El proyecto de Ley de Vivienda del Principado de Asturias prevé un régimen de infracciones y sanciones para combatir los abusos en el mercado del alquiler, con multas de hasta 240.000 euros por acoso inmobiliario. Es uno de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno autonómico y la diputada de Somos Asturies, Covadonga Tomé, sobre sus enmiendas al proyecto de ley.
El pacto entre PSOE, IU, titular de Vivienda, y Somos Asturies, despeja definitivamente el camino a la aprobación de una ley contra la que la derecha ya ha anunciado que dara la batalla dentro y fuera de la Junta General.
La nueva normativa contempla la incorporación de siete de las 39 enmiendas presentadas inicialmente por Somos Asturies, mientras que una octava, relativa al destino residencial de las viviendas y a las compras masivas por parte de grandes tenedores en zonas tensionadas, queda pendiente de decisión parlamentaria.
Entre las modificaciones acordadas con Somos destaca el endurecimiento de las sanciones por acoso inmobiliario, que pasa a considerarse una infracción muy grave castigada con multas de entre 120.000 y 240.000 euros, frente al máximo de 30.000 euros contemplado inicialmente en el proyecto.
El pacto con Somos Asturies también amplía la definición de gran tenedor, que incluye a los propietarios de diez viviendas con carácter general y de cinco en zonas tensionadas, así como a cualquier sociedad mercantil inmobiliaria con independencia del número de inmuebles que posea.
El texto incorpora además medidas para combatir la desocupación injustificada de viviendas, abriendo las puertas a un impuesto a las casas vacías que estimule así su salida al mercado. En determinados supuestos, se considerará desocupado un inmueble que lleve más de dos años sin uso efectivo y sin causa justificada cuando pertenezca a grandes tenedores, titulares de cinco o más viviendas en zonas tensionadas o personas jurídicas dedicadas a la explotación económica de inmuebles o a la inversión inmobiliaria.
Otra de las medidas acordadas permite suspender temporalmente nuevas licencias para viviendas vacacionales y de uso turístico en zonas tensionadas, así como los cambios de titularidad, con el objetivo de preservar el uso residencial de esos inmuebles y favorecer su permanencia en el mercado del alquiler habitual.
Control de las zonas tensionadas
Desde la Consejería de Vivienda. que dirige Ovidio Zapico, coordinador de IU, apuntan que el régimen sancionador será uno de los instrumentos previstos para hacer cumplir los topes del alquiler en las llamadas zonas tensionadas. El proyecto contempla infracciones graves y muy graves, en función
Para estas conductas, el texto inicial establece multas de entre 601 y 3.000 euros para las infracciones graves y de entre 3.001 y 30.000 euros para las muy graves, además de prever que, en determinados supuestos, la sanción no sea inferior a las cantidades cobradas indebidamente por encima de los límites legales.
La legislación estatal de vivienda establece mecanismos para limitar los alquileres en determinadas zonas tensionadas, pero no incorporó un régimen administrativo sancionador general para castigar esos incumplimientos. La normativa autonómica, destacan desde la consejería de Zapico, busca complementar la protección de los arrendatarios mediante herramientas de inspección y sanción, sin sustituir las vías civiles de reclamación que tienen las personas afectadas.
Con respecto a las declaraciones de zonas tensionadas, fuentes de la Consejería aseguran que antes de final de año tendrá lugar la ampliación de estas, por ahora limitadas a algunos concejos medianos y pequeños, y tres barrios de Xixón y Avilés.
