El impuesto de sucesiones en los tiempos del Covid19

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Celso Miranda
Celso Miranda
Celso Miranda es economista, funcionario municipal en el Ayuntamiento de Colunga y miembro de la asociación cultural La Ciudadana.

Mientras escribo estas líneas en EE.UU centenares de miles de trabajadores se quedan sin trabajo y sin seguro de salud en plena crisis sanitaria y el líder del Reino Unido entra en la UCI tras haber hecho apología del laissez faire en el peor momento. En este mismo momento el 39,34% de los muertos por COVID-19 lo son en la Comunidad de Madrid, que representa aproximadamente el 13% de la población española. Vivir en Madrid supone, por tanto, el triple de riesgo de mortalidad en un momento de stress del sistema sanitario.

Las competencias en materia de salud pública en España están cedidas a las Comunidades Autónomas. En el caso de Madrid, los sucesivos gobiernos conservadores (Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ayuso ahora) han hecho del recorte sanitario y del negocio de las privatizaciones un modelo propio, casi una forma de vida.

Este modelo jibarizador del gasto público es extensible a otros servicios públicos y viene acompañado de un discurso y una praxis muy agresiva contra los ingresos públicos, los impuestos. Madrid ha sido proa de una invectiva, hasta su práctica desaparición, de impuestos como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, constituyendo el territorio madrileño en una especie de paraíso fiscal. Ver a la actual presidenta Ayuso reclamar ahora al Gobierno un fondo extraordinario (no reembolsable) de 1.200 millones de euros contra la pandemia resulta difícilmente soportable para una mente medianamente lógica. Justicia poética.

Dice Paul Krugman que le cuesta encontrar economistas honestos, porque llevamos tiempos instalados en un cinismo académico importante. Se siguen explicando como teorías científicas paparruchas como la Curva de Laffer (si se bajan los impuestos, la recaudación fiscal sube), cuando las experiencias empíricas demuestran lo contrario.

España es un país fiscalmente atrasado. Se recauda, entre impuestos y cotizaciones sociales, un raquítico 35% sobre el PIB frente al 44,4% de Suecia o el 48,4% de nuestra vecina Francia

España es un país fiscalmente atrasado. Se recauda, entre impuestos y cotizaciones sociales, un raquítico 35% sobre el PIB frente al 44,4% de Suecia o el 48,4% de nuestra vecina Francia. La economía sumergida supone un 24,52% del total, 9 puntos por encima de la media europea. Las 134 empresas multinacionales españolas pagan un tipo efectivo del 12,6%, similar o inferior al que pagan trabajadores de rentas medias o bajas.

Y, además, los adalides de la disminución de la carga impositiva lideran sus posiciones aprovechando siempre su posición de clase. Porque, puestos a disminuir impuestos, no parece que sean el Impuesto de Patrimonio, o el de Sucesiones, los primeros llamados a desaparecer desde el punto de vista de un mínimo sentido de la justicia fiscal.

¿Es más injusto el gravamen sobre un patrimonio conseguido por herencia, sin esfuerzo personal, y que sólo pagan el 1% de los herederos (el mínimo exento se establece en 300.000 euros), o gravar a la mayoría de los trabajadores a través del IRPF por el fruto de su trabajo, tras madrugones y quebraderos físicos o de cabeza? ¿O, peor aún, gravar mediante el consumo, incluso de productos básicos, a todo tipo de personas, a través de impuestos indirectos como el IVA, sin discriminación de tipos, sea usted el caritativo Amancio Ortega o un parado de larga duración?


Las medidas económicas paliativas adoptadas hasta el momento por el gobierno progresista (prestaciones a trabajadores y autónomos, alquileres, avales a PYMES,…), las que se tendrán que tomar de forma inmediata (ingreso mínimo vital para quienes carezcan de ingresos y no puedan acogerse a otras ayudas) y las medidas que en el corto y medio plazo van a tener que implementarse para la reactivación de unas empresas que van a encontrarse con una estructura de costes anterior a la crisis y un escenario de ingresos de crisis van a necesitar una financiación extraordinaria.
Los pactos políticos que necesariamente van a tener que abordar la reconstrucción de la economía española y el cambio de modelo productivo (apuntemos aquí que el turismo mueve el 12% del PIB y el 13% del empleo, más que la industria) deben contener como uno de sus ejes principales un pacto de rentas basado en una nueva cultura fiscal, con nuevas bases, para un modelo más justo, más redistributivo, más igualitario, que sostenga unos servicios públicos necesarios y suficientes. Hoy, que agoniza el neoliberalismo, deberíamos tenerlo más claro que nunca.

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