Mientras ArcelorMittal conmemora sus veinte años en Asturias reivindicando el empleo, la inversión y el peso de la siderurgia en la economía regional, el aniversario deja otro balance bastante menos celebrado. En estas dos décadas se han instalado filtros, depuradoras y sistemas de tratamiento de aguas, pero el oeste de Gijón continúa acumulando episodios de contaminación por partículas y la estación del Lauredal sigue funcionando como el termómetro de un problema que no termina de desaparecer.
Paco Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción, reconoce que la factoría actual no es la misma que recibió ArcelorMittal en 2006. La legislación ambiental ha endurecido las obligaciones de la industria y la compañía ha tenido que adaptar parte de sus instalaciones. Su balance, sin embargo, está marcado por las medidas aplazadas, las inversiones modificadas y una contaminación que, a su juicio, se ha vuelto más difícil de controlar porque ya no procede únicamente de las grandes chimeneas.
La complejidad del complejo siderúrgico obliga a mirar más allá de la calidad del aire. Su impacto alcanza también al consumo de energía y materias primas, la generación de residuos, los vertidos y el tratamiento de las aguas. Ramos admite avances en todos esos ámbitos. Se han construido depuradoras, se han incorporado sistemas de recogida de gases y se han aprobado actuaciones para captar las aguas de escorrentía que atraviesan una planta situada en un valle inundable antes de alcanzar los cauces del entorno. “Se han ido tomando medidas, entre otras cosas porque la propia legislación ha obligado a avanzar”, explica.
La complejidad del complejo siderúrgico obliga a mirar más allá de la calidad del aire
El problema aparece al comparar esas actuaciones con los registros de las estaciones. La calidad del aire ha mejorado respecto a comienzos de siglo, pero el conflicto dista de estar resuelto. La estación del Lauredal continúa registrando episodios de contaminación por partículas y, durante uno de ellos, en noviembre de 2024, alcanzó un pico de 125 microgramos por metro cúbico de PM10. Ese mismo punto de medición sigue siendo uno de los más sensibles del área urbana de Gijón.
Ramos sostiene que los datos de 2025 volvieron a dejar a la zona fuera de los valores exigidos y obligan al Principado de Asturias a preparar un nuevo plan de calidad del aire. Conviene distinguir, como hace el propio ecologista, entre las obligaciones de la empresa y las de la Administración. Cuando una estación incumple los límites ambientales, la responsabilidad jurídica de recuperar la calidad del aire corresponde al Gobierno autonómico. Otra cuestión distinta es determinar qué focos generan esa contaminación y si cada instalación cumple los límites establecidos en su autorización.
Una contaminación distinta en cada barrio
No todo Gijón respira la misma mezcla de contaminantes. En el conjunto de la ciudad, el tráfico tiene un peso importante en la presencia de óxidos de nitrógeno y también contribuye a las partículas. La situación cambia a medida que el análisis se desplaza hacia el oeste, donde la proximidad del puerto y de las grandes industrias modifica el origen de las emisiones.
Los estudios de contribución de fuentes encargados por la Administración identifican a los procesos siderúrgicos como el principal origen de las partículas PM10 registradas en el Lauredal. Ramos recuerda que durante casi una década reclamaron este tipo de análisis para dejar de hablar de la contaminación como una masa indistinta y empezar a identificar el peso de cada actividad. Añade que la presencia de hierro en una parte significativa de las muestras y su relación con la dirección predominante del viento apuntan al complejo de ArcelorMittal como principal foco industrial de esas emisiones.
La estación del Lauredal es también el resultado de esa presión. Antes se utilizaban principalmente las mediciones de Cuatro Caminos, una ubicación urbana rodeada de edificios que no reflejaba de la misma manera lo que ocurría en los barrios más próximos a la industria. La movilización vecinal consiguió primero una estación provisional y después su incorporación definitiva a la red pública de vigilancia. Sus registros permitieron conocer con mucha mayor precisión la contaminación que soporta el oeste de Gijón.
La aparición de una plataforma encabezada por el movimiento vecinal sacó el conflicto de los despachos y amplió una protesta que hasta entonces había tenido un respaldo social limitado
Cuando los vecinos cambiaron el debate
Ese cambio coincidió con otro fenómeno que, para Ramos, resultó decisivo. Durante años, las denuncias por contaminación habían quedado prácticamente limitadas al movimiento ecologista. El peso del empleo industrial y el recuerdo de las reconversiones hacían que cualquier crítica a la siderurgia pudiera interpretarse como una amenaza para la continuidad de las plantas. Esa situación empezó a cambiar alrededor de 2016, cuando las asociaciones vecinales del oeste de Gijón situaron la calidad del aire entre sus principales reivindicaciones.
La aparición de una plataforma encabezada por el movimiento vecinal sacó el conflicto de los despachos y amplió una protesta que hasta entonces había tenido un respaldo social limitado. A partir de ese momento, la discusión dejó de enfrentar únicamente a ecologistas y empresa. Entraron los barrios, los ayuntamientos y un gobierno autonómico obligado a explicar por qué los planes aprobados no lograban resolver el problema.
El cambio político en el Ayuntamiento de Gijón también alteró, en opinión de Ramos, la relación entre administraciones. El consistorio y el Principado dejaron de compartir la misma posición ante cada episodio y empezaron a exigirse responsabilidades mutuamente. Aquella tensión contribuyó a impulsar los estudios de contribución de fuentes que durante años habían reclamado los colectivos ambientales.
La protesta vecinal cambió además la manera de interpretar la continuidad industrial. Para Ramos, denunciar las emisiones ya no equivale a pedir el cierre de la fábrica. La exigencia se dirige hacia su modernización y hacia unas inversiones capaces de garantizar el futuro de la producción sin trasladar sus costes ambientales a los barrios próximos. La discusión ya no se limita a elegir entre empleo y contaminación, sino a preguntarse qué tipo de siderurgia puede mantenerse en una región sometida a objetivos ambientales cada vez más estrictos.
Esa posición queda reflejada también en la campaña que Ecologistas en Acción ha lanzado con motivo del vigésimo aniversario de ArcelorMittal. El colectivo ha difundido una felicitación irónica en la que recuerda que, a su juicio, el complejo siderúrgico sigue figurando entre las instalaciones más contaminantes de Europa y entre las mayores emisoras de gases de efecto invernadero de España.
El polvo que no sale por las chimeneas
Las grandes chimeneas siguen siendo la imagen más visible de la contaminación industrial, pero Ramos considera que ya no explican por sí solas lo que ocurre en el oeste de Gijón. Una parte relevante del problema procede, según su análisis, de las emisiones difusas que escapan por diferentes puntos de una factoría envejecida.
El movimiento de materias primas, el tránsito de camiones, los acopios al aire libre y las fugas en distintas instalaciones levantan partículas que no pasan por un foco canalizado ni por un filtro concreto. Esas emisiones resultan más difíciles de medir y controlar. También ayudan a entender, sostiene, por qué una inversión capaz de reducir lo que sale de una chimenea puede no traducirse en una mejora equivalente en la estación situada fuera de la planta.
Las condiciones del valle y las brisas marinas terminan desplazando una parte de ese material hacia el Lauredal, especialmente durante determinadas horas de la noche. La empresa presenta sus inversiones y las reducciones logradas en focos concretos, mientras los vecinos siguen mirando unos medidores que no reflejan una transformación igual de clara. Para Ramos, esa distancia entre las actuaciones anunciadas y el aire que llega a los barrios resume buena parte del balance ambiental de estos veinte años.
