La Dirección General de Consumo del Principado de Asturias ha propuesto imponer a Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), una multa de 1,1 millones de euros por considerar que ha cometido una infracción muy grave al cobrar el peaje íntegro sin prestar el servicio en las condiciones exigibles y otra grave por la deficiente señalización de las obras que afectan a la vía.
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este viernes que la propuesta será elevada al Consejo de Gobierno del próximo lunes. Posteriormente se notificará a la empresa, que dispondrá del mes de agosto para presentar alegaciones antes de que la resolución sea firme.
La propuesta contempla una sanción de un millón de euros por cobrar el peaje completo pese a que la autopista no presta el servicio de rapidez, seguridad y fluidez que caracteriza a este tipo de infraestructuras, y otra de 100.000 euros por la deficiente señalización de unas obras que afectan a cerca del 40 % del recorrido.
Zapico ha señalado que se trata de “la multa más cuantiosa que nunca se haya impuesto desde Consumo del Principado” y ha defendido que responde al objetivo de “poner límites a los agravios de la concesionaria y a un peaje injusto que también es ilegal y que debe finalizar”.
Según el Gobierno asturiano, Aucalsa sigue cobrando los 16,20 euros del peaje para los turismos que recorren toda la autopista pese a que, desde noviembre de 2024, las restricciones derivadas del argayo registrado ese año y de las obras de modernización de los túneles obligan a circular con importantes limitaciones de velocidad y generan frecuentes retenciones.
El consejero ha recordado que en noviembre se cumplirán dos años desde que comenzaron esas restricciones y ha asegurado que la autopista “en muchas ocasiones se convierte en una auténtica ratonera”, con “caravanas y vergonzosos atascos”.
La Dirección General de Consumo ya estimó el pasado marzo que los 1,8 millones de vehículos que habían utilizado hasta entonces la autopista habían abonado entre 28 y 29,6 millones de euros en peajes sin recibir las condiciones de servicio propias de una vía de alta capacidad.
El Principado considera además que existen precedentes judiciales que respaldan esta actuación y recuerda la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a la concesionaria de la AP-9, en Galicia, a devolver parte de los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande.
