El pasado 7 de octubre, el Patronato Municipal de Deportes, presidido por José Jorge Pañeda Fernández, concejal de Deportes, adjudicaba a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.L. el contrato de servicio ordinarios y extraordinarios de mantenimiento de los campos municipales de golf de La Llorea y El Tragamón por 5.264.613 millones de euros durante los próximos cinco años.
A la licitación concurrieron otras tres empresas: Eulén, Lacera Servicios y Mantenimiento y Alvac S.A. pero sólo Valoriza Servicios Medioambientales logró hacerse con el contrato millonario. La empresa que recibe la adjudicación es la misma que fue investigada por el caso “Enredadera” en el año 2018, por malversación en caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
Los investigados y procesados fueron José Luis Ulibarri, magnate de los medios de comunicación en Castilla y León y Angel Luis García “El patatero”, un contratista. El caso ‘Enredadera’ nació a raíz de una denuncia en el ayuntamiento catalán de Mongat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. Las intervenciones telefónicas llevaron a una madeja que descubrió una presunta trama de irregularidades en contratos con las policías municipales de más de 30 municipios y abrió una subcausa de presuntas irregularidades con epicentro en Castilla y León relacionada con el empresario José Luis Ulibarri, detenido en la operación y confeso de varios delitos en la pieza de Gürtel de Boadilla del Monte.
La trama “Enredadera” también pretendió extenderse hasta Gijón en 2019, después de conocerse algunos encuentros entre cargos públicos como el forista Esteban Aparicio o el Jefe de la Policía Local, Alejandro Gallo con “El Patatero”. Aquellas sospechas de corrupción desembocaron en una comisión municipal de investigación que descartó cualquier tipo de irregularidad y trato de favor a cargos públicos con empresas de la trama corrupta. El informe de la comisión fue redactado por el secretario del Ayuntamiento de entonces, Miguel Ángel de Diego, quien constató que todos los cargos políticos que comparecieron en la comisión habían negado «ningún tipo de injerencia en las labores de valoración» de los contratos adjudicados. Que el empresario leonés Ángel Luis García, ‘El Patatero’ fuera recibido por el edil de Foro Esteban Aparicio fue considerado irrelevante, “por otra parte, resulta una práctica habitual recibir a ciudadanos y empresarios en las oficinas municipales”, indicaba el informe. Sobre la comida que reconoció haber tenido el Jefe de la Policía Local, Alejandro Martínez Gallo, con dicho empresario, según De Diego, “se enmarcó en una relación de conocimiento personal de hace años”, por lo que “resulta imposible que haya habido trato de favor alguno”.
Al frente de la investigación del caso Enrededara se situó la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ordenó la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol, filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. Esta empresa, según Anticorrupción, “habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos”. De las 5 causas inicialmente abiertas en el año 2018 -Badalona, León, Astorga, Fuenlabrada y Navalcarnero- se pasó a una treintena tras dividirse la investigación en otoño de 2021. Las piezas de León y Astorga han sido cerradas y reabiertas en dos ocasiones, la primera sin ni siquiera llegar a declarar los testigos, cosa que sí ocurrió en la segunda cuando todos los acusados negaron los hechos contestando prácticamente solo a sus abogados. La Fiscalía, que inició la investigación en Cataluña, ha apoyado todos los cierres propuestos por las defensas en las piezas leonesas. Contra la resolución adoptada cabe recurso, ya presentado por Izquierda Unida.
En el Ministerio de Hacienda y de la Función Publica consta que Valoriza Servicios Medioambientales S.L. tiene el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y entre los apoderados solidarios se encuentra Javier San Millán Perezagua, consejero delegado de la empresa y apoderado de Gespol por lo menos, desde 2016. Sacyr pasó a manos de Morgan Stanley desde hace poco más de un mes.
