La última vez que supe de la detención en Oviedo de un chico que no era de buena familia, los policías dieron una patada en la puerta de la vivienda a las siete de la mañana y entraron con las pistolas desenfundadas. Como en el piso vivía el primo del chaval de quince años al que buscaban, y el primo tenía trece y también era negro, fue a él al primero que encañonaron. Después lo esposaron a una silla mientras continuaban el registro. A su abuela, que estaba a punto de salir en ese momento a clase de formación profesional, también la esposaron después de gritarle que se tirara al suelo.
Mientras me relataban esta escena, me acordaba de otra que presencié hace unos años en el barrio del Carmen de Zaragoza. Ese día estábamos en una charla y, en la misma calle del local en el que nos encontrábamos, dos secretas se abalanzaron sobre un chavalillo adolescente ―al que acusaban de entrar a robar en los alrededores―; cuando salimos a ver qué ocurría, alarmados por los gritos, vimos la cabeza y el cuello del chico aplastados contra el suelo por la rodilla de uno de los agentes, mientras ambos policías experimentaban en ese cuerpo de cuarenta kilos sus últimas técnicas de inmovilización. Ante la creciente ira popular que se fue congregando en el lugar, pronto llegaron a toda hostia no sé cuántos vehículos policiales. El mando que pasó a gestionar el orden público no puso interés alguno en controlar la excitación de uno de los Rambos de la secreta, precisamente el que había estado ahogando al chaval con su rodilla mientras el chiquillo boqueaba, y que profería todo tipo de amenazas hacia quienes habíamos tratado de que cesara en su violenta y peligrosísima conducta. Su superior, por el contrario, estaba mucho más interesado en coordinar a los uniformados recién llegados para que se asegurasen de borrar las imágenes que un buen número de personas habían grabado en sus teléfonos móviles. A mí me llegó luego una multa en aplicación de la ley mordaza, de la que por cierto me enteré cuando me embargaron el dinero de la cuenta, pues el expediente se elaboró con la dirección postal incompleta (solo la calle, ni número ni portal) para impedir de ese modo que pudiera recurrirla.
A mí me llegó luego una multa en aplicación de la ley mordaza, de la que por cierto me enteré cuando me embargaron el dinero de la cuenta
Recuerdo también el labio abierto y el moretón en el ojo de Rachid ―diecisiete años, nombre ficticio― el día que me vino a buscar para contarme la golpiza que le había dado la policía una noche por protestar ante una identificación de carácter racista en la calle Mon, o los porrazos ―yo mismo los presencié― que un policía antidisturbios le propinó a un yonqui en la ovetense plaza del Sol hasta tirarlo al suelo porque a este, en su colgadera, se le ocurrió ponerle la mano en el hombro, en un gesto que pretendía ser amigable.
En definitiva, que me viene todo esto a la mente al saber que a los jóvenes de buena familia que pegan palizas hasta dejar a gente inconsciente ―al grito de «¡maricones, arriba España!»― la policía los llama a su domicilio para que se presenten en comisaría acompañados de sus abogados. No me habría gustado ―y hablo en serio― que los agentes hubieran entrado en casa de estos sujetos rompiendo la puerta para devolverles uno a uno los puñetazos y las patadas que repartieron. Celebro que no haya sido así. Ojalá este proceder fuera un derecho universal en esta ciudad y en este país.
