La proletarización de la II República y el subsiguiente desencadenamiento de un proceso revolucionario en la zona leal fue una de las consecuencias, tal vez no deseada, tal vez sí, de la insurrección militar iniciada por un grupo de jefes y oficiales del Ejército, casi todos ellos “africanistas” y “kaponíferos”, el 17 de julio de 1936. Como la sublevación surtió el efecto inmediato de colapsar el aparato republicano y el mediato de reconfigurar uno alternativo galvanizado por las fuerzas obreras, quienes también capitalizaron el esfuerzo bélico, en la vorágine de la contienda se esfumaron, casi por ensalmo, los valores reformistas y liberales esculpidos, desde 1931, en el frontispicio de la II República. De hecho, hasta aquel verano de 1936, tanto sus principios como su rumbo y horizonte habían sido dictados por un grupo de influyentes políticos burgueses y laicistas, que en Asturias dispusieron de su más egregia representación en el concejo de Valdés. Conformaron, avant la lettre, un precedente de la “izquierda divina”, una expresión de burguesía progresista, ilustrada e inconformista, de la que casi no quedan vestigios ni en Asturias ni en España.
Progresistas, cultos, “americanos” y masones
El mentor político del grupo fue Álvaro de Albornoz Liminiana, nacido en Luarca en junio de 1879, cuando el Partido Socialista Obrero Español, al que se afilió en 1899, cumplía un mes de existencia. Tras su paso por el Partido Republicano Radical y su adhesión al Partido Republicano Radical-Socialista, del que fue fundador, se convirtió, con el abogado tinetense José Maldonado, en el político asturiano más identificado y representativo de los valores republicanos previos a su reformulación, durante el paréntesis de la Guerra Civil, por el obrerismo militante. Además de formar parte del comité revolucionario surgido tras el pacto de San Sebastián en agosto de 1930, durante la II República fue ministro de Fomento y Justicia, presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales y, ya iniciada la guerra, embajador en París. Una vez en México, donde estableció su residencia tras la derrota, ocupó la cartera de Justicia durante la etapa de José Giral y, en dos mandatos, encabezó el gobierno republicano en el exilio. Previamente, en su concejo natal, había proporcionado un programa político a un selecto grupo de jóvenes luarqueses procedentes de familias cultas y acomodadas. A su estela, fundaron en “la Villa blanca de la costa verde” el Centro Republicano de Luarca, el Partido Republicano Radical Socialista e Izquierda Republicana, así como promovieron un sinnúmero de iniciativas benéficas o culturales, entre las que destacaron la Unión Artística, la Peña Castiel, la Biblioteca Popular Circulante o el semanario republicano Renovación. El ascendiente que ejercía entre sus correligionarios y coterráneos quedó gráficamente inmortalizado en la célebre instantánea realizada el 31 de agosto de 1933 a la entrada del viejo puente de Canero, donde sus acólitos se congregaron para celebrar una comida de hermandad en su honor.
Otro catalizador del “grupo de Luarca” fue su condición de sólidos juristas, formación adquirida en la Universidad de Oviedo durante las dos décadas que precedieron a la proclamación de la II República. Bajo el influjo de celebridades como los rectores Fermín Canella Secades y Félix Aramburu Zuloaga, o los profesores Adolfo González Posada, catedrático de Derecho Político, Rafael Altamira Crevea, catedrático de Historia del Derecho, Aniceto Sela Sampil, catedrático de Derecho Internacional, y Adolfo Álvarez-Buylla, catedrático de Elementos de Economía política, a los que Joaquín Costa denominó “Movimiento o Grupo de Oviedo” por su común afán de “regenerar” la política, la ciencia y la cultura española, abrazaron los valores del republicanismo decimonónico, los principios filosóficos del krausismo y las propuestas de renovación pedagógica y espiritual impulsadas por la Institución Libre de Enseñanza.
Otras concomitancias no tan generalizadas aportaron las señas de identidad que contribuyeron a dotar de excepcional cohesión y uniformidad al grupo. En algunos casos sus familias estaban etiquetadas como “americanas” –Luis Ochoa nació en San Juan de Puerto Rico a principios del siglo XX- porque habían emigrado o mantenían vínculos económicos con el nuevo continente, lo que había contribuido a su ascenso y proyección social. Al otro lado del océano se impregnaron de las corrientes de republicanismo político, ilustración y librepensamiento que circulaban entre las elites cultas del continente americano. También se adhirieron al filantropismo regenerador del individuo y de la sociedad impulsado por las logias masónicas, cuya confluencia con el liberalismo y el republicanismo en el noroccidente de Asturias se encarnó en la segunda mitad del XIX en figuras señeras como el notario Rafael Fernández Calzada en Navia, discípulo de Francisco Pi y Margall, y el abogado César Álvarez Cascos en Luarca.
Jóvenes formados y señoritos de las mejores familias de la Villa
Una hermana de Álvaro de Albornoz, Carmen, contrajo matrimonio con el abogado naviego Severo Ochoa Pérez. De la unión nacieron, entre otros, Luis Ochoa de Albornoz, mano derecha de su tío, vertebrador y factótum del “grupo de Luarca”, y su hermano Severo, menos comprometido políticamente, pero cuyo talento como investigador y científico fue universalmente reconocido con la concesión del premio Nobel de Medicina en el año 1959. Luis Ochoa cursó Derecho en la Universidad de Oviedo y completó sus estudios en Madrid. Tras su retorno a Luarca, donde abrió un bufete, asumió la alcaldía de Valdés entre el 16 de abril de 1931 y el 11 de octubre de 1934, cuando fue depurada la corporación municipal por su supuesta connivencia con la insurrección obrera. En el breve lapso de tiempo que discurrió entre el inicio de la Guerra Civil y el 8 de agosto de 1936, fecha en la que fue tomada la plaza de Luarca por las fuerzas sublevadas, desempeñó, según la Guardia Civil, la presidencia del Comité de Guerra. Durante esas tres semanas de guerra, sus componentes asumieron las funciones de la corporación, lo que no fue óbice para que el alcalde, Eladio Rico García, fuera fusilado por los sublevados el 9 de diciembre de 1937.
A una generación intermedia entre Álvaro de Albornoz y Luis Ochoa pertenecía el reputado jurista valdesano José Fernández Valdés, cuyas inquietudes políticas quedaron eclipsadas por su notoria relevancia profesional: durante la II República accedió a la presidencia de la Audiencia Territorial de Oviedo. Pepe Valdés, como los demás componentes del grupo, se replegó hacia Gijón ante el avance de la “Columna Gallega” y se puso a disposición de los órganos de gobierno improvisados por el Frente Popular. Constituido el Tribunal Popular de Justicia de Asturias el 21 de septiembre de 1936 para poner coto a las represalias irregulares, asumió su presidencia.
A la misma generación de Luis Ochoa, con el que compartieron amistad, inquietudes y vicisitudes, pertenecieron los letrados Marcelino Rico Martínez (a) Lilo y Manuel García-Vidal Fernández, secretario municipal de Valdés desde 1931. Este heredó la solvencia económica y, aunque con distinto signo, la vocación política de su padre, José García-Vidal de la Uz (a) Pepín Vidal, banquero, empresario, “americano” y promotor del Casino Popular, quien había accedido por primera vez a la corporación municipal como concejal coincidiendo con la Semana Trágica de Barcelona y se mantuvo en el cargo durante la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Una vez ocupada Luarca por los sublevados, Manuel García-Vidal se replegó hacia Gijón, donde fue incorporado al Tribunal Popular para delitos de Espionaje y Alta Traición. La concordante trayectoria profesional y política de Marcelino Rico, al que se atribuyó la vicepresidencia del Comité de Guerra de Luarca, incorporó una singularidad: su prematura evacuación de Asturias el 30 de septiembre de 1937 en el Thorpebay. En este mercante inglés, fletado por la Masonería, también se embarcó el adolescente Luis Suárez Fernández, hijo de la máxima autoridad de la logia Jovellanos. Retornado a España, se retractó hasta tal punto de su pasado familiar -su padre había sido represaliado por el régimen franquista-, que no tuvo repulgos en ocupar la cátedra de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, de la que fue rector, en asumir la Dirección General de Universidades y, en reconocimiento a su fidelidad a la figura del Caudillo, en presidir tras su muerte la Fundación Francisco Franco, del que fue biógrafo oficial y panegirista.
En torno al grupo también orbitaron luarqueses ajenos al colectivo de letrados, asimismo también de extracción burguesa o pequeño-burguesa, y su influencia irradió preferentemente entre los profesionales de cuello blanco del concejo de Valdés. La Guardia Civil destacó en particular la relevancia como “propagandista y agitador peligroso” del médico naviego, aunque afincado en Luarca, Enrique Rodríguez Pérez (a) Teifaros, caracterizado como “dirigente marxista local”. Figura en la célebre fotografía de Canero con el odontólogo Evaristo Lombardero Suárez del Otero, al que, además de los citados cargos, también se le imputó su condición de miembro del Comité de Guerra local. Tras ejercer como teniente médico en los hospitales de sangre de Ribadesella y el Calderu, en octubre de 1937, tras el colapso de la resistencia frentepopulista en Asturias, Evaristo no evacuó a zona republicana, sino que permaneció oculto, primero en Llanes y, más tarde, en casa de su abuela en Luarca. Como no podía prolongar indefinidamente esta situación y comprometía a sus familiares, ante las reiteradas promesas vertidas en bandos del Gobierno Militar, divulgadas en octavillas y propaladas por los medios de comunicación asegurando que nada tendría que temer quien “no tuviera las manos manchadas de sangre”, en 1938 abandonó su escondite y se presentó a las nuevas autoridades. Juzgado y condenado por un tribunal militar, adquirió a principios de la década de los cuarenta la libertad condicional y se afincó en Ribadeo.
Más allá de su común extracción sociológica y de compartir ideario político, la cohesión del grupo se reforzó por sólidos lazos de camaradería personal y, en no menor medida, por su conducta endogámica. Luis Ochoa se casó con Luisa Lombardero, hermana de Evaristo, y una hermana suya fue la que franqueó el acceso al grupo, también por vía matrimonial, al luanqués Juan Fernández-Lavandera Fernández-Villamil, juez titular del juzgado municipal de Luarca durante la II República. Como los demás letrados, durante la guerra también ocupó cargos relevantes en la Asturias frentepopulista, donde fue juez instructor de Gijón y magistrado del Tribunal Popular para delitos de Espionaje y Alta Traición. No compartió con sus colegas y correligionarios el incierto peregrinaje del exilio, ya que figura en una relación de presos de la cárcel de Oviedo, elaborada en los años cuarenta del siglo pasado, incriminados y condenados por haber formado parte de juzgados y tribunales durante el “dominio rojo”. Por una sobrina de Álvaro de Albornoz, María Teresa Valledor Salas, natural y vecina de Casiellas, también se vinculó al grupo Rafael Díaz Martínez, un médico de Ribadeo catalogado por la Guardia Civil, una vez que evacuó de Asturias en octubre de 1937, como “directivo marxista”.
Un ignorado precedente de “juez estrella”
A este grupo de ilustrados valdesanos, artífices de una edad de plata local, también estuvo vinculado, no tanto por lazos familiares y afectivos, como por su común adhesión a los mismos valores e ideario político, el juez y magistrado Eduardo Iglesias Portal, nacido en 1884, cuyo abuelo materno, Eduardo Portal, había sido alcalde de Luarca a mediados del siglo XIX, durante el convulso tránsito entre el interregno reaccionario de José María Narváez, forzado a dimitir en octubre de 1857 por la enésima crisis palaciega, y el “gobierno largo” de Leopoldo O’Donnell, quien recurrió al llanisco José Posada Herrera para salir al rescate del zozobrante reinado de Isabel II.
Tras plantar cara al dictador Miguel Primo de Rivera Orbaneja en su empeño por ampliar la jurisdicción militar en detrimento de la civil, Iglesias Portal fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo por Álvaro de Albornoz a principios de agosto de 1932. Desde el alto tribunal, se pronunció o instruyó los sumarios más controvertidos de la II República, como los incoados con motivo de la “sanjurjada” de agosto de 1932, la polémica detención de Manuel Azaña o la inicua muerte del periodista Luis Sirval (Luis Higón Rosell) en octubre de 1934, y el asesinato de José Calvo Sotelo a mediados de julio de 1936. Su definitiva consagración como “juez estrella” coincidió con la convulsa etapa de la Guerra Civil, en la que se mantuvo en el mismo vértice del polarizado debate ético, jurídico y político que galvanizó el conflicto armado. Presidió el Tribunal Popular que sentenció a pena de muerte a José Antonio Primo de Rivera -en el mismo juicio fue condenado a cadena perpetua su hermano Miguel– y, como presidente del Tribunal de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo, a raíz de la “guerra civil dentro de la guerra civil” que en mayo de 1937 tuvo por escenario las calles de Barcelona, participó en el proceso incoado contra los principales dirigentes del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), acusados de criptofascismo al servicio de los gobiernos de Salamanca y Berlín.
Concluida la guerra, aunque su trayectoria como exiliado discurrió en paralelo a la de algunos de sus más ilustres coterráneos, no estuvo exenta de un inesperado e inexplicado giro de guion. Pasó por los campos de refugiados del sureste de Francia, se trasladó a Orán y, desde la ciudad argelina, entonces bajo dominación francesa, puso rumbo a Veracruz, donde desembarcó a bordo del Quanza el 5 de agosto de 1941. En México asumió cargos relevantes en el aparato administrativo del gobierno republicano en el exilio, como la asesoría jurídica de la embajada instalada en la capital azteca y, con la connivencia de Indalecio Prieto, la supervisión de las cuentas de la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles (JARE), pero, como diría Dolores Ibárruri, “le faltaba España”. Tras deliberación del Consejo de ministros presidido por Francisco Franco el 27 de julio de 1956, y a propuesta de Blas Pérez, ministro de Gobernación, obtuvo el nihil obstat a la demanda de regreso presentada por sus familiares, repatriación que se consumó el 12 de abril de 1959. Como esta petición contó con el beneplácito de Miguel Primo de Rivera Sáenz de Heredia, cuya intercesión solicitaron las hijas de Eduardo Iglesias Portal cuando ejercía de embajador en Londres, adquirió un nuevo significado el insólito abrazo que el propio José Antonio había dado en el estrado nada menos que a quien presidía el tribunal que le había condenado a la pena capital.
Del pecado de la huida a la penitencia del exilio
La sombra de la cobardía y la deserción planeó sobre algunos componentes del “grupo de Luarca” porque huyeron desde el puerto de Avilés en el gánguil Somo el 12 de octubre de 1937, cuando el Ejército popular se batía en retirada, pero todavía no se había producido el desmoronamiento de la resistencia republicana en Asturias. El Consejo Soberano y las organizaciones del Frente Popular prohibían este tipo de evasiones no autorizadas porque, a su entender, propalaban el “derrotismo” entre los combatientes, emplazados a no ceder ni un palmo de terreno, y desmoralizaban a la retaguardia. De hecho, como escarmiento ejemplarizante, el propio Belarmino Tomás había presionado al Tribunal Especial de Alta Traición, del que formaban parte los valdesanos, para que condenara a la pena capital a Honesto Suárez Álvarez, capitán, oculista, masón y militante de Izquierda Republicana, quien el 21 de julio de 1937 había intentado huir desde el puerto de Ribadesella en el Stangrove “camuflado” entre un contingente de refugiados vascos y cántabros.
Entre los pasajeros del Somo figuraban, entre otros, José Fernández Valdés, Marcelino Rico, Luis Ochoa, Manuel García-Vidal y Juan Fernández-Lavandera, quienes desembarcaron sin novedad en el puerto francés de Lorient. Con sarcasmo, la prensa gala se refirió a ellos como “las cincuenta notabilidades”. Todos fueron estigmatizados como traidores y fulminantemente expulsados de las organizaciones a las que pertenecían, pero este baldón no hizo mella en el gobierno de Valencia presidido por Juan Negrín. Dada su trayectoria, en diciembre de 1937 todos fueron recolocados en puestos relevantes del aparato jurídico republicano: Pepe Valdés en la Audiencia de Albacete, cuya Sala de lo Civil fue encomendada a Manuel García-Vidal, Luis Ochoa en el Tribunal Popular de Cuenca, Juan Fernández-Lavandera en el Juzgado de Alicante y Marcelino Rico en los de Chiva y Mahón. Quienes evacuaron entre el 20 y el 21 de octubre, una vez autorizados por el Consejo Soberano, se quejaron amarga y públicamente por no haber recibido un trato tan considerado de las autoridades republicanas. De esta huida clandestina y sus resquemores dejó un mordaz testimonio uno de sus principales muñidores, Santiago Blanco, socialista y secretario particular de Belarmino Tomás, quien se desahogó en un relato exculpatorio sarcásticamente titulado El inmenso placer de matar a un gendarme. Memorias de guerra y exilio.
El exilio diversificó las trayectorias, empañó las amistades y sembró óxido en los engranajes que articulaban al grupo, pero no truncó por completo su cohesión. Desde Burdeos, el 23 de agosto de 1939 Luis Ochoa le recordó por carta al embajador de México en París que, desde el 17 de julio, tanto él como Manuel García-Vidal y Marcelino Rico estaban pendientes de que se les concediera el visado pertinente para entrar en el país, autorización que consiguieron antes de que concluyera el año. En efecto, a través del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, tras hacer escala en la República Dominicana, partieron en el buque México hacia Veracruz, donde desembarcaron el 7 de diciembre de 1939. En México, tan lejos de su lugar en el mundo, como tantos otros, rehicieron su vida y desplegaron su talento hasta que les sobrevino la muerte.
Tras la derrota republicana, en fin, lo más granado de esta burguesía ilustrada y librepensadora valdesana compareció ante el piquete de ejecución o fue remodelada, silenciada y desnaturalizada en las cárceles. Quien pudo, se dispersó por las rutas del exilio, un camino sin retorno que ha pospuesto sine die su recomposición como actor político y, de algún modo, como referencia ética en Asturias y en España. Otra muesca más que añadir a la devastadora huella dejada por el franquismo dentro de “los muros de la patria mía”, donde no quedó más “cosa en que poner los ojos que no fuese el recuerdo de la muerte”. Otra consecuencia más del necrófilo grito viva la muerte y muera la inteligencia.
