Sin entusiasmo es difícil hacer política. El nuevo Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 desprende optimismo y entusiasmo. Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) es politólogo, uno de los diseñadores de Sumar y un buen conocedor de la política internacional. Este jueves acudió a Oviedo para sellar el acuerdo con el Principado de Asturias que pondrá en marcha un centro pionero en la investigación y los cuidados de pacientes de ELA y la atención de sus familiares. Llega tras haber caído la aceptación a trámite de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, visita Asturias mientras se negocian los Presupuestos Generales del Estado con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, de los cuales depende todo el gasto social y los compromisos que PSOE y SUMAR alcanzaron hace escasos meses. Bustinduy ofrece un rostro intelectual a la vez que político (es co-autor del ensayo “Política y ficción”) que se aleja de las estridencias y tiene una gran capacidad para dotar de cohesión, estabilidad y unidad al gobierno, tomando el relevo de su predecesora en el Ministerio, Ione Belarra, actual Secretaria General de Podemos.
Estamos en una legislatura en la que, una vez asentadas las bases del gobierno de coalición durante los últimos 4 años, necesita ahora desplegar una legislación que cumpla con los compromisos adquiridos, entre en plazo y sea capaz de pulsar lo que se ha venido en llamar “la legislatura de lo concreto”. Pienso en estos momentos en la Ley de Familia que será presentada en poco tiempo al Congreso y que llevará a cabo algunos de los compromisos que quedaron pendientes en la legislatura anterior.
La Ley de Familia es un proyecto heredado de la legislatura anterior que quedó truncada en su tramitación debido a la convocatoria anticipada de las elecciones. Representa un hito de la protección social en España que los poderes públicos habían desatendido. Incluye medidas de vital importancia. Protegerá jurídicamente a todos los tipos de familia que existen en España, llevará a cabo una protección de derechos que equiparará a la pareja de hecho con los matrimonios, reforzará la protección de las familias monomarentales. Queremos que sirva para llevar a cabo algunos de los compromisos asumidos en el acuerdo de gobierno como la remuneración de las primeras cuatro semanas de las ocho semanas previstas en los permisos de paternidad y maternidad. Para acelerar el tiempo de su tramitación hemos previsto retomar el texto tal y como quedó en el borrador de la Ley redactado durante la legislatura anterior, para acortar los plazos de tramitación todo lo posible y utilizar los procedimientos de enmienda contemplados en la tramitación parlamentaria para introducir otro tipo de medias y aumentar el espectro de protección de la ley. En las próximas semanas la presentaremos, a lo largo de febrero, y mi intención es que sea tramitada lo antes posible para que entre en vigor antes de que termine este año.
¿Cuánto presupuesto contempla esta Ley de Familia en su memoria económica?
Dependerá de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que se está dando en paralelo. Algunas de las partidas de gasto más importantes que tienen que ver con los permisos de paternidad y maternidad deberán estar recogidas, al menos, parcialmente, en los presupuestos. Dependerá de como confluya ese acuerdo durante la negociación y de los acuerdos políticos que alcancemos con los grupos durante el trámite de enmiendas.
¿Cuánto puede significar en términos totales?
La estimación pública de las medidas de ampliación del permiso de maternidad y paternidad estará en torno a los 800 millones de euros y los permisos de cuidados en torno a los 400 millones. El calendario de aplicación de esas medidas dependerá de la conclusión de los acuerdos.
Hablemos de dependencia. Las comunidades autónomas, año tras año, vienen denunciando que carecen de mecanismos para aplicar las ayudas a la dependencia y extenderlas a todos los demandantes que las solicitan. La lista de espera sigue siendo alarmante y, en muchas ocasiones, cuando llega, la persona dependiente que la ha solicitado ya ha fallecido. ¿Qué medidas contempla el Ministerio para los próximos años?
A lo largo de la legislatura pasada se hizo un esfuerzo de una magnitud intensa para mejorar la financiación del sistema de ayuda a la dependencia y se duplicó el gasto total. Más recursos inciden en un mejor funcionamiento del sistema. De hecho, durante la legislatura pasada se consiguieron incrementar en 300.000, los receptores de la ayuda pasando de 1.100.000 personas a 1.400.000, al mismo tiempo que se reducía la lista de espera en otras 10.000, un 30%. Son hitos considerables pero queda muchísimo por hacer todavía. Mantenemos el compromiso en el incremento de la financiación del Estado hasta el 50% del coste total de dependencia cuando llegue el final de la legislatura, siempre que las comunidades autónomas mantengan sus compromisos. El incremento de la financiación pública a la dependencia por parte de la Administración General del Estado no puede suponer una merma de la financiación de la dependencia por parte de las administraciones de las comunidades autónomas. La pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿Más financiación equivale a acotar y mejorar los servicios? No. Tenemos que asociar esta nueva disponibilidad de los fondos a una mejor estructura y a un cambio del modelo de cuidados y eso implica también la agilización de las solicitudes. Queremos agilizar, abreviar y desburocratizar la ayuda a la dependencia todo lo posible y creo que se está avanzando en ese objetivo.
La aprobación de los Presupuestos Generales del ejercicio 2024 llega con retraso. ¿Cómo está siendo la negociación con el resto de fuerzas que apoyaron la investidura? ¿Está interfiriendo o poniendo en riesgo la negociación de la Ley de Amnistía su aprobación?
Esta semana acaban de comenzar las negociaciones entre los socios de gobierno y yo confío en que irá adecuadamente. Nosotros, como Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tenemos varias prioridades esenciales en materia de dependencia, permisos, protección social. Hay un abanico amplio de tareas que están reflejadas en el acuerdo de gobierno. Llevamos una prestación económica para la crianza con un objetivo ambicioso: acelerar la protección de derechos entre los tres y los seis años. Mantengo el optimismo, la responsabilidad y el mismo sentido común. El mandato del 23 j es claro para todos los actores políticos que sustentan la mayoría de gobierno. No existe una alternativa mejor en ningún caso. Estamos mandatados a entendernos y confío que habrá presupuestos generales.
“El 23J, los ciudadanos trasladaron un doble mandato para todos los actores políticos para la cuestión territorial y plurinacional”
Le veo muy optimista, a pesar de que Junts ha tumbado a su gobierno la presentación de la Ley de Amnistía en el Congreso.
Aplico el mismo razonamiento para los presupuestos. El 23J, los ciudadanos trasladaron un doble mandato para todos los actores políticos para la cuestión territorial y plurinacional. Tenemos la obligación de superar una fase de conflicto, distanciamiento o ruptura de los mecanismos básicos de la convivencia democrática. Tenemos el doble mandato de superar esa fase y abrir un tiempo nuevo y también de profundizar en la agenda social con la conquista, construcción y ensanchamiento de los derechos sociales. Tanto la amnistía, como el presupuesto y las próximas leyes que abanderemos durante esta legislatura se rigen por los mismos imperativos de ser capaces de alcanzar y construir los acuerdos suficientes para proceder con garantías en sendas dimensiones. En eso se basa mi confianza y mi optimismo. No hay una alternativa al entendimiento. El interés del país va más allá del ruido y la puesta en escena espectacularizada de la política. Los acuerdos cristalizarán.
Acude a Oviedo para ver como se dan los primeros pasos en el centro pionero en la investigación y cuidados de los pacientes de ELA que comenzará a funcionar en Oviedo a partir de 2026. ¿Qué destacaría de este proyecto?
El centro que se construirá gracias al convenio que hemos firmado con el Principado será pionero en Europa. Se trata del primer centro público con estas características que brindará una atención concebida y diseñada para las necesidades de personas con ELA. Es un cambio en el modelo de cuidados y de provisión de servicios públicos. Habrá otro en Cáceres y la idea es que sean centros de generación de conocimiento. Se trata de centros de referencia. Queremos que, a partir de esta experiencia, se pueda obtener el conocimiento necesario para transferirlo a otros y poder así dar respuesta a una demanda histórica del movimiento de los pacientes con ELA y sus familiares. El centro se financiará con los Fondos Europeos de Reconstrucción y confiamos que el tiempo de atención y cuidados que se brinda desde los poderes públicos, cubran sus necesidades especiales.
¿Para esta legislatura, qué objetivos de la Agenda 2030 se ha planteado cumplir el gobierno y su ministerio y cómo será su coordinación con el Director de la Agenda 2030 del gobierno asturiano, Juan Ponte?
Vamos a comenzar con dos hitos de mucha relevancia. En el mes de julio estaremos en Naciones Unidas presentando el Examen Nacional Voluntario. Será un momento para hacer balance del cumplimiento de los objetivos aprobados y se hará de manera conjunta con todos los niveles de la Administración. También servirá para clarificar los niveles de avance en cada una de las metas que se fijaron en la agenda del país y también servirá para construir imagen de país a nivel internacional erigiéndonos como referentes en la protección de derechos sociales, igualdad de genero, lucha contra las violencias machistas y la transición ecológica. También será el momento para fijar las prioridades en aquellos ámbitos en los que sea necesario intervenir con más premura y necesidad. Todo esto nos permitirá, al mismo tiempo, iniciar una revisión de las estrategia de desarrollo sostenible concitar una gran conversación a nivel político, económico y teórico sobre la orientación que debemos dar en adelante a las políticas, sobre todo, de transición ecológica y justicia eco-social. Queremos abordar la crisis ecosocial de aquí hacia adelante, saber qué indicadores serán necesarios para medir el avance en el cumplimiento de la Agente, para que contexto y en qué nuevos paradigmas políticos, económica se desenvolverán. Debemos entrar en una fase nueva, desarrollar un ejercicio de estrategia a futuro con una concepción de la democracia social mucho más ambiciosa, con un volumen de redistribución mucho mayor. La colaboración con Juan Ponte, que es un referente político y teórico al que admiro y sigo, estoy convencido de que será completa. Con Asturias, especialmente, por su propia idiosincrasia histórica, política y económica, podremos plantear unas posibilidades de intervención muy amplias con políticas transformadoras.
Me gustaría prestar atención a las medidas que su Ministerio contempla durante esta legislatura dedicadas al acceso de personas con discapacidad al empleo público. Se lo digo porque una denuncia recurrente es que en muchos casos no se cubren.
Hemos identificado diversas trabas. En principio, el enorme coste, económico y personal que requiere prepararse una oposición que en el caso de personas con discapacidad es una dificultad añadida. Dedicamos un programa ayudas a la inclusión que permite sufragar parte de los gastos de la oposición y brindar apoyo específico para que las personas con discapacidad puedan presentarse en igualdad de condiciones. Esta inversión hay que redoblarla para eliminar estas trabas y acompañarlas de todas las intervenciones posibles. Ceo que esto debe acompañarse de un cambio cultural de mayor calado tanto en los sistemas de selección y acceso como en la consideración del tipo de apoyo.
El gobierno ha logrado mantener una posición firme ante el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Ha aumentado su ayuda a la UNRWA y algunos intelectuales, incluso, han manifestado que España se ha convertido en el refugio moral de Occidente.
Creo que hemos mantenido una posición coherente y valiente. El gobierno fue el primero en apoyar públicamente las ordenes emitidas por la Corte penal internacional para prevenir y detener el genocidio contra el pueblo palestino. No sólo no se ha sumado a la operación de castigo colectivo al pueblo palestino, con la retirada de financiación la UNRWA. No solo la ha mantenido sino que la ha triplicado. Ha pedido un alto el fuego inmediato y ha anunciado el pronto reconocimiento del Estado palestino. Ojalá sea así. Esta última semana, el Consejo de Ministros tomó una decisión extraordinariamente relevante con la contribución voluntaria de España al fondo fiduciario de la Fiscalía de la Corte penal Internacional para que investigue violaciones masivas de derechos humanos en la franja de Gaza y que los responsables de esas violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante un tribunal. A su vez, el gobierno ha anunciado que desde el 7 de octubre, el Gobierno no ha producido ninguna operación de compra o venta de armas o equipamiento bélico con el Estado de Israel. Nuestra posición es que esta decisión debe formalizarse y oficializarse y que debe extenderse a cualquier relación comercial, económica, con cualquier otro actor que, directa o indirectamente, se halle no sólo implicado con el genocidio en curso en Gaza sino en la ocupación ilegal de Palestina y en la situación de apartheid del pueblo palestino. Es una posición coherente, valiente pero es lo mínimo que el gobierno español debe hacer. Creo que deberíamos ir más lejos para tirar de la comunidad internacional. Lo vimos con Sudáfrica: un país basado en el apartheid sólo desiste de sus prácticas de dominación, explotación y genocidio cuando la comunidad internacional le obliga a hacerlo. Ante este caso desolador, confío que España pueda ser referente y ejercer un papel de liderazgo para detener la barbarie y el genocidio en Gaza.
