El nuevo proyecto de la mina de oro de Salave todavía no se conoce públicamente. El equipo que debe impulsarlo, sí. EMC Gold ha reunido una dirección cuyas trayectorias llevan de Asturias a Galicia, Huelva y Bosnia y Herzegovina. Algunas de esas minas llegaron a producir. Otras siguen buscando permisos. Varias atravesaron conflictos por el agua, el territorio, las administraciones o las comunidades locales.
Esa experiencia no aparece solo en los currículos. Cuando la entonces Black Dragon Gold incorporó a Dominic Roberts como presidente ejecutivo en noviembre de 2023, explicó que llegaba para completar la obtención de los permisos de Salave y destacó expresamente su experiencia europea en ese terreno. Roberts procedía de Vareš, en Bosnia y Herzegovina. Otros dos actuales consejeros de EMC Gold, Paul Cronin y Gabriel Chiappini, también habían ocupado cargos en Adriatic Metals, la compañía que desarrolló aquella mina.
EMC Gold quiere ahora volver a intentarlo en Tapia de Casariego. Hace un año, el 25 de julio de 2025, la agencia pública asturiana Sekuens sacó a información pública la primera solicitud para convertir la mina en proyecto de interés estratégico regional, la figura conocida como PIER. El trámite era necesario porque la propuesta no encajaba en la ordenación territorial o urbanística vigente. La empresa retiró su solicitud el 29 de octubre, antes de que el Consejo de Gobierno se pronunciara.
Ante las preguntas de Nortes, Agne Ahlenius, actual consejero delegado, explica así aquel desistimiento. EMC Gold retiró la solicitud, afirma, “con el fin de reforzar la documentación técnica y legal que la respalda, con la intención de volver a presentar una solicitud más completa”. Ese proceso, añade, “sigue en marcha” y la compañía no está todavía en condiciones de confirmar una fecha exacta. El primer PIER no llegó a resolverse y el segundo aún no tiene expediente público.
El proyecto anterior había quedado entretanto bloqueado. El Principado de Asturias cerró el 13 de febrero de 2025 su evaluación ambiental porque los acuerdos del Ayuntamiento de Tapia de Casariego constituían un impedimento previo para la actuación. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias avaló esa decisión el 27 de enero de 2026. Otra sentencia, del 19 de marzo, respaldó también la negativa municipal a iniciar la modificación del planeamiento y confirmó que, con las normas vigentes, el uso pretendido era incompatible o estaba prohibido.
EMC Gold sostiene otra interpretación sobre el alcance de ese último fallo. Ahlenius afirma que la sentencia “abordó una cuestión procedimental concreta relacionada con el plan urbanístico municipal” y “no se pronunció sobre los méritos técnicos, ambientales o económicos del proyecto de Salave”. La compañía asegura además que sigue dialogando con las partes interesadas locales y regionales y que está “evaluando la vía más adecuada para avanzar en el proyecto”.
El fallo, sin embargo, mantuvo la decisión del Ayuntamiento, consideró suficientemente motivados sus informes y concluyó que el proyecto no era compatible con el planeamiento vigente. La compañía mantiene ahora una previsión de “del orden de 200 a 250 empleos directos”, además del empleo indirecto asociado al desarrollo, la construcción y servicios como logística, mantenimiento o seguimiento ambiental. Ahlenius asegura también que “el diseño actual de Salave no contempla el uso de cianuro ni de mercurio” y que EMC Gold pretende dar prioridad a contratistas y trabajadores locales.
Sobre la relación con el entorno, el consejero delegado sostiene que “el contacto directo con los vecinos y las administraciones es una prioridad para el nuevo equipo directivo”. Añade una explicación que forma parte del argumento con el que la compañía quiere relanzar la mina. Según Ahlenius, “parte de la información que aún circula localmente corresponde a versiones anteriores y desactualizadas del proyecto”.
EMC Gold no ha facilitado a Nortes un estudio que ayude a sostener la estimación de empleo ni ha concretado qué modificaciones permitirán superar los obstáculos que hicieron inviable la propuesta anterior. La principal novedad conocida está, por tanto, en las personas que deben dirigir el nuevo intento. Desde el 6 de julio de 2026, Ahlenius es consejero delegado de EMC Gold. Alberto Lavandeira ocupa la presidencia no ejecutiva y Dominic Roberts, Paul Cronin y Gabriel Chiappini continúan en el consejo. Sus trayectorias conducen a varias minas españolas y a la explotación bosnia que la propia compañía presentó como experiencia útil para conseguir los permisos de Salave.
Vareš fue la experiencia que EMC salió a buscar
La conexión más directa lleva a Vareš, en el centro de Bosnia y Herzegovina. Paul Cronin fue cofundador y consejero delegado de Adriatic Metals, la compañía que desarrolló la mina. Gabriel Chiappini fue secretario societario durante sus primeros años como empresa cotizada y Dominic Roberts asumió desde 2020 la jefatura de asuntos corporativos.
La responsabilidad de Roberts iba más allá de la gestión interna. Los documentos ambientales presentados por Adriatic Metals ante el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, conocido como BERD, lo situaban entre los responsables del plan que organizaba la relación con vecinos, autoridades y otros grupos afectados. El propio banco lo identificaba como responsable de asuntos corporativos y contacto general del proyecto.
Vareš consiguió los permisos, se construyó y produjo sus primeros concentrados, el mineral ya procesado que después se vende a las fundiciones, en febrero de 2024. Adriatic Metals fue adquirida en septiembre de 2025 por la canadiense DPM Metals, por lo que ninguno de los actuales consejeros de EMC Gold dirige hoy la explotación. Bajo el nuevo propietario, la mina alcanzó el 10 de agosto de 2026 la denominada producción comercial, el momento en que la compañía considera que la planta funciona ya con suficiente estabilidad, y continúa aumentando su capacidad.
El éxito empresarial convivió, sin embargo, con una larga sucesión de controversias. Una de ellas afectó al propio proceso de concesiones. El Centro de Periodismo de Investigación de Bosnia y Herzegovina, CIN, un medio bosnio especializado en investigación, publicó en 2023 que la compañía había recibido un trato favorable de las autoridades del cantón de Zenica-Doboj, una de las divisiones territoriales de la zona. El medio documentó que en 2018 una ampliación de la concesión se cobró a 1.500 marcos bosnios por hectárea cuando la tarifa establecida para otros concesionarios era de 10.000, y calculó en cerca de cinco millones de marcos la cantidad que dejaron de ingresar las arcas públicas.
La regulación cambió de nuevo en 2020. El Gobierno redujo entonces para todos los concesionarios la tarifa inicial por superficie y elevó la cantidad vinculada al mineral extraído. Cronin, todavía consejero delegado de Adriatic Metals, explicó a CIN que había propuesto esa reforma porque permitía disponer de una superficie mayor para explorar y obtener después más ingresos públicos si la explotación prosperaba.
Las críticas fueron más allá. El Business & Human Rights Resource Centre, una organización internacional que estudia el impacto de las empresas sobre los derechos humanos, recogió en septiembre de 2023 acusaciones de activistas locales que sostenían que algunos permisos habían sido aprobados mediante prácticas corruptas. Se trata de denuncias de los activistas. No consta una resolución judicial que haya acreditado corrupción en la concesión de la mina.
También fue cuestionada la relación entre el proyecto, la política y los medios. El portal bosnio Objavi.ba dedicó en 2024 una serie de reportajes a Vareš en la que denunció un fuerte respaldo político y una cobertura mediática especialmente favorable a la explotación. Su editor sostuvo que grandes medios y partidos políticos evitaban los aspectos más conflictivos del proyecto y señaló como ejemplo la presentación pública del ferrocarril utilizado para transportar mineral como símbolo del regreso del tren a Vareš.
En 2025, Al Jazeera Balkans recogió también testimonios de vecinos que afirmaban desconfiar tanto de las autoridades locales como de los medios porque consideraban que dependían económicamente de la actividad minera. En cualquier caso, conviene precisar que son acusaciones y valoraciones de periodistas y residentes, no pruebas concluyentes de corrupción política o mediática.
Organizaciones ambientales y residentes han presentado denuncias penales contra responsables de distintas sociedades vinculadas a la explotación
La estrategia de implantación social de la compañía también recibió críticas. Adriatic Metals creó y financió inicialmente en 2021 la Adriatic Foundation, una fundación dedicada a conceder ayudas, becas y apoyo a organizaciones de las comunidades próximas a la mina. Las propias cuentas de la empresa reconocían que podía nombrar a los responsables de la fundación y ejercer sobre ella una influencia significativa, aunque concluían que no la controlaba.
Activistas y análisis críticos sobre el proyecto han cuestionado esas ayudas y patrocinios como formas de greenwashing o lavado verde, una estrategia destinada a mejorar la imagen ambiental o social de una compañía. Se trata de una valoración de los críticos del proyecto, no de una irregularidad acreditada. La relación con quienes cuestionaban la mina llegó además a los tribunales. Adriatic Metals demandó por difamación a Hajrija Čobo, activista ambiental de Kakanj y representante del grupo vecinal que defendía los bosques y los ríos de Trstionica y Boriva. La compañía la acusó de difundir información falsa en medios y redes sociales y reclamó 2.000 marcos bosnios por daños a su reputación.
La organización internacional Front Line Defenders, dedicada a la protección de defensores de derechos humanos, consideró que la demanda presentaba características de una acción judicial estratégica contra la participación pública, conocida por sus siglas inglesas como SLAPP. Son demandas que distintas organizaciones consideran utilizadas para intimidar o desgastar a quienes intervienen públicamente en un conflicto. Adriatic Metals, sin embargo, defendió que había acudido a los tribunales después de intentar corregir informaciones que consideraba falsas y perjudiciales. La empresa terminó renunciando a su reclamación y el Tribunal Municipal de Kakanj cerró finalmente el procedimiento en 2024.
Los conflictos alcanzaron también a los posibles efectos ambientales del proyecto. En agosto de 2022, 103 residentes de Trstionica y del parque natural de Boriva acudieron al órgano independiente del BERD encargado de examinar quejas sobre los proyectos que financia el banco. Denunciaron posibles afecciones a ríos y fuentes de agua potable, biodiversidad, ruido y estabilidad del terreno, además de deficiencias en la participación comunitaria. El organismo consideró que la queja merecía ser examinada. El procedimiento no juzga a Adriatic Metals, sino si el propio banco aplicó correctamente sus normas ambientales y sociales al financiar y supervisar el proyecto.
El agua acabó también ante los tribunales bosnios. A finales de 2024, un tribunal anuló el permiso de explotación porque antes de concederlo no se había aclarado suficientemente la posible afección de la mina al abastecimiento de agua de Kakanj. El Ministerio federal concedió otro permiso apenas quince días después, apoyándose en documentación y controles que, según la Administración, no mostraban indicios de contaminación del suministro. La explotación pudo continuar.
Otro conflicto afectó a terrenos forestales de titularidad estatal. En julio de 2024, el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina anuló una decisión que permitía utilizar temporalmente suelo forestal estatal relacionado con instalaciones del proyecto. El tribunal consideró que la Federación de Bosnia y Herzegovina, una de las dos grandes entidades territoriales que forman el país, no era competente para disponer de esos terrenos. Adriatic Metals modificó los planes para su depósito de residuos y obtuvo permisos para otra ubicación.
La controversia más reciente es también la que exige mayor cautela. Durante 2026, análisis realizados a más de 300 vecinos de Vareš detectaron presencia de plomo en sangre y niveles elevados en parte de las personas examinadas. Organizaciones ambientales y residentes han presentado denuncias penales contra responsables de distintas sociedades vinculadas a la explotación, entre ellas Adriatic Metals, su antigua filial local Eastern Mining y la actual propietaria DPM Metals, además de responsables de distintas administraciones.
El Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina ha puesto en marcha investigaciones para determinar el origen de la exposición. No está establecido que la nueva mina sea la causa. Vareš tiene una larga historia minera y las autoridades continúan buscando el foco. DPM Metals rechaza que se haya demostrado una relación causal con su actividad y participa en análisis de suelos, agua y otros posibles orígenes.
La experiencia que EMC Gold salió a buscar en Vareš no fue únicamente la de una mina que consiguió permisos y llegó a producir. Fue también la de un proyecto en el que las concesiones fueron cuestionadas por el periodismo de investigación, activistas denunciaron posibles prácticas corruptas, la relación entre la mina, la política y los medios recibió críticas públicas, una opositora fue demandada por la compañía y los conflictos por el agua y los terrenos forestales terminaron ante organismos independientes y tribunales. Roberts, elegido expresamente por su experiencia para avanzar con Salave, había trabajado precisamente en el área corporativa y de relación con las partes afectadas.
Lavandeira, de la reapertura de Riotinto al regreso de Touro
La trayectoria de Alberto Lavandeira aporta dos experiencias diferentes dentro de Atalaya Mining, de la que es consejero delegado desde 2014. La primera está en Riotinto, en Huelva. Bajo su dirección, Atalaya Mining reabrió el histórico complejo minero, produjo su primer concentrado de cobre en julio de 2015 y comenzó la producción comercial el 1 de febrero de 2016.
La reapertura tuvo después un recorrido judicial menos lineal. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló en septiembre de 2018 la autorización ambiental porque la documentación considerada esencial para evaluar el proyecto se había incorporado sin volver a someterse a información pública. La nulidad quedó firme en 2019. El tribunal andaluz anuló también la autorización de 2015 que había permitido reiniciar los trabajos porque dependía de aquella autorización ambiental. La explotación no se detuvo definitivamente. La Junta de Andalucía volvió a tramitar los permisos y en mayo de 2020 convalidó las autorizaciones después de subsanar los defectos de procedimiento señalados por los tribunales. Riotinto llegó así a producción y continuó funcionando después de que las autorizaciones que habían permitido su reapertura fueran anuladas judicialmente y posteriormente convalidadas.
Touro, en Galicia, siguió otro camino. La propuesta de Cobre San Rafael, participada por Atalaya, recibió una declaración de impacto ambiental desfavorable en 2020 y la Xunta de Galicia cerró el expediente en 2021. La promotora regresó después con un proyecto reformulado que el Consello da Xunta declaró iniciativa industrial estratégica en junio de 2024. A finales de agosto de 2026, continúa en fase de permisos.
El proyecto arrastra además una oposición social sostenida. En 2018, las movilizaciones contra la mina reunieron a miles de personas y el rechazo se extendió entre decenas de colectivos y varios ayuntamientos de la zona y de la ría de Arousa. Lavandeira defendió entonces públicamente la propuesta y calificó de “ideológica” la oposición a la mina.
Un estudio independiente encargado por el Ayuntamiento de Touro y publicado en julio de 2026 detectó una afección significativa en varios cursos fluviales próximos a la antigua explotación, cerrada en los años ochenta.
También aquí han aparecido acusaciones sobre la forma de construir apoyo social al proyecto. El Observatorio Ibérico de la Minería incluye entre sus ejemplos de astroturfing a la Asociación Plataforma Trabajadores Mineros Touro-O Pino, que defiende públicamente el proyecto y que el observatorio vincula con la estructura gallega de Atalaya Mining. El término astroturfing describe campañas que aparentan surgir espontáneamente de la sociedad civil, pero que sus críticos consideran impulsadas o dirigidas por intereses empresariales o políticos.
El antiguo rechazo sufrió posteriormente un vuelco judicial. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló en mayo de 2026 la declaración ambiental desfavorable y la posterior denegación porque la Xunta no había concedido a la promotora el trámite de audiencia exigido antes de resolver. La sentencia no autoriza la mina ni valida sus impactos ambientales. Corrige un defecto del procedimiento anterior mientras el nuevo proyecto sigue su propia tramitación.
La controversia continúa también alrededor de sus posibles efectos sobre el territorio. En junio de 2026, Icomos, el organismo internacional que asesora a la Unesco en cuestiones de patrimonio, consideró que deberían anularse las autorizaciones concedidas por la Xunta y reclamó una evaluación independiente de la posible afección del proyecto al Camino de Santiago, con participación de las comunidades locales. Su pronunciamiento no supone que esos permisos hayan sido anulados.
El agua sigue formando parte del debate, aunque aquí es importante separar responsabilidades. Un estudio independiente encargado por el Ayuntamiento de Touro y publicado en julio de 2026 detectó una afección significativa en varios cursos fluviales próximos a la antigua explotación, cerrada en los años ochenta. Cobre San Rafael cuestionó la metodología y Atalaya mantiene una planta destinada a tratar esos problemas ambientales heredados de la antigua mina. No pueden atribuirse al nuevo proyecto, que todavía no está en explotación.
La experiencia de Lavandeira reúne así dos recorridos distintos. Riotinto llegó a producción y continuó adelante después de que sus autorizaciones fueran anuladas y nuevamente convalidadas. Touro regresó reformulado tras un rechazo ambiental y sigue buscando permisos en medio de una oposición social sostenida.
La conexión con Salave tampoco es únicamente retrospectiva. La propia comunicación del proyecto había relacionado ya a Touro y Tapia de Casariego en 2024 al reproducir declaraciones de Lavandeira sobre la creación de empleo en Galicia y al trasladar un argumento similar a Asturias. La comparación empresarial existe. La equivalencia jurídica no.
De El Valle-Boinás a A Gudiña
Agne Ahlenius presenta precisamente su experiencia en España como uno de los activos que aporta al nuevo intento de Salave. “He vivido y trabajado en España durante más de 25 años, y conozco en profundidad el sector minero español y su marco regulatorio”, respondió a Nortes.
Su experiencia asturiana más directa está en El Valle-Boinás y Carlés. Era director general de Kinbauri España durante la puesta en marcha de la explotación adquirida por Orvana Minerals, que comenzó a contabilizar producción comercial el 1 de agosto de 2011. Cuando arrancó la planta, el propio Ahlenius destacó que la explotación daba más de 250 empleos directos, además de puestos indirectos, y agradeció el apoyo de las autoridades locales y regionales. Orvana resaltó posteriormente su contribución a la puesta en marcha de la mina.
El nombre de Alberto Lavandeira aparece en una etapa anterior del mismo yacimiento. Su biografía oficial en Atalaya Mining señala que fue presidente y consejero delegado de Rio Narcea Gold Mines, la compañía que construyó El Valle-Boinás antes de vender sus activos en 2007. No consta que Lavandeira y Ahlenius coincidieran allí. Participaron en fases diferentes de una misma explotación asturiana.
La conexión profesional más reciente de Ahlenius antes de llegar a EMC Gold lleva a A Gudiña, en Ourense. Eurobattery Minerals lo nombró director gerente de Tungsten San Juan el 21 de julio de 2025. La compañía destacó entonces su experiencia con las administraciones españolas en los niveles estatal, autonómico y local y su conocimiento de los procedimientos administrativos ligados a proyectos mineros. Durante su etapa avanzaron los trabajos preparatorios, la ingeniería de la planta y la ampliación de la concesión minera por otros 30 años.
El 23 de julio, tras una protesta de ecologistas y representantes locales españoles y portugueses, el alcalde de A Gudiña, Néstor Blanco, afirmó que las labores estaban paralizadas a falta de documentación ambiental
Esa ampliación terminó ante los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela abrió en enero de 2026 diligencias para investigar un posible delito de prevaricación relacionado con la prórroga. El procedimiento nació de una denuncia de Ecologistas en Acción, que considera que debía haberse realizado una nueva evaluación ambiental y cuestiona también la ausencia de un estudio sobre los posibles efectos del proyecto al otro lado de la frontera portuguesa. La denuncia se dirige, entre otros, contra un alto cargo de la Xunta de Galicia y el administrador de Eurobattery Minerals y Tungsten San Juan. La Xunta sostiene que no existe ninguna ilegalidad y considera que se trata de una cuestión administrativa.
El conflicto supera además la frontera gallega. La mina se encuentra a unos dos kilómetros de Portugal, próxima al Parque Natural de Montesinho y aguas arriba del río Rabaçal, que abastece a varias localidades portuguesas. Organizaciones ecologistas, representantes políticos y autoridades locales de Portugal han reclamado una evaluación ambiental transfronteriza, es decir, un estudio específico sobre los posibles efectos que la explotación pueda tener más allá de la frontera.
Mientras Ahlenius seguía al frente de Tungsten San Juan, la controversia llegó a las instituciones de ambos países. El Bloque Nacionalista Galego reclamó explicaciones en el Congreso de los Diputados por la ausencia de esa evaluación y en Portugal se presentaron iniciativas parlamentarias sobre el proyecto. Eurobattery Minerals, por su parte, sostenía que contaba con los permisos necesarios para avanzar hacia la producción.
Ahlenius cerró su etapa ejecutiva en Tungsten San Juan el 29 de junio de 2026, después de participar en la primera fase del proyecto y en el relevo hacia Pedro Jiménez de Francisco. Una semana después, el 6 de julio, se hizo efectiva su incorporación como consejero delegado de EMC Gold.
El conflicto de A Gudiña continuó después de su salida. El 23 de julio, tras una protesta de ecologistas y representantes locales españoles y portugueses, el alcalde de A Gudiña, Néstor Blanco, afirmó que las labores estaban paralizadas a falta de documentación ambiental. Blanco, que se declara favorable a la mina, reconoció también la necesidad de realizar la evaluación transfronteriza reclamada desde Portugal.
La cuestión llegó aún más lejos. La Asamblea de la República de Portugal, el Parlamento portugués, aprobó el 17 de julio de 2026 una resolución para pedir al Gobierno que promoviera esa evaluación sobre los riesgos para el río Rabaçal y utilizara los instrumentos disponibles para impulsar la suspensión del proyecto si se confirmaban impactos negativos. La resolución fue publicada oficialmente el 3 de agosto.
El equipo vuelve a un Salave que sigue bloqueado
El recorrido no permite atribuir a EMC Gold en Salave las decisiones tomadas en Vareš, Touro, Riotinto, El Valle-Boinás o A Gudiña. Pero sí permite precisar qué experiencia ha reunido para volver a intentarlo. En el actual consejo confluyen personas vinculadas a minas llevadas hasta producción, proyectos reformulados después de rechazos y procesos de permisos que han convivido, en algunos casos, con conflictos ambientales, administrativos y comunitarios.
EMC Gold presenta esa experiencia de otra manera. Ahlenius, en comunicación con NORTES, asegura que el consejo y el equipo trabajan con el objetivo común de desarrollar una explotación “bien gestionada”, con responsabilidad social, seguridad y protección ambiental, capaz de impulsar la economía del norte de España.
Esa experiencia llega ahora a un lugar donde la compañía se encuentra con un escenario adverso. El Ayuntamiento de Tapia de Casariego rechazó por unanimidad en noviembre de 2024 modificar el planeamiento para permitir el proyecto conocido y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias respaldó después aquella decisión. En febrero de este mismo año, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, reiteró personalmente a representantes de EMC Gold el “rechazo frontal” de su departamento y sostuvo que la situación era “muy complicada, por no decir imposible” con la normativa vigente.
La contestación social tampoco empezó ahora. La plataforma Oro No acumula dos décadas de oposición y en las alegaciones al anterior PIER volvió a señalar el rechazo de colectivos vecinales, ecologistas y organizaciones vinculadas a la pesca, la agricultura, la ganadería, el turismo y la hostelería.
Por otro lado, la Asociación por la Reindustrialización del Occidente de Asturias, IDOA, presentó alegaciones favorables y defiende la mina como una oportunidad de empleo y reindustrialización. Cabe decir que el Observatorio Ibérico de la Minería incluye a IDOA entre sus ejemplos de astroturfing, la misma práctica que atribuye a la Asociación Plataforma Trabajadores Mineros Touro-O Pino, favorable al proyecto gallego relacionado con Atalaya Mining. El observatorio sostiene que este tipo de iniciativas presentan como apoyo social espontáneo campañas que considera vinculadas a intereses empresariales. Se trata de una valoración del observatorio y no de una conclusión establecida por una resolución judicial o administrativa.
Lo que parece claro es que EMC Gold quiere alterar el actual escenario. Ha presentado un nuevo equipo y el compromiso de preparar un PIER más completo. Lo que todavía no ha explicado públicamente es qué modificaciones concretas incorporará para superar el bloqueo urbanístico ni cómo trasladará a Tapia de Casariego la experiencia acumulada por sus directivos en otros proyectos.
Al cerrar este artículo, sabemos mucho más sobre quién va a volver a intentarlo en Salave que sobre la propuesta con la que pretende hacerlo. El nuevo relato ya está en circulación. El nuevo PIER, no.
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