Cantabria, Asturies y Galicia han pedido al Gobierno de España una mayor flexibilidad en los requerimientos de la nueva Política Agraria Común (PAC), para el período 2023-2027.
La petición ha partido de la reunión telemática mantenida este lunes por los consejeros de los tres gobiernos autonómicos.
Según detalla en un comunicado el Ejecutivo cántabro, en esa reunión, su consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, y sus dos homólogos de Galicia y Asturies, señalaron que debido al importante calado de las modificaciones de la PAC se aprecia una notable lentitud y cautela en la toma de decisiones por parte de los agricultores y ganaderos a la hora de presentar sus solicitudes, frente al periodo establecido para hacerlo.
Y alegaron que los tiempos de tramitación de las solicitudes por parte de las entidades colaboradoras son más elevados que en campañas anteriores puesto que la aplicación nacional de captura de datos no estaba totalmente operativa a 1 de marzo de 2023 y aún hay mejoras previstas a incorporar en la aplicación informática.
Por ello, consideran necesaria la ampliación del plazo de presentación de solicitudes por lo menos hasta el 30 de junio y del plazo de modificación de las mismas hasta el 15 de julio de 2023.
El objetivo, según han explicado, es evitar que potenciales beneficiarios no puedan presentar correctamente la solicitud por una previsible saturación de las entidades colaboradoras.
“Se trata -han argumentado- de una base jurídica totalmente nueva y que se publicó más tarde del previsto, imposibilitando una planificación eficaz de la campaña 2023, retrasando que los agricultores y ganaderos conozcan con detalle las normas que regulan esta PAC y generando numerosas dudas, especialmente sobre la aplicación de los ecoregímenes, la condicionalidad reforzada y de las ayudas agroambientales”.
Por lo tanto, los tres gobiernos autonómicos han demandado que, excepcionalmente en esta campaña 2023, se simplifique la gestión de la solicitud de la PAC sin que sea necesaria la captura de información no relevante para realizar los pagos de las ayudas y, en caso de que se detecten incumplimientos en los requisitos de las ayudas directas y los controles de condicionalidad reforzada, no supongan penalizaciones adicionales en las parcelas que ya se determinaran como admisibles.
También han señalado como necesario que en la campaña de este año se permita el uso en todos los casos de un cuaderno de explotación en formato papel, retrasando la entrada en vigor del formato digital a partir de 1 de enero de 2024 de forma progresiva para su implantación el 1 de enero de 2025.
Según han insistido, se trata de una novedad en un sector que, por sus características de edad y formación, no está totalmente preparado para afrontar este reto y puede provocar el abandono significativo de la actividad agraria y de zonas rurales con efectos socioeconómicos negativos.
