Una pregunta que cabe hacerse al leer el artículo “El mapa del rearme: ¿en qué se gasta España el dinero de defensa?”, publicado hace unos días en este mismo medio, es el porqué del propio artículo. Sorprende que se pretendan dejar de lado las discusiones ideológicas sobre el militarismo o sobre si este incremento del gasto es deseable cuando en realidad constituye una de las decisiones políticas más profundas que puede adoptar un Estado, algo que en el contexto actual resulta especialmente evidente. Esa aparente neutralidad constituye ya una forma de tomar posición porque la decisión de centrar la atención en unos aspectos y no en otros condiciona inevitablemente la interpretación que se haga de los hechos.
El artículo comienza afirmando que “ha habido mucho ruido” en torno al aumento del gasto militar. Pero hablar de “ruido” para referirse al debate sobre una decisión que compromete miles de millones de euros y condicionará la política de defensa durante años resulta, como mínimo, discutible porque convierte el debate público en una molestia de la que habría que prescindir para atender únicamente a los datos. Resulta además llamativo que el propio autor atribuya el origen del debate a “ese 5% del PIB que Washington quiere imponer a la OTAN”. Si se acepta que el aumento del gasto responde, al menos en parte, a una exigencia de una potencia extranjera, difícilmente puede sostenerse que las discusiones sobre la conveniencia de ese incremento constituyan un mero “ruido”. Precisamente esa constatación abre preguntas de fondo sobre el grado de autonomía de los países europeos y sobre la legitimidad democrática de decisiones tan trascendentales para un país.
El texto da a entender que el bajo gasto en defensa durante la década posterior a la crisis de 2008 constituyó un problema que debía corregirse. Sin embargo, esa conclusión no se justifica. Que se retrasaran programas de modernización o se prolongara la vida útil de determinados sistemas no demuestra por sí mismo que la seguridad de España quedara comprometida. Al contrario, mientras esos sistemas siguieran siendo aptos para las misiones encomendadas, aplazar su sustitución podía responder a un criterio elemental de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Tampoco se explica qué amenazas concretas no pudieron afrontarse con los recursos disponibles ni qué riesgos asumió realmente el país durante esos años. Que la OTAN o Estados Unidos consideren insuficiente el esfuerzo español en defensa no basta para concluir que el interés nacional exija un aumento del gasto.
Que la OTAN o Estados Unidos consideren insuficiente el esfuerzo español en defensa no basta para concluir que el interés nacional exija un aumento del gasto
Por otra parte, para interpretar correctamente las cifras que se citan en el texto conviene hacer dos precisiones que condicionan todo el análisis.
En primer lugar, el gasto militar real lleva décadas apareciendo disperso en partidas ajenas al Ministerio de Defensa, lo que ha obligado a equipos de investigación y colectivos sociales a “desbrozar” los Presupuestos Generales del Estado para estimar el volumen efectivo de recursos destinados a fines militares. Por eso, cuando se afirma que España “ha pasado del 1 % al 2 %”, conviene preguntarse de qué gasto se está hablando exactamente y qué metodología se utiliza para medirlo.
En segundo lugar, esa misma lógica ayuda a entender la aparente “magia” económica del sector. Su fortaleza no radica tanto en el valor específico de lo que produce como en la existencia de una demanda cautiva, garantizada por el dinero público. La industria de defensa opera con un cliente prácticamente asegurado, el propio Estado o Estados aliados, como consecuencia de los compromisos asumidos en la OTAN, de modo que el riesgo comercial queda extraordinariamente reducido. En este contexto, la rentabilidad del negocio depende menos de las cualidades del producto que de la decisión política de financiar su adquisición con recursos públicos, convirtiendo el aumento del gasto militar en un mecanismo de transferencia de fondos hacia la industria armamentística más que en una respuesta a las reglas habituales del mercado.
Al analizar el panorama de una década después, el autor detalla las tres partes a las que ha ido dirigida la inversión (sustituir equipos envejecidos, modernizar capacidades existentes y desarrollar tecnologías para futuros conflictos), pero lejos de ser una mera descripción objetiva, el lenguaje empleado ya muestra un claro sesgo. Se habla de “modernización”, “capacidades estratégicas”, “soberanía tecnológica”, “reconversión económica” o de que España “ha decidido jugar en la liga de las potencias europeas”. Son expresiones que no solo describen una realidad, sino que contribuyen a construir un relato positivo sobre ella y reflejan una posición ideológica que identifica el incremento del gasto militar con algo positivo.
Sin embargo, precisamente ahí está la clave del asunto. Antes de debatir cómo aumentar la capacidad militar habría que responder a una pregunta mucho más sencilla: ¿de verdad necesitamos más capacidad militar?
También hay que preguntarse de quién queremos defendernos exactamente. El discurso del rearme suele apoyarse en la idea de un mundo cada vez más peligroso, pero ¿qué amenaza concreta justifica este aumento del gasto español? Si el argumento es Rusia, la hipótesis de un ataque directo a España resulta poco plausible y, en cualquier caso, no sería una situación que pudiera resolverse mediante unos miles de millones adicionales en el presupuesto nacional, teniendo en cuenta además que España ya forma parte de la OTAN, una decisión adoptada hace décadas y que también merece ser debatida. Si la preocupación es un hipotético conflicto con otra gran potencia, también resulta evidente que España jamás podrá competir en capacidad militar con Estados Unidos, China o cualquier potencia nuclear. Y si algún día una de esas potencias llegara a convertirse en adversaria, pensar que el incremento del presupuesto español alteraría significativamente ese equilibrio resulta poco creíble.
En realidad, el argumento de la disuasión termina convirtiéndose en una carrera sin meta. Siempre habrá alguien con más capacidad militar, siempre podrá justificarse un nuevo incremento presupuestario, pero nunca se dice cuál es el límite.
Especialmente significativa resulta la importancia que se concede a la dimensión industrial del gasto militar. El mensaje que termina trasladándose es que el rearme no debe entenderse únicamente como una política de defensa, sino también como una política de innovación y desarrollo tecnológico. Pero no se puede aceptar sin discusión la idea de que el desarrollo tecnológico militar es moralmente neutro. Se habla de drones, vehículos blindados, inteligencia artificial o capacidades industriales, satélites, etcétera, como si fueran simples productos tecnológicos olvidando cuál es su finalidad: los drones no son únicamente una innovación tecnológica, también matan; la munición inteligente sigue siendo munición; los vehículos blindados no son simplemente un medio de transporte. Las armas existen para ejercer violencia organizada. Ese es su propósito, verlas únicamente como productos tecnológicos oculta esa realidad.
Por supuesto que los Estados tienen derecho a defenderse, pero la cuestión es si el rearme es realmente la mejor forma de garantizar nuestra seguridad. Las amenazas que probablemente marcarán nuestra vida cotidiana durante las próximas décadas —el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las pandemias, las desigualdades sociales— difícilmente podrán resolverse aumentando la producción de armamento, sea cual sea su modalidad.
Poner a Asturias como ejemplo de las oportunidades económicas del rearme (“Asturies ilustra bien las consecuencias de este aumento del gasto…”) presentando la expansión de la Fábrica de Armas de Trubia, las inversiones de Rheinmetall Expal o la llegada de nuevos contratos de Indra como una oportunidad para una comunidad marcada por décadas de desindustrialización, es asumir que cualquier inversión merece ser celebrada si crea empleo, con independencia de qué se produzca y para qué se produzca. El autor ignora, además, la posible existencia de componentes de origen israelí en los vehículos Dragón.
Quizás esa supuesta oportunidad sea la respuesta a la pregunta con la que comenzaba este texto: el porqué de un artículo que renuncia expresamente a discutir las implicaciones éticas del rearme.
Pero ¿realmente queremos que Asturias sustituya una dependencia histórica del carbón —una actividad que durante décadas contribuyó al cambio climático y cuya reconversión ha supuesto enormes costes sociales— por una nueva dependencia de la industria militar?
Sin duda, la creación de empleo es una buena noticia, pero que una actividad genere empleo no basta, por sí solo, para justificarla. También habría que preguntarse qué tipo de empleo queremos fomentar y hacia qué objetivos queremos orientar nuestra capacidad industrial. El aumento del gasto militar responde a una determinada forma de entender la seguridad y las prioridades de una sociedad. Presentarlo como una simple necesidad técnica o económica no elimina esa dimensión, únicamente la oculta.
No es lo mismo impulsar la transición energética, fortalecer el sistema público de cuidados o desarrollar investigación biomédica o de conservación de la biodiversidad que convertir la producción de armamento en uno de los motores del crecimiento económico porque se corre el riesgo de terminar normalizando que la paz resulta menos rentable que la guerra.
