El posible contrato del puerto del Musel con la empresa israelí Magal Solutions ha vuelto a poner de actualidad el incumplimiento por parte de las administraciones públicas y empresas privadas del embargo de material de defensa y tecnología de doble uso con Israel aprobado por España en octubre de 2025.
Magal pertenece a Aeronautics Ltd., filial del Rafael Advanced Defense Systems, una de las principales empresas armamentísticas israelíes, pública y clave en el genocidio palestino. Magal ha desarrollado sistemas de vigilancia en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania y figura en el informe Economía de la ocupación y el genocidio, de la relatora de la ONU Francesca Albanese, donde detalla qué compañías internacionales y filiales se lucran con las acciones militares y el control de los territorios.
Magal presentó la oferta mejor valorada para vigilar El Musel y todo parecía destinado a su adjudicación, hasta que el grupo municipal de IU-Convocatoria por Xixón lo hizo público, generando una polémica que obligó a la autoridad portuaria a reaccionar. La entidad pública que preside la ex consejera Nieves Roqueñí ha respondido que va a analizarse la documentación que ha presentado la empresa. De momento no hay una decisión tomada. Al menos de manera pública. Desde Asturies con Palestina no bajan la guardia y han exigido también que no sea valorada la oferta de la empresa israelí.
Trubia y los proveedores israelíes
A pesar del embargo de armas a Israel, la fábrica de de Trubia mantiene relación con proveedores israelíes a través del programa de fabricación del blindado 8×8 Dragon. Por lo menos era así antes del Real Decreto de Octubre de 2025, y nadie ha desmentido que haya dejado de serlo. Secreto de Estado. Así respondió el Ministerio de Economía y Comercio a la pregunta de Ecoloxistes n´Aición d´Asturies sobre el cumplimiento del embargo de armas a Israel en la factoría asturiana.
Entre las empresas suministradoras de Tess Defence, el consorcio del que forman parte la norteamericana General Dynamics y la española Indra, con accionariado mayoritariamente público, figuran Plasan, especializada en blindajes; Elbit Systems, uno de los principales fabricantes de armamento de Israel; y Rafael Advanced Defense Systems. Todas ellas directamente implicadas en el genocidio y la colonización de Palestina.
La presencia de estos proveedores ha motivado protestas ante la factoría y peticiones para que el Gobierno español deje de importar material procedente de empresas israelíes destinadas a programas militares. Por ahora ninguna ha sido atendida.
Chalecos antibalas
Las relaciones comerciales también alcanzan al equipamiento policial. Oviedo/Uviéu y Avilés han contratado chalecos antibalas con Guardia Homeland, representante en España de IMI Systems LTD , empresa israelí que a su vez pertenece al gigante de tecnología militar Elbit Systems.
En abril de 2024, cuando el embargo todavía no había entrado en vigor, pero Israel ya acumulaba varios meses de ofensiva en Gaza, el Ayuntamiento de Avilés autorizó la compra de 120 chalecos antibalas para su plantilla de policía local con un coste de 131.625,00 euros más 27.641,25 euros en concepto del 21% de IVA. La adjudicación, que fue revelada en exclusiva por NORTES, no tuvo ningún tipo de protesta.
Más repercusión ha tenido la compra a la misma empresa de chalecos antibalas por parte del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, ya con el embargo en vigor. El gobierno local compró el pasado mayo 77 chalecos para su policía local por valor de 41.580 euros. El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu y Ecoloxistes n´Aición han planteado sendos recursos contra el contrato, al considerar que violan el embargo a Israel.
La Universidad indulta el proyecto TICHE
Estudiantes, profesores, personal investigador y otros trabajadores de la Universidad de Oviedo/Uviéu se han movilizado de manera continuada para reclamar la salida de los investigadores asturianos presentes en el proyecto TICHE, una investigación sobre detección de explosivos financiada por la Comisión Europea, en la que participa Israel Aerospace Industries, propietaria de la empresa griega Intracom Defense.
Aunque el tema fue llevado a la Comité Ético de la Universidad de Oviedo/Uviéu, una ajustada mayoría dictaminó que el proyecto era “humanitario” y no contradecía los estatutos universitarios, que impiden la participación en investigaciones de carácter bélico. El informe del Comité sirvió al Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo/Uviéu para votar su continuidad en el TICHE.
Desde el comité ético se planteó únicamente que los resultados de la investigación no se compartieran con la empresa israelí, algo que en el movimiento Uniovi por Palestina sonó más a “postureo” que a un argumento razonable.
Desde la plataforma, que considera que ni la investigación se puede compartimentar, ni lo defensivo y lo ofensivo son inseparables en una guerra, han decidido plantear un recurso contencioso administrativo contra la decisión de seguir adelante con la investigación.
La excepción del Servicio de Salud del Principado de Asturias
Tras una petición del movimiento en defensa de la sanidad pública y la parlamentaria Covadonga Tomé, de Somos Asturies, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) decidió en noviembre de 2025 no renovar sus contratos de compra con la farmacéutica israelí Teva y buscar alternativas en el mercado famacéutico.
Asturies se convirtió así en la primera comunidad autónoma en plantar al gigante farmacéutico, señalado desde el movimiento de solidaridad con Palestina por sus vínculos con el genocidio. Navarra ha sido la siguiente comunidad en seguir su camino.
Es la única excepción en un panorama marcado por la continuismo en las relaciones comerciales con Israel.
