El número 32 del Paseo de La Florida, en Oviedo, todavía no tiene a los ocho adolescentes que el Principado de Asturias estudia trasladar desde Avilés, pero en agosto ya se había convertido en escenario de concentraciones, carteles en los balcones y una controversia política y vecinal alrededor de quienes podrían vivir allí. Después de que durante los primeros días circularan cifras mucho mayores, el Gobierno asturiano concretó el 19 de agosto que el traslado afectaría inicialmente a ocho jóvenes y que el inmueble tendría capacidad para unos quince. No son recién llegados. Llevan al menos un año en Asturias, estudian en institutos o Formación Profesional, algunos trabajan y ya residen en otro recurso gestionado por la Fundación Diagrama.
La polémica ha vuelto a colocar en el centro de la conversación pública una expresión que abarca realidades muy diferentes, “centro de menores”, y que a menudo se utiliza sin saber demasiado bien qué ocurre detrás de sus puertas. El Gobierno asturiano cifró el 13 de agosto en 147 los menores extranjeros no acompañados que vivían entonces en Asturias. La red de protección, sin embargo, es mucho más amplia y acoge también a niños y adolescentes que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer con sus familias.
Aitor y Noelia conocen dos partes diferentes de ese sistema. Él es integrador social y delegado sindical y trabaja en un piso para adolescentes extranjeros no acompañados de entre 16 y 18 años. Viven ocho y, explica, durante su turno se queda un trabajador con ellos. Ella es educadora social en un centro público dependiente directamente de la Administración, donde conviven niños y adolescentes desde los tres años hasta la mayoría de edad. Sus condiciones laborales y los recursos en los que trabajan son distintos. En algo, sin embargo, coinciden desde el principio. Lo que sucede dentro se parece mucho menos a la imagen de un reformatorio que a la vida, a veces complicada, de cualquier casa.
Una vida que se parece a una casa
En el centro de Noelia hay que ayudar a asearse a los más pequeños, acompañarlos en las comidas, llevarlos al colegio o ir con ellos a un cumpleaños. Hay que sentarse con un adolescente, saber qué le ocurre y gestionar una discusión cuando aparece. “El trabajo es la vida que puede vivir cualquier niño o niña o adolescente en una casa”, explica. La diferencia es que allí quienes asumen parte de las funciones que normalmente corresponden a una familia son profesionales.
En el piso de Aitor, donde los residentes están ya mucho más cerca de la edad adulta, esa vida cotidiana tiene otro ritmo. Los chicos se levantan según el horario del instituto, de FP o del curso al que asistan. Si necesitan despertarse antes de las siete lo hace el trabajador nocturno; si es más tarde, el de la mañana. Se preparan el desayuno y la comida, limpian, aprenden qué productos utilizar, hacen los deberes, practican deporte o van al gimnasio. Muchos llegan sin dominar el castellano y entonces hay que repetir palabras, explicar lo mismo varias veces, dibujar o utilizar cualquier recurso que permita entenderse.
“Yo diría que la palabra es autonomía”, resume Aitor. El profesional puede enseñar a cocinar o a limpiar, pero son los adolescentes quienes deben repetir las tareas hasta poder hacerlas solos. También aparecen preguntas menos programables, sobre relaciones, sexualidad, valores o cualquier asunto de la vida cotidiana que normalmente se resolvería preguntando en casa. “Lo que tú vivirías normalmente en familia, pues ellos lo viven en los centros”, explica. La dificultad consiste en construir esa confianza con alguien que acaba de llegar y no sabe quién es el adulto que tiene delante.
Durante 2024, último ejercicio para el que el Principado ha publicado una memoria anual completa, 526 menores pasaron por centros de acogimiento residencial en Asturias. A 31 de diciembre había 325 menores y 71 mayores de edad en acogimiento residencial. A lo largo del año se produjeron 262 altas y 215 bajas, aunque una baja no significa necesariamente abandonar el sistema. De ellas, 89 fueron traslados a otro centro o recurso, 36 terminaron en acogimiento familiar, 30 en reunificación familiar y 34 se produjeron por mayoría de edad.
El modelo aplicado en Asturias se ha construido durante los últimos años alrededor de la teoría del vínculo y la psicología del trauma.
Ese mismo año, la Administración recibió 676 notificaciones por posibles situaciones de desprotección. La negligencia fue la categoría más frecuente, con un 34,62%. Son datos sobre las situaciones notificadas al sistema, no sobre los motivos concretos por los que ingresaron en un centro los menores acogidos.
Para Noelia, llegar al acogimiento residencial supone normalmente haber atravesado ya un proceso anterior. “Para que un menor llegue a un recurso de protección es que previamente hay una desprotección significativa”, explica. Puede haber existido un trabajo de los servicios sociales con la familia o intentos de capacitación parental que finalmente no hayan permitido garantizar los cuidados del niño. “Nuestro trabajo no puede partir de estigmatizar ni de pensar en etiqueta, sino de historias de vida”.
También por eso ambos profesionales insisten en una distinción que la polémica pública tiende a borrar. Un centro de protección no es un centro para menores que han cometido delitos. Los niños y adolescentes acogidos están bajo guarda o tutela de la Administración porque existe una situación de desprotección. Sograndio, en cambio, pertenece al ámbito de la justicia juvenil y allí se cumplen medidas impuestas judicialmente a menores infractores.
Eso no significa que dentro de los centros no haya conflictos. “Lógicamente, cuando trabajas sobre todo con adolescentes surgen”, reconoce Noelia. Puede haber incumplimientos de normas y ausencias no autorizadas, pero señala que las fugas “no son la generalidad” de la vida de los centros. Aitor tampoco las niega. Habla de discusiones que escalan, consumos o recaídas y momentos en los que hay que proteger al adolescente que atraviesa una crisis, al resto de compañeros y al propio trabajador. “No es lo común, pero puede pasar”.
Asturias dispone desde 2025 de un protocolo específico para lo que administrativamente denomina “ausencias no autorizadas sin reintegro y/o desapariciones”, y la consejera de Derechos Sociales aseguraba en febrero que estaba dando resultados positivos. No consta, sin embargo, en la documentación pública consultada hasta agosto de 2026 una estadística reciente del conjunto de la red que permita saber cuántas ausencias o agresiones se producen y medir su peso frente a la convivencia cotidiana.
Cuando quienes cuidan también necesitan estabilidad
La idea de que las conductas tienen una historia detrás no es únicamente una interpretación de los trabajadores. El modelo aplicado en Asturias se ha construido durante los últimos años alrededor de la teoría del vínculo y la psicología del trauma. UNICEF colaboró con el Principado en su implantación primero en los centros públicos y después en los privados y realizó una evaluación independiente en la que participaron profesionales y menores. El planteamiento parte de que quienes han sufrido abandono, violencia o rupturas afectivas necesitan construir relaciones de seguridad y confianza con los adultos que los cuidan.
Noelia explica que hay que partir del afecto y de la confianza, pero también de la coherencia y de unos límites claros. Son esos elementos, sostiene, los que proporcionan seguridad y permiten profundizar después en la intervención educativa. Cuando un profesional de referencia desaparece de la vida de un niño puede producirse un nuevo conflicto emocional, aunque a ella siga sorprendiéndole la capacidad de muchos de estos menores para adaptarse y establecer nuevas relaciones.
La protección residencial asturiana funciona mediante un sistema mixto. Parte de los centros depende directamente del Principado y otra parte se gestiona mediante acción concertada con entidades sociales. En una comparecencia parlamentaria del 26 de febrero de 2026, antes de la reapertura del renovado Los Pilares, la consejera Marta del Arco cifraba la capacidad en 141 plazas en centros de titularidad y gestión públicas y 196 en centros concertados, 89 de estas últimas destinadas a menores migrantes no acompañados.
La acción concertada está reservada por la legislación asturiana a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. En una relación oficial remitida a la Junta General en abril de 2025 aparecen, entre otras, la Fundación Cruz de los Ángeles, la Fundación Hogar de San José, el Centro Madre Isabel de Larrañaga, la Asociación Centro Trama, ACCEM y la Fundación Diagrama. Los trabajadores de esos recursos dependen laboralmente de las entidades que los gestionan, mientras que la responsabilidad sobre el sistema de protección corresponde al Principado.
Aitor, que trabaja en esa parte concertada de la red, es muy crítico con el modelo. Considera que las diferencias entre organizaciones terminan fragmentando las condiciones de trabajo y la intervención. “Es como si cada asociación fuera un reino de taifas”, afirma. Si pudiera modificar una única cosa del sistema asturiano, responde que haría pública la gestión.
Noelia no comparte esa conclusión. Trabaja actualmente para la Administración y anteriormente pasó por el sector privado, pero considera que lo determinante no es por sí mismo quién gestione el recurso. Para ella, lo importante es que haya suficientes profesionales, estabilidad en los equipos, formación adecuada, recursos y supervisión, y que la Administración garantice los mismos estándares de protección independientemente de la fórmula de gestión.
Tampoco el empleo público elimina todos los problemas de personal. Noelia cuenta que en su centro existen a veces dificultades para sustituir incapacidades temporales y momentos en los que pueden encontrarse “bajo mínimos”. Aitor describe una situación diferente y más extrema. En su piso, asegura, un solo trabajador se queda a cargo de ocho adolescentes durante el turno.
Su salario encaja prácticamente al euro con la tabla del convenio. Aitor sitúa en unos 19.500 euros brutos anuales lo que cobra como integrador social. El V Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores establece para 2026, en los recursos que no son cerrados ni semiabiertos, 19.490,70 euros anuales para el grupo profesional que incluye al técnico de integración social y 24.147,38 para el que incluye al educador social.
El sistema dispone de programas para quienes alcanzan los 18 años después de haber estado tutelados. El acceso es voluntario y exige un compromiso de participación y aprovechamiento.
Las dificultades de las plantillas aparecen también en una inspección muy reciente. El Defensor del Pueblo visitó el 19 de mayo de 2026 el centro público El Campillín, en Oviedo, y su dirección reconoció una elevada rotación de personal y problemas para mantener completa la plantilla por incapacidades temporales. Los puestos con más movimiento eran los de educadores de fin de semana y auxiliares nocturnos. El informe señala que esa inestabilidad dificulta el establecimiento del vínculo con los menores.
Un día después, el Defensor inspeccionó Cayés, en Llanera, un recurso de la Fundación Cruz de los Ángeles con 30 plazas concertadas. La documentación entregada posteriormente contabilizaba 20 menores y 19 profesionales de atención directa repartidos entre los distintos turnos. Durante la visita no pudieron entrevistarse con los profesionales de atención directa porque el educador disponible no podía abandonar sus tareas de acompañamiento. La fotografía de un único centro no permite extrapolar una ratio a toda Asturias, pero muestra la diferencia entre el tamaño total de una plantilla y cuántas personas están realmente disponibles en un momento concreto.
También existen diferencias importantes entre tipos de recurso. El renovado Los Pilares, centro público de atención inmediata reabierto el 8 de abril de 2026, cuenta ahora con 50 plazas, una plantilla multidisciplinar de 94 profesionales y ocho grupos de convivencia concebidos para aproximarse a un ambiente de vivienda. Es un centro de características muy distintas a un pequeño piso para adolescentes como aquel en el que trabaja Aitor.
Los 18 años llegan aunque la autonomía todavía no haya llegado
Hay pequeños momentos que para Noelia explican mejor el trabajo que cualquier definición administrativa. Recuerda a adolescentes que sienten miedo ante algo tan corriente como acudir solos al centro de salud o abrir una cuenta bancaria. Al principio el educador va con ellos. Después los deja hacer una parte. Hasta que un día llega una frase aparentemente insignificante: “Ya sé hacerlo yo, gracias, puedo ir yo solo”. El objetivo, explica, no es conseguir que dependan siempre del profesional, sino proporcionarles las herramientas para dejar de necesitarlo.
El sistema dispone de programas para quienes alcanzan los 18 años después de haber estado tutelados. El acceso es voluntario y exige un compromiso de participación y aprovechamiento. En 2026, además, se ha ampliado esta red. El programa Ítaca de Transición a la Vida Adulta, gestionado por la Fundación Cruz de los Ángeles, tenía 45 plazas y recibió otras 25 desde el 1 de abril, con lo que pasó a 70. El concierto de Villa Mar, destinado a la preparación para la vida independiente de jóvenes extranjeros, mantiene otras 16. Ambos recursos han sido prorrogados hasta el 31 de marzo de 2028.
Noelia explica que la continuidad no es automática. Los jóvenes deben estar dispuestos a mantener un proyecto de futuro, formarse y respetar unas normas. Según su experiencia, quienes cumplen esas condiciones suelen encontrar continuidad en pisos de vida independiente u otros recursos. Cuando se le pregunta expresamente si ha conocido jóvenes que hayan quedado en una situación muy precaria durante ese tránsito, responde que “no es lo habitual”.
Aitor recuerda precisamente uno de los casos en los que ocurrió. Era un chico que acababa de cumplir 18 años y permanecía temporalmente en el piso de menores mientras esperaba una plaza en un recurso para mayores. Aitor lo describe como introvertido, de pocas palabras, constante con su formación y con un comportamiento hasta entonces impecable dentro de la vivienda. Tenía una dificultad que el trabajador conocía: de vez en cuando fumaba cannabis fuera del centro.
El chico y algunos compañeros querían conocer la nieve. Se lo habían pedido a Aitor y él había aceptado llevarlos. Antes de la excursión, la policía lo interceptó en un episodio relacionado con cannabis y la salida quedó suspendida mientras se decidía qué ocurriría con él.
Aitor habló con el joven. Recuerda que era mucho más alto que él y que, de pronto, aquel chico al que apenas había visto exteriorizar emociones se derrumbó y comenzó a llorar. “Es que yo necesito fumar para no pensar en toda la mierda que viví”.
Aitor terminó su turno después de intentar tranquilizarlo. Cuando regresó al día siguiente, el joven ya había salido del recurso. Según su relato, el episodio precipitó la pérdida de aquella plaza antes de que estuviera disponible la que esperaba para mayores de edad. Entre las alternativas que podían ofrecerle estaba un alojamiento para personas sin hogar. “Albergue de transeúntes para un chaval de 18 años. ¿Te puedes imaginar cómo es eso?”.
El caso no permite concluir que esa sea la salida habitual del sistema y la experiencia de Noelia apunta justamente en sentido contrario. Pero muestra la fragilidad que puede aparecer en el espacio entre dos recursos cuando la mayoría de edad llega antes de que esté resuelto el siguiente paso. En 2024, 34 bajas del acogimiento residencial se produjeron precisamente por mayoría de edad. Otras 89 fueron traslados a distintos centros o recursos, una cifra que muestra hasta qué punto cambiar de lugar forma parte también de algunas trayectorias dentro del sistema.
La discusión regresa al Paseo de La Florida. Para Noelia, es comprensible que los vecinos quieran información y que la Administración deba ofrecer transparencia, pero considera que esa inquietud no debería convertirse en una identificación automática entre extranjería y amenaza. Recuerda además que en Oviedo y en otros puntos de Asturias ya funcionan centros de protección integrados en barrios y comunidades y sostiene que una buena intervención socioeducativa permite que esa convivencia funcione. Defender el derecho de quienes viven en el barrio a sentirse seguros, sostiene, no es incompatible con garantizar a unos menores vulnerables un lugar en el que estar protegidos.
Aitor pone el acento en otra condición. Antes de preguntarse si un recurso generará problemas, dice, habría que saber cuántos jóvenes vivirán allí, cómo es la vivienda y con cuántos profesionales contará realmente. Cuando fue entrevistado, todavía circulaba en torno a La Florida la posibilidad de alojar allí a más de treinta menores y calificó esa cifra de “absoluta locura”. El Gobierno precisó después que el traslado previsto comenzaría con ocho jóvenes y que el inmueble tendría capacidad para unos quince. Para Aitor, incluso un grupo de ocho resulta excesivo si durante un turno queda al cuidado de un único profesional. “Si la Consejería dota de suficientes medios, el piso es acorde a la capacidad y hay suficientes profesionales, no debería haber más problemas que con cualquier otro vecino del mundo”.
Fuera, un centro puede quedar reducido a una dirección, un número de plazas o una palabra escrita en una pancarta. Dentro hay que despertar a un niño, acompañarlo al colegio o a un cumpleaños, conseguir que un adolescente llegue a clase, enseñarle a cocinar, discutir una norma o repetir una palabra en castellano hasta que se entienda. Y acompañarlo hasta ese momento del que habla Noelia, cuando quien ayer necesitaba que alguien fuera con él al banco puede decir: “Ya sé hacerlo yo, gracias, puedo ir yo solo”.
