Durante años acudió al dentista del centro de salud porque le aparecían heridas en la boca que no terminaban de curar. Había perdido todas las piezas dentales y no podía permitirse una prótesis. Las rozaduras provocadas por la ausencia de dientes eran habituales, así que cuando una de aquellas lesiones volvió a resistirse pensó que era una más. No lo era. Cuando regresó a consulta, el diagnóstico fue un cáncer oral muy avanzado.
Manuel López Tarín, médico y estomatólogo jubilado que trabajó durante décadas tanto en la sanidad pública como en la privada, todavía recuerda aquel caso. “Pensó que era una de las heridas de siempre”, explica. El tumor ya estaba demasiado extendido para poder tratarlo.
Aquel paciente no desarrolló un cáncer por no llevar una prótesis dental. Pero su historia ilustra hasta qué punto muchas personas terminan normalizando problemas bucales que condicionan su alimentación, su calidad de vida e incluso retrasan el diagnóstico de enfermedades graves. En España, la salud bucodental continúa siendo una excepción dentro del Estado del bienestar. Un adulto puede acudir a la sanidad pública para tratar una enfermedad cardiovascular, una fractura o una neumonía, pero si necesita un empaste, una endodoncia o una prótesis, lo habitual es que tenga que recurrir a una clínica privada y asumir el coste.
La situación ha comenzado a cambiar lentamente. Desde 2022, el Ministerio de Sanidad financia la ampliación progresiva de la cartera común de salud bucodental para menores, embarazadas, personas con determinadas discapacidades y pacientes con procesos oncológicos de la región cervicofacial. En 2026, el Gobierno ha destinado otros 60,058 millones de euros para extender esos programas e incorporar gradualmente a las personas mayores de 65 años. El objetivo, sin embargo, sigue siendo ampliar la protección de colectivos concretos, no ofrecer atención odontológica pública universal.
Esa financiación llega después a las comunidades autónomas, que deciden cómo organizar el servicio. Algunas recurren principalmente a conciertos con clínicas privadas; otras refuerzan sus propios centros de salud. El resultado es un mapa desigual en el que el acceso a determinadas prestaciones depende tanto del lugar de residencia como de la edad o la situación personal de cada paciente.
El propio perfil sanitario de España elaborado por la OCDE y el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud sitúa la atención dental entre los principales puntos débiles del sistema sanitario español. Aunque la cobertura médica es una de las más amplias de Europa, la odontología continúa siendo uno de los ámbitos que más gasto obliga a asumir directamente a las familias.
“Una cosa es aumentar la capacidad del sistema y otra muy distinta ampliar las prestaciones que reciben los pacientes.”
Asturias amplía la cobertura, pero no la universaliza
Dentro de ese panorama, Asturias ha decidido dar un paso más. La actualización de la cartera autonómica aprobada el 27 de marzo de 2026 amplió hasta los 18 años el programa infantil e incorporó una revisión preventiva para todas las personas que cumplen 70 años durante este ejercicio. El acceso se realiza mediante una carta enviada por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) o solicitando cita en el centro de salud.
La medida ha situado a la comunidad entre las más ambiciosas en materia de prevención, aunque conviene matizar su alcance. La incorporación de nuevos grupos de edad no significa que cualquier menor o cualquier persona de 70 años tenga derecho a todos los tratamientos odontológicos. En este último caso, el programa está orientado fundamentalmente a la exploración clínica, la prevención y la detección precoz de patologías. Empastes, endodoncias, prótesis o implantes siguen quedando, por regla general, fuera de esa cobertura.
El Principado sostiene que es la primera comunidad que incluye simultáneamente a toda la población de 0 a 18 años y a la cohorte de 70 años dentro de estos programas preventivos. Esa afirmación es correcta en relación con esa combinación concreta de edades, aunque no implica necesariamente disponer de la cartera odontológica más amplia del país, ya que otras autonomías ofrecen determinadas prestaciones diferentes para colectivos específicos.
La ampliación ha venido acompañada de una importante inversión en infraestructuras. Según los datos facilitados por el Gobierno asturiano, se ha actuado en más de 40 centros de salud, se han creado o duplicado 23 gabinetes odontológicos, se han instalado o renovado cerca de un centenar de sillones dentales y se han invertido más de dos millones de euros en equipamiento e instrumental. En algunos centros también se han separado las consultas de odontología e higiene dental para permitir que ambos profesionales trabajen de forma simultánea.
Todo ello incrementa la capacidad de la red pública, aunque todavía queda una incógnita por despejar: cuántos pacientes están utilizando realmente esos nuevos recursos, cuánto tiempo esperan para ser atendidos y cuántos tratamientos se realizan finalmente en cada área sanitaria. Porque una cosa es aumentar la capacidad del sistema y otra muy distinta ampliar las prestaciones que reciben los pacientes.
El vacío de la edad adulta
La ampliación impulsada por Asturias reduce una carencia histórica, pero deja intacta la principal frontera de la odontología pública española. Salvo en situaciones de urgencia o en determinados colectivos, la inmensa mayoría de los adultos continúa recurriendo a clínicas privadas para resolver los problemas más habituales de su salud bucodental.
No se trata únicamente de los tratamientos más costosos, como los implantes o la ortodoncia. También quedan fuera, por regla general, procedimientos tan frecuentes como los empastes, muchas endodoncias o las prótesis convencionales. La consecuencia es que miles de personas posponen la visita al dentista hasta que el dolor resulta insoportable o la única solución posible es extraer la pieza afectada.
Para Carlos Ponte, integrante del Movimiento por la Sanidad Pública de Asturias, la ampliación aprobada por el Principado supone un avance, pero todavía insuficiente. “Nos parece un paso muy positivo. Claro que es un paso incompleto porque debería atenderse a toda la población, sin ningún tipo de razón etaria o de vulnerabilidad, pero es un paso en la buena dirección.”
Ponte considera que el criterio para decidir qué debe cubrir la sanidad pública no debería ser la edad del paciente, sino la naturaleza del tratamiento. En su opinión, las prestaciones destinadas a conservar la salud deberían integrarse progresivamente en la cartera pública, mientras que los procedimientos exclusivamente estéticos podrían seguir otro modelo de financiación.
Esa idea encuentra un punto de encuentro con la experiencia clínica de Manuel López Tarín, aunque desde una perspectiva distinta. Después de décadas atendiendo pacientes, no cree que la prioridad pase por financiar cualquier tratamiento odontológico, sino por garantizar una cobertura básica que permita conservar las piezas dentales y devolver una función masticatoria normal a quienes no pueden costeársela.
“Las restauraciones básicas deberían entrar para todo el mundo”, sostiene. En el caso de las personas con menos recursos, añade, la sanidad pública debería asegurar al menos una prótesis convencional cuando la pérdida de dientes impide comer o hablar con normalidad. “Es como si faltara un dedo o una pierna.”
La diferencia puede parecer menor, pero cambia completamente el enfoque del debate. La discusión ya no consiste en decidir si la sanidad pública debe pagar implantes de última generación, sino en determinar cuál es el mínimo de atención odontológica que debería garantizarse a cualquier ciudadano.
“El 7,5 % de los niños y adolescentes de hasta 16 años presentaba necesidades dentales no atendidas.”
Cuando la renta también se ve en la boca
La ausencia de esa cobertura tiene un efecto inmediato. Convierte la salud bucodental en uno de los indicadores más visibles de la desigualdad social. Quien dispone de recursos suele acudir al dentista antes de que una caries avance, conserva las piezas dañadas y sustituye las que pierde. Quien no puede asumir ese gasto retrasa la consulta durante meses o incluso años, hasta que el problema deja de tener una solución sencilla.
“La boca es un signo muy claro de la discriminación y de desigualdad”, resume Carlos Ponte. “Las personas con menos recursos tienen una boca mucho peor que quienes disponen de medios económicos.” La experiencia de Manuel López Tarín durante los años que trabajó en el centro de salud de Ventanielles, uno de los barrios con menor renta de Oviedo, coincide con ese diagnóstico. Muchos pacientes acudían únicamente cuando el dolor era insoportable porque sabían que no podían afrontar el coste de una prótesis o de otros tratamientos fuera de la cartera pública.
Los datos europeos muestran que esa relación entre renta y salud bucodental no es una percepción aislada. Según Eurostat, en 2024 el 6,3 % de la población de la Unión Europea declaró haber necesitado atención dental sin poder recibirla. Entre las personas en riesgo de pobreza o exclusión social el porcentaje se elevó hasta el 13,7 %.
La misma desigualdad aparece cuando se analiza el impacto económico del dentista en los hogares españoles. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE correspondiente a 2025, el 18,7 % de los hogares considera que los gastos de asistencia dental representan una carga económica importante. Entre los hogares con menores ingresos ese porcentaje asciende al 20,2 %, mientras que entre los de mayor renta desciende al 13,3 %. Esa brecha también se refleja en el acceso: el 67,4 % de las personas con mayores ingresos acudió al dentista durante el último año, frente al 42,3 % de las de menor renta.
La situación española resulta especialmente preocupante entre la población infantil. Ese mismo año, el 7,5 % de los niños y adolescentes de hasta 16 años presentaba necesidades dentales no atendidas, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea. Entre quienes estaban en riesgo de pobreza o exclusión social la cifra ascendía al 15,8 %.
Diecisiete sistemas distintos
Hablar del dentista público en España es, en realidad, hablar de diecisiete modelos diferentes. Aunque la financiación procede en buena medida del Ministerio de Sanidad, corresponde a las comunidades autónomas decidir cómo organizan el servicio, qué colectivos priorizan y si la asistencia se presta mediante profesionales de la red pública o a través de conciertos con clínicas privadas.
El ejemplo más consolidado continúa siendo el del País Vasco, cuyo Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) funciona desde 1990 mediante una red mixta de consultas públicas y clínicas concertadas. Navarra implantó al año siguiente un modelo muy similar y ambas comunidades siguen siendo las principales referencias por la continuidad de sus programas y la amplitud de las prestaciones dirigidas a niños y adolescentes. En un segundo grupo se sitúan comunidades como Andalucía, Murcia, Extremadura o Baleares, que también han desarrollado programas infantiles relativamente consolidados, aunque con modelos organizativos y coberturas diferentes. Asturias ha seguido otro camino. En lugar de apoyarse principalmente en conciertos con clínicas privadas, ha optado por reforzar la red pública de atención primaria y ampliar progresivamente la cobertura preventiva hasta convertirla en una de las más extensas por grupos de edad del país, aunque todavía no existen datos públicos suficientes para comparar con precisión sus resultados asistenciales con los de otras comunidades.
Sin embargo, la comparación entre comunidades tiene un límite importante. España carece de indicadores homogéneos que permitan saber qué programas funcionan mejor. Apenas existen datos comparables sobre utilización, tiempos de espera, tratamientos realizados o resultados en salud. Por eso, más que elaborar un ranking cerrado, resulta posible distinguir modelos distintos de organización y diferentes grados de cobertura, pero no afirmar con rigor que una comunidad disponga del mejor sistema público de atención bucodental.
“Perder una pieza dental sin poder reemplazarla es como si faltara un dedo o una pierna.”
¿Y qué hacen nuestros vecinos europeos?
La comparación con Europa ayuda a poner en perspectiva el debate español. No existe un único modelo de atención bucodental ni un país donde todos los tratamientos sean completamente gratuitos, pero sí hay diferencias importantes sobre el papel que desempeña la odontología dentro de los sistemas públicos de salud. Mientras España sigue concentrando buena parte de su cobertura en la infancia, determinados colectivos vulnerables y las urgencias, otros países han integrado desde hace años la atención dental ordinaria de los adultos dentro de sus mecanismos de aseguramiento.
El ejemplo más claro es Francia. Allí la asistencia odontológica forma parte del seguro público obligatorio de enfermedad y los tratamientos conservadores, como los empastes o las extracciones, tienen derecho a reembolso. Esa financiación no siempre cubre la totalidad del coste, ya que la mayoría de la población dispone además de un seguro complementario que asume parte de la factura. Sin embargo, el principio es diferente al español. Un adulto no queda automáticamente fuera del sistema sanitario cuando necesita conservar una pieza dental. Desde la puesta en marcha del programa 100 % Santé, además, determinadas coronas, puentes y prótesis pueden quedar íntegramente financiados si el paciente opta por las soluciones reguladas por el sistema. Los implantes, en cambio, siguen quedando normalmente fuera de esa cobertura.
Una filosofía similar inspira el modelo de Alemania, aunque con un funcionamiento distinto. El seguro sanitario obligatorio cubre las revisiones periódicas y los tratamientos considerados médicamente necesarios, incluidos los empastes y buena parte de la odontología conservadora. Cuando el paciente elige materiales más estéticos o tratamientos que superan la opción estándar, debe asumir el sobrecoste. En el caso de las prótesis, el sistema financia una parte de la solución básica y aumenta esa aportación para quienes acreditan revisiones preventivas periódicas. El Gobierno alemán ha aprobado una reforma que reducirá esa financiación a partir de 2027, pero incluso con ese cambio el modelo mantiene una protección muy superior a la existente en España para la población adulta.
Más cerca del sistema español se sitúa Italia, donde la atención odontológica pública continúa centrada principalmente en menores y personas especialmente vulnerables. La mayor parte de los adultos sigue recurriendo a consultas privadas para resolver sus problemas dentales cotidianos y la organización de los servicios presenta además diferencias apreciables entre unas regiones y otras.
Entre ambos modelos aparece Portugal, que durante las dos últimas décadas ha desarrollado una fórmula singular basada en los llamados cheques dentista. En lugar de ampliar exclusivamente la red pública, el Estado financia la atención de determinados colectivos mediante bonos que pueden utilizarse en clínicas privadas adheridas al programa. Menores, embarazadas, personas mayores con bajos ingresos o pacientes con determinadas enfermedades forman parte de los grupos beneficiarios. El Gobierno portugués ha aprobado además una reforma que comenzará a desplegarse plenamente en 2027 con el objetivo de ampliar el número de personas cubiertas e incorporar ayudas para determinadas prótesis dirigidas a colectivos vulnerables.
La comparación permite comprobar que el debate español no gira en torno a una propuesta excepcional. Ninguno de los grandes sistemas europeos financia todos los tratamientos odontológicos sin límites, pero varios de ellos sí consideran que conservar una pieza dental forma parte de la atención sanitaria ordinaria. La diferencia no reside tanto en quién presta el servicio como en el momento en que el ciudadano deja de estar protegido por el sistema público.
En España la ampliación emprendida por el Ministerio de Sanidad y por comunidades como Asturias supone un cambio relevante respecto a la situación de hace apenas unos años, pero la mayor parte de los adultos continúa pagando de su bolsillo los tratamientos conservadores más habituales. El reto ya no consiste únicamente en extender las revisiones preventivas o incorporar nuevos grupos de edad. La cuestión de fondo es decidir hasta dónde debe llegar la cartera pública de salud bucodental y si, como ocurre con el resto de especialidades médicas, la capacidad económica del paciente debe seguir determinando el acceso a los tratamientos más frecuentes.
Manuel López Tarín cree que ese debate suele plantearse desde el extremo equivocado. A su juicio, nadie discute que un implante pueda quedar fuera de la financiación pública, pero sí resulta difícil justificar que una persona pierda una pieza dental por no poder costear un tratamiento básico que permita conservarla. “A las ausencias de piezas no se les da la importancia adecuada», reflexiona. “Perder una pieza dental sin poder reemplazarla es como si faltara un dedo o una pierna”.
Ese quizá sea el verdadero interrogante que queda abierto. Asturias se ha situado entre las comunidades que más han avanzado en esa dirección. Pero la pregunta que da título a este reportaje sigue sin una respuesta definitiva. ¿Debe el dentista formar parte de la sanidad pública del mismo modo que el resto de especialidades médicas o continuar siendo la gran excepción del sistema?
