquileres continúa marcando máximos históricos.
Para el Sindicato de Vivienda de Asturias, este caso refleja un proceso de “enriquecimiento de las empresas privadas por medio del sector público” y evidencia la necesidad de reforzar el parque público de vivienda. La organización concluye haciendo un llamamiento a la movilización social para defender la vivienda “como un derecho universal para la clase trabajadora”.
