En este artículo, que es el primero de una serie de tres, intentaré responder a la pregunta del título; en el siguiente artículo analizaré porqué los partidos pseudofascistas pierden las elecciones; en el tercero intentaré esbozar las medidas a tomar para impedir que esos partidos vuelvan a gobernar.
Este triunfo acaba de suceder en Estados Unidos, donde el republicano Donald Trump ha recuperado la presidencia de su país. Trump ganó porque su antecesor en la presidencia, Joe Biden, del Partido Demócrata, gobernó Estados Unidos durante los últimos cuatro años sin tomar medidas que convencieran a los electores de que su política económica era mejor que la de su oponente. Biden apostó por las energías alternativas como
fuente de prosperidad y la mejora del medio ambiente, así como por reducir la dependencia de los hidrocarburos; tales medidas resultan convenientes, pero poco mejoran la vida de millones de estadounidenses de bajos ingresos. Decisiones similares han tomado en las últimas décadas los gobiernos de los demás países occidentales, tanto si eran conservadores como si se declaraban socialistas o laboristas.
En este artículo soslayaré la cuestión de si Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro son fascistas o aplican políticas de extrema derecha. Uno de los rasgos de los dirigentes fascistas radica en impugnar el resultado electoral cuando pierden las elecciones y tanto Trump como Bolsonaro, en su momento, negaron su derrota en las urnas, pero otro de los rasgos fascistas es asesinar a los oponentes políticos, lo que ninguno de ambos ha ordenado; por ello, los definiré como “pseudofascistas”. Por eso, hasta que el húngaro Viktor Orban, la italiana Giorgia Meloni y el argentino Javier Milei, a la cabeza política de sus respectivos países, no pierdan las elecciones, no se sabrá si son fascistas, pseudofascistas o dirigentes de extrema derecha.
La duda surge porque numerosas medidas de una y otra ideología se solapan; por ejemplo: restricción del aborto y de los derechos homosexuales; exaltación de la masculinidad; crítica del feminismo; militarismo; reducción de impuestos a los adinerados. La principal diferencia entre ambas ideologías radica en el intervencionismo estatal: decidido y enérgico en el caso fascista, algo más comedido en la extrema derecha
y tímido en el (neo)liberalismo.
El neoliberalismo que se impuso en Occidente tras la caída del Muro de Berlín y el consiguiente colapso de los países del Socialismo real (Unión Soviética, Europa del este) prometía el ascenso de los obreros occidentales a clase media gracias a la fabricación masiva en países de bajos salarios, junto a eliminación de aranceles y barreras comerciales. Paralelamente, la clase obrera se expandiría en países menos desarrollados para proveer de artículos los mercados occidentales. Organizaciones supranacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), defienden la bondad del libre comercio y prometen que sus medidas aumentarán tanto el PIB como la renta per cápita.
Aunque los salarios no crezcan mucho, al gastarse en bienes fabricados en China o México, el poder de compra de quienes viven en países con monedas fuertes (euros, dólares, libras, yenes) aumenta automáticamente. Por añadidura, tal política traerá paz, puesto que todos ganan con el comercio, pero pierden con los conflictos y las barreras al movimiento de mercancías y personas. Puesto que gran parte de la población se integraría en la clase media carece de sentido una elevada protección social, como la creada tras la Segunda Guerra Mundial; por ello, la OMC y el FMI afirman que conviene reducir la intervención de
los estados en la economía con el fin de hacerla más eficiente.
En coherencia con lo anterior, los gobiernos redujeron el nivel de tributación; sobre todo disminuyeron los impuestos al capital y a los ingresos según el nivel de renta. La inspiración para tal medida se debe al economista estadounidense Arthur Laffer, quien afirma que las bajadas de impuestos conllevan que los agentes económicos dispongan de más dinero para invertir y gastar, lo que a largo plazo se traduce en mayor recaudación; matemáticamente se representa con la denominada “curva de Laffer”. La idea es
contraintuitiva en teoría y falsa en la práctica, puesto que desde que la bajada de impuestos se generalizó, en las décadas finales del siglo XX, la deuda pública ha aumentado en todos los países; por ejemplo, en Italia, Francia, Canadá, Estados Unidos y España supera el 100% del PIB. Tal porcentaje resulta insólito en tiempos de paz, puesto que, hasta finales del siglo XX, la deuda pública solo superaba el 100% del PIB en
periodos bélicos, cuando el triunfo militar prima sobre al bienestar de las futuras generaciones. El esfuerzo por contener mucho la inflación tiende a ser una medida que favorece al capital, mientras la eliminación del desempleo beneficia a la población asalariada; sin embargo, la deuda pública es un asunto políticamente neutro, cuyo aumento perjudica a todas las capas sociales.
La globalización ha provocado la desindustrialización de los países occidentales, con excepción de Alemania. Por lo tanto, los hijos de obreros no tienen empleos fabriles, sino del sector terciario, como hostelería, reparto de mercancías o comida, así como en la rama de la construcción, entre otros; por lo general se trata de empleos inseguros y peor pagados que los desempeñados por sus progenitores. En consecuencia, la tradicional clase obrera ha descendido a precaria, por lo que se califica de “precariado”. En cambio, las clases media y alta se han beneficiado de la globalización y la inmigración, puesto que sus
integrantes obtienen bienes y servicios a bajo coste; los primeros fabricados en Asia y los segundos ofrecidos por inmigrantes iberoamericanos o africanos. En tales condiciones, el sueño de constituir una gran clase media solo se ha materializado, de manera parcial, en países pequeños, a la vez que ricos en recursos naturales y de elevada renta; entre ellos destacan Suiza, Noruega y Dinamarca, cuyas economías se han especializado en fabricar bienes de capital o de lujo, menos expuestos a la competencia internacional. Los demás países sufren un desclasamiento masivo, puesto que la población activa con pocos
años de formación sigue siendo mayoritaria; esto es, pertenecen a la clase obrera, aunque muchos de sus miembros se sientan, erróneamente, integrantes de la clase media.
La pandemia de COVID-19 y la invasión rusa del este de Ucrania han exacerbado los problemas. La pandemia mostró el peligro de dejar que la producción de bienes sencillos, como mascarillas y geles, se localice en unos pocos países, como China, cuyo gobierno impidió su exportación cuando la población del país los necesitaba para protegerse; en su situación, los gobiernos occidentales hubieran tomado la misma medida. Por su parte, la invasión rusa decidida por Vladímir Putin mostró que la riqueza y la dependencia mutua generadas por la globalización pueden ser utilizadas por un gobierno (este sí: fascista, puesto que Putin cumple las dos condiciones mencionadas al principio para recibir esa calificación) en su exclusivo beneficio, puesto que cuando los demás dependen de energía importada, ¿cómo superar la ruptura de relaciones comerciales? En esa situación se debate Alemania, hasta el momento indemne a los problemas que acuciaban a sus vecinos merced a una poderosa industria que se abastecía mayoritariamente con energía rusa; ahora, la economía del país germano se encuentra lastrada por su dependencia de materias primas rusas. En consecuencia, la clase obrera, ante la ausencia de políticas que la protejan, ha decidido votar a quienes prometen cerrar las fronteras, tanto a mercancías como personas, en la confianza de encontrar trabajo en el renacimiento industrial que los partidos pseudofascistas prometen, así como en eliminar la competencia con inmigrantes por los empleos o el acceso a viviendas. El ejemplo más claro de ello se encuentra en
Francia, donde los tradicionales barrios obreros de ideología comunista hace décadas que votan al Frente Nacional, cuya ideología oscila entre el pseudofascismo y la extrema derecha. El hecho es que muchos integrantes de clase obrera se niegan a que el coste de la globalización recaiga sobre sus espaldas, por lo que denigrarlos por su postura aumentará su resentimiento hacia los partidos tradicionales, sin que ello modifique su decisión de votar a partidos pseudofascistas.
